En la edición N° 1931 (3 de noviembre 2013) de Revista Proceso (México) , el corresponsal de este medio en Chile y redactor de El Ciudadano, Francisco Marín, publicó el reportaje “Saqueo silencioso”.
Allí se da cobertura al detallado
informe del economista y contador auditor Julián Alcayaga, que explica
la baja en las recaudaciones de la estatal cuprífera no es por
casualidad, sino porque está siendo objeto de cuantiosas malversaciones
a través de dos mecanismos: Las ventas a futuro y la comercialización
del cobre y otros minerales a valores inferiores a los establecidos por
el mercado. Reproducimos la nota completa con autorización del autor:
Desde 2005 la principal empresa estatal
de Chile, la Corporación Nacional del Cobre (Codelco), ha sido víctima
de un desfalco que ya alcanza 18 mil millones de dólares, sin que
ninguna institución estatal haga algo para detenerlo.
Tras varios años de analizar el
problema, Julián Alcayaga –economista, contador, maestro en informática
por el Conservatorio Nacional de Artes y Oficios de París, y en
organizaciones por la Sorbona– dimensionó el quebranto.
El lunes 28 de octubre le dirigió un
escrito de 11 páginas al titular del Consejo de Defensa del Estado (CDE)
de Chile, Sergio Urrejola, en el que precisó las acciones de los
directivos y ejecutivos de Codelco que han causado las pérdidas. Un día
después acudió a La Moneda, donde también entregó una carta para el
presidente Sebastián Piñera a fin de ponerlo en conocimiento de los
hechos.
“Entre 2005 y 2007 Codelco perdió 4 mil
670 millones de dólares en los mercados de futuro del cobre y por ello
hemos solicitado que el CDE investigue, persiga a los culpables y
recupere ese dinero”, apuntó en la carta.
En su escrito al CDE Alcayaga sostuvo
que la utilización de los mercados de futuro es justificada por los
gerentes de la Codelco y otras grandes mineras con el argumento de “que
mediante estas operaciones se protegen los flujos futuros de caja, pero
en los hechos es un mero pretexto que cubre con un ropaje técnico o
financiero operaciones que no tienen otro objetivo que traspasar
dolosamente ganancias a determinados operadores, como quedó demostrado
en la investigación del señor José Benquis en 1994”.
Con esto alude a un escándalo destapado
aquel año y del cual fue protagonista el operador de mercados a futuro
de la Codelco Juan Pablo Dávila, quien causó perdidas por 170 millones
de dólares al vender cobre por debajo de su valor de mercado. Benquis
logró encarcelar a Dávila y recuperar parte del dinero (30 millones de
dólares).
Sin embargo, el monto del robo
actualmente denunciado es 25 veces superior y nadie parece interesado en
detenerlo, pese a que la propia Comisión Chilena del Cobre (Cochilco)
reconoció la existencia de las pérdidas, como consta en el oficio
ordinario 278 enviado al diputado socialista Carlos Montes el 26 de
agosto de 2011, en respuesta a una aclaración solicitada por éste.
En el documento la Cochilco afirmó: “En
efecto, las operaciones en mercados de futuro que produjeron pérdidas
ocurrieron entre 2005 y 2007, es decir son operaciones que se
planificaron y ejecutaron hace 5 o 6 años atrás”.
Alcayaga alertó en su carta a Piñera que este tipo de pérdidas seguirá ocurriendo si no se prohíben las ventas a futuro.
La trama
El desfalco a la Codelco no sólo se
realiza vía la venta a futuro sino también vendiendo cobre, oro y plata a
valores inferiores a los del mercado.
–¿Cómo llegó a esta conclusión? –se le pregunta a Alcayaga.
–Observando las injustificadas e
inexplicables caídas de los ingresos por ventas, en cerca de 14 mil
millones de dólares, ocurridas desde 2010 hasta el primer semestre de
2013.
Agrega: “En 2006 los ingresos por ventas
de Codelco fueron de 17 mil millones de dólares, y en 2010, con una
producción similar, fueron de 15 mil 860 millones de dólares. Esto
cuando el precio del cobre en 2006 era de tres dólares la libra; en 2010
era de 3.4 dólares”.
Alcayaga resalta que otros productos
comercializados por la Codelco –oro, plata y ácido sulfúrico– tuvieron
en esos años fuertes alzas de precios.
“Entonces”, sostiene, “los ingresos de
Codelco por venta debían haber superado en 2010 largamente los 20 mil
millones de dólares y resulta que no alcanzaron los 16 mil millones”.
Por lo anterior afirma que
necesariamente la Codelco debió haber vendido parte de su producción a
precios inferiores a los del mercado. “Por eso hemos solicitado al CDE
que investigue: ¿A quién le está vendiendo Codelco a menor precio?”.
Esta práctica “es un delito establecido perentoriamente en la Ley de la Renta (artículo 36)”, aclara.
Para explicar cómo accedió a esta información, Alcayaga cuenta:
Todo comenzó el 2 de septiembre de 2010
cuando el miembro del directorio de la Codelco Andrés Tagle denunció el
desfalco en el diario La Tercera: “El país debe saber y conocer que
durante los gobiernos de los presidentes (Ricardo) Lagos y (Michelle)
Bachelet, Codelco llevó a cabo un conjunto de operaciones financieras de
derivados (ventas a futuro) que le han significado pérdidas,
disminuciones patrimoniales y menores excedentes al Estado por impuestos
que en conjunto ascienden a US$ 4.630 millones (…)
“Las máximas autoridades vinculadas al
cobre en el país, con toda la experiencia que disponían, apostaron a la
baja de precio de cobre a mediados de 2005, justo en los momentos en que
el precio de este metal inició una escalada en los mercados
internacionales (…) Se equivocaron rotundamente con grave perjuicio para
el Estado.”
Pese a que su declaración era un bombazo
informativo, todo quedó ahí. Tagle nunca dijo nada más y ningún medio
en Chile retomó el tema.
Considerando este silencio de la prensa y
el hecho que Tagle era un alto dirigente del derechista partido Unión
Demócrata Independiente, Alcayaga pensó que aquél hizo tal acusación
“portándose como un político para culpar a la Concertación de algo que
no era efectivo”.
Pero se sorprendió, agrega Alcayaga,
“cuando en marzo de 2011 se presentaron las memorias de 2010 y me di
cuenta de que los resultados eran muy malos… Entonces pensé que
posiblemente tenía razón el señor Tagle y que esas pérdidas eran
efectivas”.
Esto lo comprobó luego de estudiar en
detalle el balance de 2010, donde las pérdidas aparecían, pero
encubiertas. Alcayaga revisó hacia atrás hasta 2006: “Pude constatar que
había 4 mil 670 millones de dólares en pérdidas por transacciones en
mercados de futuro, tal como decía Tagle”.
El 3 de mayo de 2011 en conferencia de
prensa Alcayaga y los diputados del Partido por la Democracia Enrique
Accorsi y Cristina Girardi denunciaron que las pérdidas en mercados de
futuro sólo en 2010 alcanzaron mil 42 millones de dólares. Pero casi
nadie los tomó en cuenta.
En enero de 2012 Alcayaga fue recibido
por la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados que estudiaba
diversas irregularidades en la Codelco. Allí reveló que las pérdidas por
ventas a futuro y por comercialización de sus productos a precios
artificiosamente bajos generaban un perjuicio ya de 12 mil millones de
dólares. Aunque las denuncias del economista no fueron desmentidas por
los ejecutivos de la estatal cuprífera, todo quedó allí.
Consultado respecto a por qué ninguna
institución estatal haya sido capaz de descubrir y detener el virtual
saqueo del cobre chileno, su principal fuente de recursos, Alcayaga
explica que la Contraloría General de la República no fiscaliza a la
Codelco. “Es Cochilco quien tiene la misión de hacerlo (…) pero Cochilco
es un organismo supeditado al gobierno de turno y no tiene capacidad
para fiscalizar”.
Según Alcayaga las trasnacionales
mineras habrían tomado el timón del gobierno corporativo de la Codelco.
Afirma que éstas pudieron ingresar a la administración de la estatal
chilena gracias al Nuevo Estatuto Orgánico de la corporación establecido
por la Ley 20.392 –promulgada en noviembre de 2009 por Bachelet– la
cual, entre otras cosas, permite que al presidente ejecutivo de la
Codelco ya no lo designe el presidente de la república sino el
directorio de la institución. Con esta normativa se marginó a los
ministros de Hacienda y Minería.
En su carta a Piñera, Alcayaga sostiene
que “la única manera de terminar con el actual despojo de Codelco es que
usted, señor presidente, envíe un proyecto con urgencia para derogar la
Ley 20.392, de manera que el Estado chileno vuelva a tener el control
de la corporación”.
Fuente El Ciudadano