Cuando el juez Fernández y Martín Almada presentaron la orden de allanamiento, los oficiales de la comisaría de Lambaré, en Asunción, les negaron la entrada. Según el documento, tenían autorización para acceder a los archivos relacionados con la detención de Almada como preso político. Era el 22 de diciembre de 1992 y, con el apoyo de personas que se reunieron en el lugar, finalmente, lograron ingresar. Lejos de lo que hubieran podido imaginar, lo que hallaron era parte de la historia celosamente oculta de América Latina. Frente a ellos, aparecían 700 mil documentos que revelaban la existencia de un trabajo sistemático para secuestrar, torturar, asesinar y desaparecer personas en el Cono Sur durante las décadas de los 70 y 80. Esos “archivos del terror” se convertirían en una prueba clave de lo que había sido el Plan Cóndor.
Años atrás, el 29 de octubre de 1975, el jefe de la DINA, Manuel Contreras, enviaba una invitación a su par paraguayo para lo que sería una “reunión de trabajo de carácter estrictamente secreto”. La misma invitación fue enviada a otros países y, entre el 25 de noviembre y el 1º de diciembre, en Santiago, se reunieron los jefes de las policías secretas de Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil. La finalidad era sistematizar los mecanismos de represión conjunta propuestos por Pinochet y Stroessner un año atrás. Se planteaba, además, la creación de una oficina para centralizar e intercambiar "información subversiva”, la libre circulación de agentes y la inmunidad diplomática. Todo, con la imprescindible coordinación de los Estados Unidos.
