Por Paulina Acevedo,
Observatorio Ciudadano, 31 de julio de 2014.-
En conferencia
de prensa realizada hoy en las oficinas del Observatorio Ciudadano en Temuco,
los distintos denunciantes ante el sistema de derechos humanos de la OEA, que concluye
con el reciente fallo que condena al estado chileno por la aplicación
discriminatoria de la ley antiterrorista a integrantes del pueblo mapuche, la
violación a su derecho a un debido proceso, así como al derecho a la vida y la
integridad física de miembros de este pueblo y sus comunidades, entregaron su
parecer en torno a esta histórica resolución.
Juan Pichun,
lonko de Temulemu e hijo del lonko Pascual Pichun, condenado a 5 años y un día
por el supuesto delito de amenaza de incendio terrorista y querellante en este
caso, quien falleció el año pasado sin alcanzar a conocer esta resolución que
reconoce la violatoria e injusta prisión de la que fue objeto, señaló que “estamos
en un tiempo histórico para nuestra comunidad y el pueblo mapuche. Ahora el Estado ha sido condenado, y mi padre
esperó toda su vida explicaciones por este hecho. Él fue el primero al que se condenó por
incendio -a una propiedad de Agustín Figueroa- bajo esta cuestionada ley, y nunca
supo por qué se le aplicó. Mi padre se pidió
siempre explicaciones al estado, en particular al gobierno de Lagos. Hoy la Corte Interamericana le dio la razón y
a los abogados que se dieron a la labor de defenderlo. Es por eso una alegría encontrada, pues hubiéramos
querido que nuestro padre estuviera aquí”, sostuvo visiblemente afectado.
Consultado
respecto sobre qué esperan tras esta sentencia, dijo “que el gobierno de
Bachelet cumpla cada uno de los puntos que la Corte le ha señalado y que se haga
justicia con las familias y comunidades afectadas, que hemos sufrido el
estereotipo de ser terrorista”.
Agregando que “también Agustín Figueroa tiene que responder ante estos
hechos, pues él nunca fue un bien vecino, y como mal vecino esperamos que responda
por los daños causados. Nosotros nunca
le hicimos daño alguno, al contrario, por lo que debe dejar el derecho que
tiene sobre tierras de la comunidad y devolver las 2mil hectáreas del fundo Nancahue.
El sabe que tiene usurpadas estas tierras
y tiene que devolverlas”, aseguró.
En la misma
línea Flora Collonao Millanao, esposa del lonko ya fallecido, expreso estar por
un lado “contentos y un poco con pena, porque el lonko debería estar acá. Él siempre decía, junto con mis hijos un día,
cuando salga de acá, seguiremos luchando para que el estado pague por el daño
que nos ha causado. Eso siempre decía
él, cuando veníamos caminando a verlo junto con mi hija, porque nosotros fuimos
condenados injustamente. Ojalá que el
estado ponga ahora la mano y devuelva todo el daño causado a la familia y que sigan
acusando a la gente por terrorismo. El
lonko siempre decía, acá no hay ningún terrorista. Ni él ni mi hijo, ni nadie de la
familia. A nosotros por pelear por la
tierra nos acusaron de terroristas”, concluyó.
Disculpas públicas de Bachelet
Por su parte Rafael
Pichun, werken de la comunidad, agregó que “nosotros hemos llevado años de
lucha y vemos esto como un tema de pueblo, del pueblo mapuche que ha ganado el juicio
en la CIDH, por eso exigimos al estado que libere a todos los presos, devuelva
las tierras usurpadas, desmilitarice a las comunidades y deje de reprimir a nuestro
pueblo. Nosotros lucharemos de ahora en
adelante, nacional e internacionalmente, porque se cumpla este fallo. A
nosotros el estado nos persiguió criminal y militarmente, ha reprimido a los peñi
en lucha, han reprimido a nuestros amigos mapuche y no mapuche. Ahora lo único que pedimos es que el estado
cumpla y que públicamente le pida perdón a la familia, a las comunidades y al
pueblo mapuche por los atropellos que nos han causado, quien era ministra de
defensa cuando se dieron los hechos, lo que conocía muy bien”, finalizó.
Condena “política” a la resistencia mapuche
José Huenchunao
del territorio de Lleu-Lleu y condenado por incendio terrorista al fundo Poluko
Pidenco, destacó que “esta resolución, de un tribunal internacional, significa
que se plantea un cuestionamiento sobre todo al procedimiento y a la ley
antiterrorista como forma de procesar a los mapuche, eso es lo más valorable
para nosotros. Aquí hubo procedimientos
que no fueron justos para los miembros que fueron condenados, utilizados para
castigar a la resistencia mapuche, a la lucha de nuestro pueblo. Por eso nosotros estábamos pidiendo que la
ley antiterrorista fuera derogada. Pues para
nosotros no se buscaba con ella sancionar los hechos, sino una condena política”,
aseguró. Desnudando a su vez a otras motivaciones
tras esta persecución política: “Nosotros sabemos que en este país hay gente
que lo único que quisiera es que los mapuche desapareciéramos, pues somos la
piedra de tope para los proyectos neoliberales que quieren implementar en
nuestros territorios”, sostuvo.
Reparación e indemnizaciones
En cuanto a
las medidas de reparación ordenadas, Huenchunao aclaró que “aquí no hay un
beneficio personal porque se nos vaya a indemnizar. No sé si tendrá mayor importancia, pero es lo
que ordena la corte, y nosotros no hemos hecho una evaluación de cuánto sirve esto
para la lucha del pueblo mapuche. No
luchamos por nosotros, sino por nuestro pueblo”.
Coincide con
esto Jaime Marileo, de la comunidad José Quiñon en Ercilla, al plantear que “nunca
he tenido acuerdo ni entendimiento con el estado, es lo que dice el fallo y el
gobierno tiene un año de plazo para cumplirlo todo lo que se exige, y nosotros estaremos
observando este proceso. No sabemos bien
como es el procedimiento, pues es la primera vez que el estado es condenado por
la persecución que ha hecho del pueblo mapuche y nadie del gobierno se ha
comunicado hasta ahora. Lo que a
nosotros nos interesa es la solución política y no los beneficios personales”,
apuntó.
Mientras que Juan
Pichun sostiene que en el caso de su familia “en que nuestro padre falleció
hace más de un año, eso es difícil repararlo. El tiempo en la cárcel debilitó su cuerpo y
terminó falleciendo, y no hay forma de reparar eso, ya es demasiado tarde. Nuestro padre siempre fue inocente, fue
condenado por reivindicar los derechos territoriales de nuestro pueblo. Por eso nos pueden pedir mil disculpas, pero
eso no nos resuelve esta tremenda pérdida, ni ninguna reparación económica”.
Asunto de estado, reforma a la institucionalidad
y autonomía
Advirtieron
finalmente que este fallo, aunque histórico, no asegura en si mismo medidas de
no repetición. “Pues si bien hay una
recomendación de la Corte, y es que no se aplique esta ley (antiterrorista) al
pueblo mapuche, y es lo que esperamos, a nosotros ni a nadie. Pero nada nos garantiza que esta ley no sea
aplicada nuevamente a nuestro pueblo, ya que hasta ahora es solo una decisión de
este gobierno, de su programa, no de estado”, señaló Rafael Pichun.
Algo que
comparte José Huenchunao, al afirmar que “el que la Corte hoy condene al estado,
no quiere decir que seamos intocables, ni tampoco que hechos similares no
vuelvan a repetirse. Además nosotros
vamos a seguir luchando por recuperar nuestras tierras. Este es un problema de estado, como se dijo en
la sentencia y en esa línea se debe avanzar”.
Agregando que “si
no se aborda el tema de la autonomía, se van a seguir dando conflictos, pues la
entrega de tierras parciales no resuelven el problema de fondo. Cuando el gobierno se atreva a hacer esto, se
comenzará a resolver el conflicto. Algunos
actores de gobierno quieren ayudar en esta línea, pero desde la
institucionalidad, la misma institucionalidad que generó el conflicto. En la actualidad, no hay condiciones políticas
ni viabilidad. Por eso más allá de las
buenas intenciones, esta institucionalidad no está con la voluntad de resolver
el problema. Antes hay que tener una
reforma política profunda y a la institucionalidad, pues la existente solo tiene
la intensión de reprimir al pueblo mapuche”, concluyó.
