OPERACIÓN ALBANIA: LA MASACRE DE CORPUS CHRISTI

Los días 15 y 16 de junio de 1987 se llevó a cabo uno de los crímenes más brutales cometidos por los organismos represivos de la dictadura militar chilena: la denominada Operación Albania, conocida también como la Masacre de Corpus Christi. Esta acción fue ejecutada por agentes de la Central Nacional de Informaciones CNI y tuvo como objetivo el exterminio de militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez FPMR, en un contexto de creciente represión tras el atentado contra el general Augusto Pinochet ocurrido el 7 de septiembre de 1986.
Durante esta operación fueron asesinados doce combatientes Rodriguistas de los cuales tres mujeres, muchos de ellos habían sido previamente detenidos o se encontraban imposibilitados de defenderse. La CNI desarrolló un elaborado montaje comunicacional para presentar estos crímenes como supuestos enfrentamientos armados, intentando ocultar que se trataba de ejecuciones extrajudiciales planificadas por agentes del Estado.
La matanza comenzó el 15 de junio en un sector residencial de la comuna de Las Condes, donde fue asesinado Recaredo Valenzuela Pohorecky. Más tarde, en la calle Varas Mena de la comuna de San Joaquín, fueron ejecutados Patricio Acosta Castro, Juan Henríquez Araya y Wilson Henríquez Gallegos. Ese mismo día, en la Villa Olímpica, fue asesinado Julio Guerra Olivares.
La fase más sangrienta de la operación ocurrió en un inmueble abandonado de la calle Pedro Donoso, en la comuna de Recoleta. Allí fueron ejecutados José Valenzuela Levi, Esther Cabrera Hinojosa, Ricardo Rivera Silva, Ricardo Silva Soto, Manuel Valencia Calderón, Elizabeth Escobar Mondaca y Patricia Quiroz Nilo, cuyos cuerpos fueron posteriormente utilizados para sostener la versión oficial de un supuesto enfrentamiento armado.
Con el retorno a la “democracia” y tras años de lucha de familiares, organizaciones de derechos humanos y abogados defensores, la verdad sobre estos hechos comenzó a salir a la luz. Las investigaciones judiciales demostraron que las víctimas fueron objeto de una operación de exterminio planificada desde las más altas estructuras de la CNI.
Por estos crímenes, el exdirector de la CNI, Hugo Salas Wenzel, fue condenado a cadena perpetua en 2005 como coautor de cinco homicidios simples y siete homicidios calificados, sentencia que fue ratificada por la Corte Suprema en 2007. Asimismo, el exmayor de Ejército Álvaro Corbalán Castilla recibió una condena de 20 años de prisión, mientras que el oficial de Carabineros Iván Quiroz fue condenado a 10 años y un día. Además, otros agentes involucrados recibieron diversas penas por su participación en estos hechos.
A, 39 años la Matanza de Corpus Christi sigue siendo un símbolo de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura. La memoria de los doce militantes asesinados continúa presente en las luchas por verdad, justicia y recordando la importancia de combatir la impunidad y preservar la memoria histórica para que estos crímenes nunca vuelvan a repetirse.
"A 39 años de la Operación Albania, los 12 Rodriguistas viven en cada lucha del pueblo. ¡Honor y gloria a los combatientes caídos!"

Valparaíso, 11 de junio de 2026, movilización para exigir el respeto a los derechos de Mauricio Hernández Norambuena.

Durante esta jornada se realizó una movilización en el frontis de la Dirección Regional de Gendarmería en Valparaíso para exigir el respeto a los derechos de Mauricio Hernández Norambuena, quien fue trasladado el pasado 3 de junio de 2026 desde el Complejo Penitenciario de Rancagua al Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad (REPAS) de Santiago.
La medida fue adoptada de manera sorpresiva, sin que su defensa fuera informada oportunamente, generando preocupación entre familiares, organizaciones sociales y de derechos humanos. Según denunció su hermano Patricio Hernández, este traslado implica un grave retroceso en las condiciones penitenciarias, afectando directamente su integridad física y psicológica.
Además, señaló que en el REPAS conviven personas privadas de libertad vinculadas al crimen organizado y delitos de alta connotación, situación que no corresponde a la condición de un Preso Político cómo Mauricio Hernández, cuyo encarcelamiento ha sido denunciado durante años por diversos organismos nacionales e internacionales de derechos humanos.
Asimismo, denunció que el régimen de extrema vigilancia existente en dicho recinto implica mayores restricciones, aislamiento y limitaciones en el acceso a derechos básicos, afectando su salud física y mental. Cabe resaltar, que esta decisión desconoce recomendaciones formuladas por organismos de derechos humanos respecto de las condiciones carcelarias que deben garantizarse para Mauricio Hernández Norambuena

Radio Primero de Mayo: En la Memoria Viva

 

EN LA MEMORIA VIVA:

 

EN LA MEMORIA VIVA : A 39 AÑOS DE LA OPERACIÓN ALBANIA

 

EN LA MEMORIA VIVA

Memoria Viva manifiesta su profunda preocupación por el traslado de Mauricio Hernández Norambuena desde el Complejo Penitenciario de Rancagua al Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad (REPAS),
Los antecedentes conocidos indican que Mauricio Hernández Norambuena fue retirado de su celda de manera repentina, sin posibilidad de preparar adecuadamente sus pertenencias personales, ropa de recambio y elementos básicos de uso cotidiano. Más grave aún, durante horas sus familiares desconocieron dónde se encontraba y cuáles eran las razones concretas que justificaban una medida de esta naturaleza.
El año pasado, 2025, cuando Gendarmería intentó, una vez más, trasladar a Mauricio a dicho recinto, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, el Comité para la Prevención de la Tortura y el propio Departamento de Derechos Humanos de Gendarmería emitieron informes, señalando que nuestro hermano Mauricio Hernández, no debía estar en el REPAS, pues no ha cometido faltas ni se encuentra dentro del perfil para el que se ha previsto dicha cárcel. No admite justificación el hecho de que mientras a los violadores de derechos humanos se les vuelve a habilitar un centro penitenciario ad-hoc, plagado de privilegios, a nuestro Hermano y Compañero Mauricio Hernández se le someta a tratos degradantes e inhumanos, iguales a su pasado cautiverio en Brasil, ya juzgados por la CIDH
El móvil de este traslado es una decisión política qué busca la eliminación física de Mauricio. El presidente Kast lo dejó claro, en forma pública, hace algunos días: es él, directamente, quien ha decidido los traslados de presos.
Hacemos responsable al presidente José Kast, al ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau y al Director Nacional de Gendarmería, Rubén Pérez Riquelme, por la salud y la vida de Mauricio Hernández Norambuena
Es por todo ello que convocamos a todos los ciudadanos de Valparaíso, a sus organizaciones sociales, políticas, estudiantiles, culturales, etc., a expresar su solidaridad con Mauricio y su repudio a esta injusticia, manifestándonos frente a la Dirección Regional de Gendarmería, Calle Blanco 1090, el Jueves 11 de Junio a las 12 horas.
¡Exigimos el fin del régimen de aislamiento y el respeto inmediato a sus condiciones de reclusión!
¡Libertad inmediata a Mauricio Hernández Norambuena y a todos los presos políticos encarcelados en el país!
¡No más tortura carcelaria!
14-D MEMORIA VIVA VALPARAÍSO
Valparaíso, Junio 2026

¿ Dónde está Julia Chuñil?

Valparaíso, 8 de junio 2026

Han transcurrido 19 meses desde la desaparición de la papay Julia Chuñil Catricura, mujer mapuche y defensora del territorio, sin que su familia conozca su paradero. Julia fue vista por última vez en el sector de Huichaco, comuna de Máfil, Región de Los Ríos, cuando se encontraba cercana su predio acompañada de su perro Cholito. Desde entonces, su ausencia se ha transformado en una profunda herida para su familia, su comunidad y para quienes defienden los derechos de los pueblos originarios y la protección de la naturaleza.
La desaparición de la Papay Julia Chuñil continúa siendo un enigma. A pesar del tiempo transcurrido, las investigaciones no han logrado esclarecer qué ocurrió ni determinar su paradero. Sin embargo, mientras las respuestas siguen ausentes, el Estado ha concentrado sus esfuerzos en la búsqueda de supuestos responsables, manteniendo encarcelado a uno de sus hijos, Javier Troncoso Chuñil, acusado de un presunto crimen contra su madre sobre la base de antecedentes que, según la familia y organizaciones de apoyo, aún no han sido plenamente corroborados.
Para sus cercanos, esta situación representa una doble injusticia: por una parte, la desaparición de la Papay Julia sigue sin resolverse y por otra se mantiene la persecución judicial contra un integrante de su propia familia, mientras las interrogantes fundamentales del caso permanecen sin respuesta. Entretanto, quienes pudieran tener información relevante sobre lo sucedido continúan sin ser identificados ni llevados ante la justicia.
Julia Chuñil era reconocida por su compromiso con la defensa del medio ambiente, la protección del bosque nativo y la preservación del territorio ancestral mapuche. Su labor la convirtió en una figura respetada dentro y fuera de su comunidad, lo que ha llevado a diversas organizaciones sociales, ambientales y de derechos humanos a exigir una investigación exhaustiva, transparente e independiente.
A 19 meses de su desaparición, las movilizaciones y actividades de denuncia han disminuido en cantidad, pero no han desaparecido y desde distintos puntos del país aún surgen voces solidarias que se niegan a olvidar su caso que continúan demandando verdad y justicia. Familiares, comunidades mapuche, organizaciones sociales y defensores de los derechos humanos mantienen viva la exigencia de esclarecer los hechos.
La pregunta sigue resonando con fuerza en cada acto de solidaridad, en cada manifestación y en cada espacio de memoria y denuncia: ¿Dónde está Julia Chuñil? Mientras no exista una respuesta clara y convincente, la demanda por verdad y justicia continuará siendo una tarea pendiente para el Estado y una causa vigente para quienes se niegan a que su desaparición quede en el olvido

Deudores del CAE: El Estado no mira las cuentas del crimen, pero sí las de los estudiantes

La semana política dejó una imagen difícil de ignorar. Por un lado, la Fiscalía reveló una operación de lavado de activos vinculada al Tren de Aragua que habría permitido sacar de Chile cerca de 85 millones de dólares mediante cuentas bancarias, empresas de papel y redes financieras. Al mismo tiempo, el Senado volvió a entrabar iniciativas destinadas a facilitar el acceso a información bancaria para perseguir el dinero del crimen organizado.

Por otro lado, cientos de deudores del CAE comenzaron a denunciar que la Tesorería General de la República está reteniendo fondos de sus cuentas bancarias para cobrar deudas estudiantiles impagas. Parlamentarias del Frente Amplio (Emilia Schneider, Constanza Schonhaut y Gael Yeomans), afirman haber recibido numerosos testimonios de personas que quedaron sin recursos para enfrentar gastos básicos tras las acciones de cobranza.

La comparación resulta inevitable. Cuando se trata de seguir la ruta de millones de dólares asociados al lavado de activos, aparecen los llamados a la prudencia, la privacidad financiera y las garantías individuales. Cuando se trata de cobrar deudas estudiantiles, el Estado parece actuar con mucha menos vacilación.

¿Por qué el acceso a información bancaria se presenta como una amenaza cuando el objetivo es perseguir redes criminales, pero deja de ser un problema cuando afecta a profesionales jóvenes endeudados por estudiar?

La pregunta adquiere mayor fuerza porque la seguridad ha sido el principal eje político del gobierno y de la derecha durante los últimos años. El crimen organizado, el narcotráfico y la violencia han ocupado el centro de su discurso. Sin embargo, cuando la persecución se desplaza desde las poblaciones hacia los circuitos financieros, el entusiasmo parece disminuir.

El caso del Tren de Aragua recordó algo que los especialistas repiten desde hace años: las organizaciones criminales sobreviven no solo por las armas o la violencia, sino porque logran mover dinero dentro de la economía formal. Seguir esa ruta financiera es una de las herramientas más eficaces para combatirlas.

Por eso el debate sobre el secreto bancario ya no es una discusión técnica. Es una discusión sobre prioridades.

Y la imagen que queda instalada esta semana es incómoda para el gobierno: un Estado que encuentra dificultades para mirar las cuentas donde circulan millones vinculados al crimen organizado, pero que demuestra una notable capacidad para ingresar a las cuentas de quienes aún pagan el costo de haber estudiado con crédito.

Porque al final, la pregunta no es jurídica. Es política.

Felix Montano

Declaración pública: FAMILIA HERNÁNDEZ NORAMBUENA

FAMILIA HERNÁNDEZ NORAMBUENA
1.- El día de ayer, miércoles 3 de junio de 2026, alrededor del mediodía, nuestro hermano, Mauricio Hernández Norambuena, fue trasladado, por Gendarmería de Chile, desde el Complejo Penitenciario de Rancagua hacia el Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad (REPAS), ubicado en Santiago; particularmente, a la sección de alta seguridad del establecimiento.
2.- Este traslado fue realizado sin previo aviso y sin contar con fundamentos o motivos que lo justificaran. Pese a encontrarnos ad-portas del invierno, no se le permitió llevar mayores enseres y vestimentas, ni siquiera sus medicamentos, realizando el traslado con lo puesto.
3.- Somos enfáticos en señalar que estamos en contra del traslado de Mauricio, pues constituye un endurecimiento y un retroceso en sus condiciones penitenciarias, sometiéndolo, sin fundamentos y desconociendo su calidad de adulto mayor y patologías padecidas, a un régimen excepcional y especial de castigo. Todos los movimientos al interior del recinto son engrillados, incluso al ser atendido por abogados. Es allanado todos los días. No hay médico. Solo hay una visita social por semana. No hay visita conyugal. No se le ha permitido continuar sus tratamientos psicológicos y de terapia neural. No se encuentran autorizados sus elementos de salud. No hay actividades deportivas, laborales ni culturales.
4.- El año pasado, 2025, cuando Gendarmería intentó, una vez más, trasladar a Mauricio a dicho recinto, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, el Comité para la Prevención de la Tortura y el propio Departamento de Derechos Humanos de Gendarmería emitieron informes, señalando que nuestro hermano no debía estar en el REPAS, pues no ha cometido faltas ni se encuentra dentro del perfil para el que se ha previsto dicha cárcel.
5.- El móvil de este traslado es político, siendo una venganza y revancha de la extrema derecha en contra de Mauricio. El Presidente Kast lo dejó claro, en forma pública, hace algunos días: es él, directamente, quien ha decidido los traslados de presos. Resulta irrisorio que, mientras a los violadores de derechos humanos se les vuelve a habilitar un centro penitenciario ad-hoc, plagado de privilegios, Mauricio sea sometido a las peores condiciones posibles.
6.- Hacemos responsable al Presidente Kast y al Ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, de la salud y vida de nuestro hermano.
7.- Agradecemos la preocupación de todas las personas y organizaciones que han expresado su solidaridad con nuestro hermano y llamamos a participar en todas las actividades de denuncia por la situación de Mauricio.
4 de junio de 2026, Valparaíso