El
ataque lanzado durante contra la escuela elemental de Jabaliya, en Gaza, donde
más de 3.000 civiles desplazados habían buscado refugio, es un posible crimen
de guerra y debe ser investigado de forma independiente. Así lo ha manifestado
Amnistía Internacional. El ataque mató al menos a 20 personas e hirió a decenas
más de las que se encontraban en la escuela, situada en el campo de refugiados
de Jabaliya, densamente poblado.
La
evaluación inicial realizada por el OOPS –Organismo de Obras Públicas y
Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano
Oriente–, que analizó fragmentos y daños en el lugar, indica que la
escuela fue alcanzada por artillería israelí pese a que el OOPS había entregado
17 veces al ejército israelí sus coordenadas. Éste ha sido el sexto ataque
contra una escuela gestionada por la ONU en Gaza desde que el 8 de julio
comenzara la Operación “Margen Protector”.
“Si
el ataque contra esta escuela fue consecuencia de fuego de artillería israelí,
constituiría un ataque indiscriminado y un probable crimen de guerra. Nunca
debe usarse artillería contra blancos en zonas civiles densamente pobladas, y
su uso de esta manera jamás se consideraría un ataque
‘quirúrgico’”, ha manifestado Philip Luther, director del
Programa para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.
“Mientras
la cifra de civiles muertos sigue aumentando a un ritmo alarmante, Israel tiene
la obligación de tomar todas las precauciones factibles para proteger a la
población civil frente a posibles daños. Resulta atroz que civiles que han
atendido a las advertencias israelíes de que huyan de sus casas hayan resultado
muertos o heridos durante la noche en el presunto refugio de una escuela de la
ONU.”
Es
inevitable que el uso reiterado de artillería en barrios civiles densamente poblados
dé lugar a homicidios y heridas ilegítimos de civiles y a la destrucción y
daños de edificios civiles, independientemente de cuál sea el objetivo deseado.
Las fuerzas israelíes ya han utilizado esas tácticas temerarias anteriormente,
por ejemplo en la Operación “Plomo Fundido” de 2008/2009, en la que
murieron unos 1.400 palestinos, en su mayoría civiles.
En
tres ocasiones en las últimas semanas, el OOPS ha informado de haber encontrado
arsenales de cohetes palestinos en escuelas que no se estaban utilizando como
refugio en ese momento. Amnistía Internacional pide a Hamás y a todos los
grupos armados palestinos que no pongan en peligro a la población civil
almacenando munición en instalaciones de la ONU y otros edificios civiles.
El
ataque contra la escuela de la ONU se produjo al día siguiente de que la única
planta energética de la Franja de Gaza fuera atacada y resultara gravemente
dañada. Es probable que lleve al menos un año repararla.
“El
ataque contra la planta energética, que ha dejado sin electricidad ni agua
corriente a 1,8 millones de residentes de Gaza y a numerosos hospitales, tiene
implicaciones humanitarias catastróficas, y es muy probable que constituya un
crimen de guerra. No puede haber justificación para atacar una estructura civil
que proporciona servicios esenciales a tantos civiles. La magnitud de las
consecuencias de este ataque es devastadora, y podría constituir un castigo
colectivo contra la población de Gaza”, ha manifestado Philip Luther.
“El
Consejo de Derechos Humanos de la ONU estableció la semana pasada una comisión
de investigación sobre las violaciones del derecho internacional cometidas en
el actual conflicto. Al contrario de lo que ha sucedido tras los conflictos
previos en Gaza, esta vez su trabajo sobre estos y otros posibles crímenes de
guerra debe llevar a que los responsables de delitos de derecho internacional
comparezcan ante la justicia.”
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