En el año 2006, surge desde los
estudiantes la llamada Revolución Pingüina, en donde se exigía la
derogación de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE) en pos
de una nueva ley que resguardara mejoras en la educación y que
finalmente, derogara la legislación impuesta anteriormente durante el
régimen militar.
El primer gobierno de Michelle Bachelet
dio como solución a esto una nueva ley: la Ley General de Educación
(LGE) que reemplazó a la LOCE, la cual fue insuficiente e incluso,
terminó validando las malas prácticas de la normativa anterior y
sentenció sus nefastas consecuencias.
El año 2011 se puso en la palestra, como
tema nacional, el problema de la educación que aquejaba y aqueja a la
mayor parte de los ciudadanos de nuestro país. La educación chilena ha
estado sumida en una profunda crisis, producto de las reformas
neoliberales que se han implantado a lo largo del último tiempo.
Por esta razón, miles de estudiantes han
salido a las calles a marchar por una educación gratuita y de calidad.
Las demandas estudiantiles alcanzaron una notable aprobación a nivel
nacional, pues abordaron problemas transversales de toda la sociedad
chilena.
Las reformas del gobierno de Sebastián
Piñera no sólo fueron insuficientes e inconsistentes, sino que además,
aumentaron el profundo descontento social que prevalecía en el país.
Esto quedó de manifiesto con la destitución de tres Ministros durante su
gobierno y la posterior agudización de las marchas y movilizaciones
estudiantiles.
Posteriormente con un cambio del
gobierno de facto, y con la llegada de una nueva coalición al poder, el
conflicto estudiantil sigue esperando su reivindicación.
El segundo gobierno de Michelle Bachelet
ha enfrentado al movimiento estudiantil con una nueva Reforma
Educacional que supone satisfacer las demandas a las que apelan los
estudiantes. Según el gobierno, el trabajo legislativo que se configura
en el Congreso nace a partir de una demanda histórica de los
estudiantes: un cambio en el paradigma y la matriz mental de una
educación de consumo, para luego concebirla como un derecho universal.
Es importante recalcar que la educación
ya no es entendida como un problema de índole solamente estudiantil,
sino que ha pasado a concebirse como un problema social y de carácter
nacional.
En el actual contexto de una reforma que
ya se está tramitando en el Congreso, es imperativo que como comunidad
carmeliana manifestemos nuestra postura, ya que un cambio legislativo
tiene directa injerencia en el futuro funcionamiento de nuestro liceo.
El conocimiento de lo que señala la
reforma es básico para saber en qué nos afecta. A continuación,
presentamos una síntesis de lo que ésta propone.
Objetivos de la reforma educacional:
La actual reforma contempla tres ejes
fundamentales sobre los cuales legislar. Estos tres ejes son: el fin al
lucro, al copago y a la selección. En cuanto a estos ejes, se plantea
- La prohibición del lucro en cualquiera
de sus formas en los colegios que reciben aportes del Estado, y la
fiscalización por parte de la superintendencia para el cumplimiento de
la nueva normativa.
- Fin al copago ya que éste produce
segregación socioeconómica. Con la implementación de la nueva normativa
se aseguraría la consolidación de una educación más democrática e
inclusiva, acorde a los valores cívicos que promueve nuestra sociedad.
- Poner término a cualquier forma de
selección. En la reforma se estipula que la selección atenta contra
aquellos valores democráticos y republicanos que la nación contempla
como ideales de sociedad. La calidad de enseñanza debe ser un derecho
garantizado por el Estado, para todos los estudiantes del país sin
importar su historial académico, situación socioeconómica, etnia,
religión, etc.
En conclusión, según la reforma, sería
el Estado el nuevo garante, proveedor, regulador y fiscalizador de una
educación gratuita y de calidad para el 93% de los alumnos que estudian
en liceos municipales y subvencionados.
¿Por qué la reforma no cumple con estos objetivos?
Primer eje. Fin al lucro:
La noción del lucro que esgrime la
actual reforma queda sujeta a ciertas ambigüedades legislativas. Se
disminuye la posibilidad de lucro con fondos fiscales, pero en la
práctica no termina cabalmente con éste. Contrario a lo que sucede con
los liceos municipales o subvencionados, los colegios particulares
pagados seguirán funcionando sin ningún tipo de limitante en el monto
del cobro, al no existir regulación o fiscalización de parte del
ejecutivo, lo que conlleva a que la educación privada inexorablemente se
vuelva onerosa e inaccesible.
Por ende, esta reforma si bien reformula
el paradigma educativo de un buen porcentaje del total de los liceos
chilenos (un 93%, entre municipales y subvencionados), se deja fuera de
la reforma a ese 7% de educación particular pagada, es decir, que se
excluye a una élite educacional para que pueda seguir lucrando. Con la
nueva Reforma, es probable también que se incremente el porcentaje de
colegios particulares pagados, lo cual conlleva a una mayor segregación a
nivel educacional.
Por otro lado, la Ley de Subvención
Escolar Preferencial (SEP) establece la existencia de un grupo de
alumnos prioritarios. La modificación de esta ley supone el surgimiento
de una nueva categoría, además de los prioritarios: los alumnos
preferentes.
La inyección de recursos con el fin de
introducir mejoras en los colegios se hace por cantidad de alumnos
prioritarios o preferentes, es decir, que la cantidad de dinero
destinado a este fin depende del número de estudiantes que representen
estas categorías, y no del costo total del colegio como entidad, lo que
tácitamente fomenta el lucro. Esto último se debe a que mientras más
alumnos prioritarios o preferentes tenga el establecimiento, más
ganancias por subvención obtiene; por lo que el sostenedor priorizará
tener el mayor número de educandos posibles en desmedro de la calidad
del colegio en cuestión. Cabe recordar también, que un establecimiento
que adhiere a esta normativa recibe recursos adicionales del estado sin
que haya una mayor exigencia de parte de éste en cuanto a calidad y
equidad se trate, o sea, reciben más dinero sin asegurar realmente una
mejor enseñanza.
Creemos que el financiamiento debiera
hacerse por el proyecto educativo, y no cuantitativamente por
estudiante. Además, es perentorio contar con una fiscalización eficiente
de parte del Ejecutivo para garantizar el correcto manejo de estos
recursos, en pos de asegurar una buena calidad en educación. Este
financiamiento debe responder también al contexto y necesidad propia
del estudiantado.
Segundo eje. Copago:
El fin al cobro del copago no es
determinante en el término de la segregación social. Es más, el fin del
copago no termina con la tan bullada segregación, sino que incluso la
fomenta y consolida porque aumenta la brecha en los niveles de educación
que se entrega.
El término de los colegios
subvencionados produciría el efecto contrario a los objetivos de la
reforma. Sin el copago, sólo estarían dentro de la legalidad colegios
gratuitos y colegios pagados, estos últimos costeados por las clases más
acomodadas de este país, siendo ésta la brecha más importante de
sistema educativo, potenciada por la ley.
Creemos que la existencia de colegios
privados exacerba la desigualdad social, pues está demostrado
estadísticamente que este tipo de establecimientos provee de mejor
instrucción a sus alumnos que la educación pública, y esto último se
manifiesta en la preferencia de los apoderados que tienen poder
adquisitivo, quienes matriculan a sus hijos preferentemente en colegios
particulares pagados. No sólo es la mejor calidad en la educación la que
influye en esta decisión; también existen otras ventajas que ofrece
este sistema, como las redes de contactos o el amiguismo que influyen en
la obtención de un mejor puesto de trabajo.
La educación pública se encuentra en
amplia desventaja frente a la educación privada. Ésta última posee más
recursos y autonomía en la destinación de ellos, mientras que la
educación pública está sujeta a control en la utilización de fondos.
Dentro de la educación pública,
actualmente existe una élite de liceos municipales con copago, lo que
significa una considerable ventaja económica para estos colegios. El
alumno de un colegio municipal podrá optar por una educación con copago,
aprovechando los beneficios que ésta implicaría, tales como mejor
infraestructura y mayor aporte de recursos por el copago, que en el caso
de la reforma, estaría costeado por el Estado y no por los apoderados.
Por último, los plazos para la implementación de la reforma son muy extensos.
Tercer eje. Selección:
La medida es insuficiente pues la selección se volverá implícita:
- Selección por condición
económica: Los colegios particulares podrán fijar altas mensualidades
que sólo podrían ser costeadas por una reducida élite económica.
- Selección por rendimiento
académico: Si bien esto es lo que pretende erradicar la Reforma, la
selección sólo se modificará. En el caso de los colegios emblemáticos,
sólo podrán postular los alumnos que pertenezcan al 20% mejor de su
generación del colegio del que provienen, por lo que se sigue
perpetuando la segregación académica. Además se considerarán ciertos
criterios que darán prioridad a los alumnos hijos de profesores y a los
que tengan hermanos en el liceo al que postulan. El resto de la
selección se delegará a un sistema azaroso que en absoluto consideramos
idóneo para tal fin.
Los colegios particulares no serán
regulados por esta normativa y podrán seleccionar según criterios
propios que respondan a la misión y visión del establecimiento
(cultural, religiosa, académica u otras).
La selección es un tema particularmente
sensible en los liceos emblemáticos. Sin que estos seleccionen por
condición socioeconómica (ya que no cobran), el fenómeno de selección
por méritos académicos se da porque este sistema ofrece pocas vacantes
para muchos postulantes. Ante tal problemática, la solución debiera
estar orientada a garantizar una mayor oferta de colegios que cumplan
con estas características para satisfacer la enorme demanda por una
educación gratuita y de calidad como la de los liceos emblemáticos.
Debiese, por lo tanto, invertirse en mejorar y fortalecer la educación
pública, sin ir en detrimento de este tipo de enseñanza.
La selección, o el término definitivo de
ésta, debe abordarse una vez que se haya fortalecido el sistema
educacional, y donde se hayan nivelado los conocimientos básicos que se
debiesen impartir en todos los establecimientos. Una vez que todos los
colegios sean de calidad, no será necesario que existan élites a nivel
académico, y la selección no tendría razón para seguir ejerciéndose.
En conclusión, el Liceo Carmela Carvajal rechaza categóricamente la
implementación de esta Reforma Educacional. Como planteamos
anteriormente, el diseño de la reforma no satisface en absoluto los
menesteres educativos que demanda la ciudadanía.
Además, el proyecto de ley atenta contra
sus propios objetivos. A corto y a largo plazo se evidenciará cómo se
perpetuará la segregación y la idea de educación entendida como un bien
de consumo.
Sostenemos que la aprobación de esta
nueva legislación iría en directo perjuicio de la educación pública, y
en desmedro de los valores, soluciones y cambios estructurales que el
estudiantado fehacientemente ha sabido defender.
La reforma no apunta directamente a los
causantes de la crisis educacional. Actualmente, tenemos una carrera
docente infravalorada, y aún subsiste la deuda histórica con el
profesorado. Los profesores son el pilar de la educación, por ende es
necesario partir por esa base, y que se les haga partícipe en la
elaboración de la Reforma. Es de carácter urgente que haya una mejora en
sus condiciones laborales, y que la sociedad valore este oficio, que es
fundamental en el desarrollo del país.
También creemos que es necesario
desarrollar instancias de trabajo en conjunto con todos los estamentos
(alumno, docente, paradocente), para generar propuestas que realmente
respondan a las necesidades de cada establecimiento y de la educación en
su generalidad.
Además, creemos que es pertinente que la
reforma educacional sea gestada con participación e inclusión de todos
los sectores educativos para diversificar la discusión tomando en cuenta
a las distintas realidades que componen el espectro educativo (liceos
técnicos, jardines infantiles, liceos municipales, particulares
subvencionados, particulares pagados, etc.).
La educación pública se debe defender y
fortalecer, ya que constituye un valor esencial y prioritario para el
desarrollo humano integral. La educación es la matriz de una sociedad
más justa y con igualdad de oportunidades, la máxima expresión de todas
las virtudes humanas. Sobre ella se erigen los cimientos de una sociedad
forjadora de su propio destino.
Por eso, una verdadera Reforma
Educacional debe nacer desde el aula, desde quienes hacen posible la
enseñanza. Los chilenos exigen cambios estructurales en educación, que
posibiliten la máxima calidad y equidad en la impartición de ésta.
Nosotras ya nos hemos pronunciado.
Construyamos en conjunto un proyecto
educativo que responda a las necesidades reales de los distintos
contextos que se presentan en nuestro país.
El Ciudadano
