La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual
entró en plena vigencia en Argentina al declarar la Corte Suprema su
constitucionalidad cuatro años después de ser aprobada por ambas cámaras
del Congreso. La ley, según encuestas, tiene el apoyo de la mayoría de
la población argentina y su aplicación es exigida por activistas y
organizaciones que abogan por la democratización de la información. Su
refrendo constitucional ha sido recibido con el mayor regocijo entre sus
homólogos de América Latina y el Caribe.
La dilatada sentencia del máximo órgano judicial puso fin a un prolongado pugilato del grupo oligopólico multimedia Clarín
(suerte de Televisa rioplatense por su control de la pantalla chica
pero poseedor también del diario de igual nombre con un tiraje de medio
millón de ejemplares) ante complacientes tribunales, que hasta hace unos
días había logrado paralizar la entrada en vigor de la ley a la vez que
recrudecía sus descocadas calumnias e improperios contra el gobierno
kirchnerista, apoyado por la jauría mediática local e internacional del Pentágono y la CIA.
Destacadamente, los diarios de la Sociedad Interamericana de Prensa, sus hermanos gemelos madrileños, CNN en español y sus homólogas de los países de América Latina. Merece mención especial en esta comparsa el diario bonaerense La Nación, perteneciente a la oligárquica dinastía Mitre
desde hace dos siglos así como el conglomerado de medios que ha llegado
a amasar. La Nación es célebre por su hoja de servicios en pro del
imperio británico y la libertad de comercio así como su odio feroz a las
ideas de confederación latinoamericana de Bolívar, San Martín y Artigas. Más recientemente, al igual que Clarín,
practica el mismo servilismo ante Washington y una rabiosa hostilidad
contra los gobiernos y movimientos que se oponen a las políticas
neoliberales.
Ambos se revolcaron en el lecho con las sangrientas dictaduras
militares de los setentas de las que fueron fervientes defensores. Más
aún, la justicia argentina ha abierto una causa contra ellos por existir
evidencias de que aprovecharon sus estrechos nexos con las juntas
militares fascistas para apoderarse del pingüe negocio de la empresa Papel Prensa, propiedad del Grupo Graiver. Esa
empresa controla la distribución del papel periódico y en manos de
estos grupos se ha convertido en un temible instrumento de chantaje
contra los diarios de provincia. Según fiscales federales
pudieron haber existido delitos de “lesa humanidad” en el traspaso
accionario de Papel Prensa, presuntamente realizado mediante presiones,
amenazas, secuestros y torturas que sufrieron integrantes del citado
grupo, entre ellos la viuda de David Graiver, Lidia Papaleo (http://tiempo.infonews.com/notas/clarin-y-nacion-complices-de-dictadura-opositores-democracia).
Pero no sólo en Argentina se cuecen habas. Al otro lado de la cordillera, en Chile, otro santo varón y jefe del clan oligárquico propietario desde el siglo XIX del diario El Mercurio
está en apuros con la justicia. El Mercurio goza de merecida reputación
por su obsecuencia ante la política imperialista de Inglaterra en esa
época como luego ante la de Estados Unidos así como su congénita postura contra las causas populares.
Hete aquí que el actual patriarca del emporio mediático, Agustín Edwards, es investigado por el juez Mario Carroza
como parte de una indagación mayor sobre la participación de El
Mercurio y sus diarios afiliados en la Operación Colombo, enmarcada
dentro de la Operación Cóndor para encubrir la desaparición forzada en
Argentina de 119 opositores a la dictadura de Pinochet.
De Edwards está documentado un largo historial de colaboración con la
CIA antes, durante y después del golpe de Estado del 11 de septiembre
de 1993 contra el presidente Salvador Allende. Ante el juez Carroza
reconoció su vínculo con la CIA y haber sostenido una reunión
inmediatamente después de la toma de posesión de Allende con los
entonces secretario de Estado Henry Kissinger y director de la CIA
Richard Helms, pero negó toda participación en el golpe.
Enemigos de nuestros pueblos, en cada país hay Mitres y Edwards que vierten veneno a raudales contra Venezuela y contra los líderes, fuerzas y gobiernos que luchan por la segunda independencia de América Latina.
Por Ángel Guerra Cabrera
Fuente El Ciudadano
