Ana Piquer es Directora Ejecutiva de
Amnistía Internacional, organización que promueve la defensa de los
derechos humanos en todo el mundo y que desde enero de este año está
efectuando una campaña de recolección de firmas online contra el
proyecto de ley que Fortalece el Resguardo del orden público, más
comúnmente conocida como Ley Hinzpeter.
Actualmente el proyecto de ley se
encuentra en Comisión Mixta ya que las votaciones de la Cámara de
Diputados y del Senado no son coincidentes. Conversamos con Ana Piquer
sobre los efectos de este proyecto de ley y el rol de la ciudadanía para
incidir en estas materias.
-En la Cámara de Diputados se aprobó
en general la Ley Hinzpeter, rechazando la mayoría de sus artículos,
luego, la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia aprobó el
texto, ¿en qué situación está actualmente la tramitación de esta ley?
- La Cámara de Diputados aprobó la idea
de legislar, pero rechazó la mayoría de los artículos, y todos aquellos
que resultaban motivo de preocupación para Amnistía Internacional.
Luego, en su tramitación en el Senado,
la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de dicha
cámara, aprobó el texto de acuerdo a las últimas indicaciones
presentadas por el Gobierno. No obstante, al discutirse el proyecto en
la sala del Senado, ésta rechazó el proyecto en general, sin que se haya
entrado a la discusión en particular.
Debido a que la decisión de la Cámara de
Diputados y del Senado difieren sustancialmente, el proyecto debe ser
derivado para el estudio de una Comisión Mixta, compuesta por diputados y
senadores que deberán volver a estudiar el proyecto.
Esperamos que esto permita que el
análisis se haga con más calma y teniendo en consideración las
preocupaciones de derechos humanos que hemos manifestado en ya muchas
ocasiones.
-El senador Larraín dijo que se debía
buscar una fórmula adecuada que permita resolver el conflicto de
derechos que se produce entre el legítimo derecho a manifestar y el
derecho al libre tránsito, ¿qué piensa Amnistía Internacional al
respecto?
-Es cierto que es necesario buscar ese
equilibrio. Es natural que el derecho de reunión en un lugar público
puede afectar temporalmente los derechos de otras personas, como por
ejemplo, el derecho a circulación por ese mismo lugar. Lo importante es
tener en cuenta que las personas que están manifestándose pacíficamente
en un lugar público están haciendo un uso tan legítimo del espacio
público, como el de aquellos que quieren simplemente pasar por ahí.
-¿Cuáles son los elementos más graves que establece la ley que afectan el derecho a manifestarse de la ciudadanía?
Basándonos en el texto de las
indicaciones más recientes presentadas por el Gobierno al proyecto de
ley, los puntos de mayor preocupación son dos:
(1) La definición todavía amplia del
delito de desórdenes públicos, que permitiría considerar que una
manifestación es delito si usa “fuerza en las cosas”, concepto no
definido claramente.
(2) La creación de una falta penal –
que autoriza a la detención inmediata de una persona – por el solo hecho
de andar con la cara cubierta en el contexto de un desorden público.
Esto implica que la persona podría ser detenida sólo por cómo anda
vestida, sin necesidad de haber cometido ningún acto de violencia.
Ambas son normas que tienen efectos en
el derecho de reunión y la libertad de expresión, pudiendo transformar
en delito conductas que no son más que el ejercicio de derechos humanos.
-¿De qué modo afecta a la ciudadanía
la norma que permite al Ministerio del Interior querellarse cuando
existan delitos contra Carabineros?
-Es posible que ello permita que se
incrementen la cantidad de juicios en contra de civiles por delitos
contra Carabineros. Esto no es problemático en sí mismo, puesto que se
trata de delitos graves que sin duda deben ser investigados, juzgados de
manera independiente e imparcial y sancionados si corresponde. De
aprobarse, sería necesario dar seguimiento a la manera en que se dé uso a
esta facultad.
Con todo, sería necesario que así como
se investiga la violencia hacia Carabineros, se investiguen de la misma
forma las continuas denuncia de uso excesivo de la fuerza por parte de
Carabineros en contra de manifestantes, incluso manifestantes pacíficos.
El problema de la violencia en las manifestaciones debe ser abordado
desde todos los ángulos en los cuales se produce esta violencia.
-¿Es cierto que esta ley permitiría restaurar la detención por sospecha utilizada en Dictadura?
-Esta pregunta se refiere a un proyecto
de ley diferente al de la llamada “ley Hinzpeter”, un proyecto de ley
que busca modificar la ley de Carabineros, para darle facultades
adicionales en materia de control de identidad y de registro de efectos
personales. Este proyecto de ley se encuentra actualmente en discusión
en el Senado, en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y
Reglamento. Si bien la normativa es algo menos amplia que la antigua
detención por sospecha, sí permite realizar control de identidad y
registrar la vestimenta, equipaje o vehículo de cualquier persona que se
encuentre en determinados lugares definidos como “sospechosos”. Al
establecerse la facultad de manera tan amplia, la aplicación de la norma
podría tener efectos discriminatorios, coartar el derecho de reunión o
circulación, o resultar en instrusiones innecesarias y desproporcionadas
a la intimidad de las personas.
-¿Cuál es la evaluación que hacen de la cobertura de los medios de comunicación a la tramitación de esta ley?
-Los medios en general han dado
seguimiento activamente a la tramitación del proyecto. Con todo, en
ocasiones resultaría de utilidad dar mayor espacio a diferentes visiones
sobre la materia.
-De aprobarse esta ley en la Cámara
de Diputados, ¿Cuál sería la respuesta de Amnistía Internacional y de
los Organismos de Derechos Humanos?
-Si se aprobara el texto tal como lo
presentó el Gobierno, para Amnistía Internacional sería un retroceso.
Chile tiene una obligación internacional de alinear su legislación con
las normas de los tratados de derechos humanos que ha ratificado, y esta
modificación legislativa iría en dirección contraria. Chile debe rendir
cuentas a nivel internacional de su cumplimiento en materia de derechos
humanos a nivel internacional e interamericano – próximamente
corresponde el Examen Periódico Universal de Naciones Unidas – y esto
significaría un claro incumplimiento.
-¿Qué recomendaciones le darías a la ciudadanía en este escenario y de cara a las elecciones presidenciales?
-A nuestro juicio, la presión ciudadana
ha sido un elemento importante para permitir que el proyecto haya
demorado en su tramitación y haya tenido importantes modificaciones. El
trabajo realizado con otras organizaciones, como la Asociación Chilena
de Organismos No Gubernamentales – Acción, Greenpeace Chile y Asesoría
Ciudadana del Instituto Igualdad, ha permitido recolectar entre todos
más de 20 mil firmas de apoyo a nuestras preocupaciones, y todavía es
posible firmar en www.amnistia.cl.
Para las elecciones presidenciales, es
importante exigirle a los candidatos y candidatas que incorporen
compromisos concretos en materia de derechos humanos en sus programas de
gobierno. Amnistía Internacional ha enviado a todas y todos una carta
abierta con un resumen de sus preocupaciones en materia de derechos
humanos, y también estamos recolectando firmas de apoyo a través de la
campaña “Mi gesto” (www.migesto.com), con
el fin de entregarle estas firmas a la persona que resulte electa, para
exigirle el cumplimiento de estos compromisos mínimos.
Esto son solo algunos ejemplos de cómo
la ciudadanía puede incidir en materias tan importantes como estas,
empoderándose y exigiéndole a las autoridades el respeto de sus
derechos.
Por Dafne Moncada
El Ciudadano
Foto: Santiago Times
