En
América, las desapariciones forzadas no son simplemente un legado del oscuro pasado
de gobiernos autoritarios de las décadas de 1970 y 1980, sino que siguen siendo
una práctica terrible, ha manifestado Amnistía Internacional con motivo del Día
Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.
“En
Colombia y en México, las autoridades no están haciendo frente a la cuestión de
las desapariciones forzadas, pese a que sigue siendo un grave problema”, ha
señalado Guadalupe Marengo, directora del Programa de Amnistía Internacional
para América.
“En
ambos países, el gobierno no investiga de manera efectiva estos casos ni pone a
los presuntos responsables de los delitos a disposición de la justicia. Esta
impunidad no hace más que fomentar las desapariciones forzadas, pues sus
autores creen que lo que hacen no trae consecuencias.
Mientras
tanto, en otros países de la región –como Argentina, Chile, Uruguay, Bolivia,
Perú, El Salvador, Guatemala y Haití– sigue habiendo millares de personas en
paradero desconocido decenios después de los conflictos internos y la represión
política causantes de ello.
“Para
que prevalezcan la verdad y la justicia, es absolutamente necesario que los
familiares de las víctimas descubran su paradero”, ha añadido Marengo.
“Importa
cada persona. Entre las terribles cifras de miles desaparecidos yacen el dolor
y el trauma de los familiares que los buscan.”
México
En
México se denunció la desaparición de más de 26.000 personas entre 2006 y 2012,
en muchos casos a manos de las fuerzas de seguridad o de bandas criminales. La
ausencia casi total de investigación en la mayoría de los casos impide que
salga a la luz el verdadero número de desapariciones forzadas, en las que hay
funcionarios públicos implicados. No obstante, la Comisión Nacional de Derechos
Humanos está examinando 2.400 casos pendientes de desaparición forzada.
En un informe publicado en junio de este año,
Amnistía Internacional documentó más de 85 casos emblemáticos de desaparición
forzada de entre 152 casos registrados de personas desaparecidas o
secuestradas.
“La
impunidad sigue siendo casi total y, a pesar de las reiteradas promesas de las
autoridades, la búsqueda de las víctimas es todavía infructuosa. El gobierno mexicano
no parece comprometido realmente a poner fin a las desapariciones forzadas”, ha
afirmado Rupert Knox, investigador de Amnistía Internacional sobre México.
“Las
autoridades culpan enseguida a las bandas criminales de todas las
desapariciones, sin asumir su responsabilidad directa de prevenir y sancionar
los casos en que haya funcionarios públicos implicados ni su obligación de
investigar todos los casos ante tribunales civiles ordinarios. A los familiares
de los desaparecidos se les niega a menudo toda información, y con frecuencia
se ven obligados a ocuparse ellos mismos de investigar, con grandes riesgos
personales. Son las valientes y constantes demandas de verdad y justicia de los
familiares las que mantienen viva la llama de la esperanza”, ha explicado Knox.
Sólo
en la ciudad norteña de Nuevo Laredo han desaparecido este año cuatro personas
en un lapso de seis días, del 29 de julio al 3 de agosto, tras ser detenidas
por la Marina en distintos puestos de control de toda la ciudad. Pese a que hay
testimonios de testigos presenciales que confirman las detenciones, la Marina
continúa negando su responsabilidad en las desapariciones y el gobierno no ha
hecho nada para localizar a las víctimas.
Colombia
El
largo conflicto armado interno de Colombia ha dejado tras de sí al menos 25.000
víctimas de desaparición forzada desde 1985. Según cifras oficiales, en 2012 se
dieron más de 190 presuntos casos.
“Las
desapariciones forzadas perpetradas por los paramilitares y las fuerzas de
seguridad solos o conjuntamente han sido una característica de los 50 años de
conflicto armado del país, y se sigue teniendo noticia de muchos casos”, ha
manifestado Marcelo Pollack, investigador de Amnistía Internacional sobre
Colombia.
“En
muy pocos casos se ha llevado a los responsables ante la justicia. Es probable
que las recientes medidas legislativas
adoptadas para ampliar la jurisdicción militar hagan que resulte aún más
difícil llevar ante la justicia a los presuntos responsables penales de abusos
contra los derechos humanos, incluidas desapariciones forzadas.”
Tanto
México como Colombia han ratificado la Convención Internacional para la
Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, pero hasta
ahora no han reconocido la competencia del Comité contra la Desaparición
Forzada para recibir y examinar denuncias individuales, lo que hace dudar de su
compromiso de cumplir en la práctica con las obligaciones que han contraído en
virtud del tratado.
En
otros países de la región, las desapariciones forzadas no son ya tan frecuentes
como anteriormente, pero siguen produciéndose.
Brasil
En
Brasil sigue sin conocerse el paradero de Amarildo, albañil de Rocinha, la
mayor favela de Río de Janeiro, a quien, según la información disponible, un
agente de policía detuvo el 14 de julio tras confundirlo con un narcotraficante
buscado. Varias organizaciones de derechos humanos, incluida Amnistía Internacional, han
denunciado su desaparición.
La
policía afirma que lo dejaron en libertad tras comprobar sus antecedentes
penales, pero ningún familiar ni amigo suyo lo ha visto desde entonces, y las
cámaras de vigilancia instaladas cerca de la entrada de la comisaría de policía
grabaron la llegada de Amarildo, pero no su salida.
República Dominicana
El
caso de Juan Almonte, en la República Dominicana, es tan emblemático como el de
Amarildo, pero más antiguo y complejo. Contable y miembro del Comité Dominicano
de los Derechos Humanos, Almonte fue visto por última vez el 28 de septiembre
de 2009, fecha en que, según testigos, unos agentes de policía lo detuvieron
cuando se dirigía caminando a su oficina, en Santo Domingo.
La
policía ha negado siempre haberlo detenido, y las autoridades no han atendido
los reiterados llamamientos que han hecho la Comisión Interamericana y la Corte
Interamericana de Derechos Humanos para que se investigue el caso. Tras su
desaparición, sus familiares y sus abogados denunciaron estar siendo vigilados
por la policía desde automóviles y desde la calle, frente a sus casas. La hermana
de Juan recibió también llamadas telefónicas anónimas en las que le advertían
que no diera más publicidad a la desaparición.
Para
más información, por favor contacte a:
Amnistía
Internacional – Chile, Tel/Fax: (+56-2) 2235 5945, www.amnistia.cl
Viviana
Lorente, Directora de Comunicaciones (s) de Amnistía Internacional – Chile,
Tel:
(+56-9) 64278411, viviana.lorente@
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