Los acontecimientos que desembocaron en la sangrienta masacre de la Escuela Santa María de Iquique, ocurrida el 21 de diciembre de 1907, constituyen uno de los episodios más dramáticos y significativos de la historia del movimiento obrero chileno. La magnitud de la huelga salitrera, la intervención directa del Estado, la masividad de la movilización y, especialmente, su violento desenlace, otorgaron a este conflicto una trascendencia excepcional. No solo impactó profundamente a la sociedad de la época, sino que además paralizó la actividad salitrera del norte grande y generó una amplia cobertura en la prensa nacional e internacional, evidenciando la gravedad de la llamada “cuestión social”.
Si bien el movimiento obrero chileno ya había enfrentado anteriormente episodios de represión violenta —como la huelga portuaria de Valparaíso en 1903 y la huelga de la carne en Santiago en 1905—, los sucesos de Iquique marcaron un punto de inflexión sin precedentes. La masacre de 1907 se transformó en un símbolo de la lucha social y del sacrificio de la clase trabajadora, adquiriendo un carácter de martirio colectivo que atravesó todo el siglo XX. Su memoria fue recogida por intelectuales, historiadores, poetas, músicos y artistas, quienes convirtieron estos hechos en objeto de reflexión, denuncia y creación, contribuyendo así a preservar la cultura obrera y su historia en la memoria colectiva del país.
Desde comienzos de 1907, la ciudad de Iquique vivía un clima de creciente tensión social, producto de la fuerte devaluación de la moneda, el encarecimiento de los alimentos y las precarias condiciones de vida de los trabajadores del salitre. En este contexto, la huelga salitrera estalló formalmente el 10 de diciembre en la oficina San Lorenzo, extendiéndose rápidamente al cantón de San Antonio y, en pocos días, a la totalidad de las oficinas del norte. El 15 de diciembre, una columna compuesta por más de dos mil obreros inició una marcha hacia Iquique para exigir mejoras salariales, el pago en dinero efectivo y condiciones laborales más dignas, con la firme determinación de no abandonar la ciudad hasta obtener respuestas concretas de las compañías.
Con el paso de los días, la situación se volvió cada vez más crítica. Diversos gremios urbanos de Iquique se sumaron a la huelga, mientras que los distintos cantones salitreros paralizaron completamente sus faenas. De manera constante, nuevos contingentes de trabajadores llegaban a la ciudad. Las estimaciones de la época calculan que el número de huelguistas fluctuaba entre 15.000 y 23.000 personas, lo que significó la total paralización del puerto y de la producción minera regional, afectando gravemente la economía nacional.
La negativa de las compañías salitreras a entablar negociaciones mientras no se retomaran las labores endureció la postura del gobierno, dando paso a una intervención estatal de carácter represivo. El ministro del Interior, Rafael Sotomayor, ordenó restringir las libertades de reunión y bloquear el ingreso de nuevos huelguistas a la ciudad. Paralelamente, el intendente Carlos Eastman decretó severas limitaciones a la libertad de tránsito y ordenó a los trabajadores abandonar Iquique el 21 de diciembre, bajo la amenaza explícita de utilizar la fuerza militar. Para entonces, el puerto se encontraba fuertemente custodiado por tropas del Ejército y por tres buques de guerra apostados en la bahía.
Ante la firme decisión de los huelguistas de permanecer en la Escuela Santa María —donde se habían refugiado junto a sus familias durante más de una semana—, el general Roberto Silva Renard dio la orden de abrir fuego contra la multitud el 21 de diciembre. De acuerdo con diversos testimonios, más de doscientas personas murieron en el lugar, quedando sus cuerpos tendidos en la Plaza Montt, mientras que entre doscientos y cuatrocientos heridos fueron trasladados a los hospitales, de los cuales más de noventa fallecieron esa misma noche. Los sobrevivientes fueron obligados a regresar a las oficinas salitreras o deportados por vía marítima hacia Valparaíso.
Las repercusiones de la masacre fueron inmediatas y profundas. La conmoción pública generada por los hechos impulsó a sectores intelectuales y políticos a plantear con mayor urgencia el debate sobre la cuestión social y la necesidad de reformas laborales. Al mismo tiempo, el movimiento obrero organizado extrajo duras lecciones de la tragedia, replanteando sus estrategias de lucha y fortaleciendo su conciencia colectiva. Desde entonces, la masacre de la Escuela Santa María de Iquique permanece como una herida abierta en la historia de Chile y como un recordatorio permanente de las injusticias sufridas por la clase trabajadora.
