Héctor Llaitul, líder de la
Coordinadora Arauco Malleco (CAM) emplazó al Estado a definir los
criterios con que implementará el fallo para los afectados y los presos
políticos mapuche, y afirmó que, de no haber una solución en un plazo
breve, analizan iniciar una nueva huelga de hambre.
FOTO: Héctor Llaitul y Ramón Llanquileo. / Archivo.
La sentencia de la Corte-IDH abarca la
causa del dirigente Víctor Ancalaf, el llamado caso Poluco Pidenco y el
conocido como “caso de los lonkos”, la Corte tomó los tres juicios y los
unificó en una sola causa. Sin embargo, en este juicio se condenó a
nuestro país por la forma en la que se realizaron los procesos, que se
fundaron en una Ley Antiterrorista violatoria del principio de legalidad
y del derecho a la presunción de inocencia y se afirmó que las
sentencias condenatorias incurrían en “razonamientos que denotan
estereotipos y prejuicios”.
En entrevista exclusiva con Radio
Universidad de Chile, el líder de la Coordinadora Arauco Malleco, Héctor
Llaitul, quien hoy cumple una condena en la Cárcel El Manzano de
Concepción en un juicio avalado por la Corte Suprema, pero altamente
cuestionado, se refirió al fallo del organismo internacional, su caso
particular y otros temas relacionados con la Ley Antiterrorista y las
políticas del Gobierno para hacer frente al conflicto en el sur.
¿Cuál es su evaluación del fallo de la Corte Interamericana?
El denominador común de estos tres casos
es que los conflictos eran entre comunidades y empresas forestales, ese
es un antecedente que habría que dejar en claro. Fueron procesos donde
efectivamente se aplicó y se condenó sobre la base de la Ley
Antiterrorista, lo que da cuenta de que estamos frente a una situación
de indebido proceso de falta de garantías y por lo tanto, la resolución
es muy clara al respecto; la violación de derechos fundamentales para
los miembros de nuestro pueblo. Nosotros no estamos contentos en un
sentido amplio con esto, pero si entendemos que hay una reparación, una
mayor comprensión de los organismos internacionales del modo cómo la
Justicia trata al pueblo mapuche cuando de criminalización se trata.
Vamos a analizar con mayor detención los alcances de este fallo para
tomar una postura mucho más acabada.
Se ha dicho que el fallo de la
Corte cuestiona la forma en la que nuestro país está impartiendo
Justicia, y eso tendría un alcance mucho mayor que estos tres casos en
concreto.
Sí eso es efectivo. Una de las razones
para tener un pronunciamiento al respecto dice relación precisamente con
nuestro caso, conocido como “El Juicio de Cañete”. Para nosotros esta
resolución sienta un precedente con respecto a nuestra causa, porque el
caso de nosotros también está presentado ante la Corte Interamericana en
su fase de admisibilidad en este momento, por lo tanto hay un
cuestionamiento, efectivamente, a la figura del testigo protegido,
cuestión que es central y muy importante de considerar a la hora de
analizar nuestra situación, porque nosotros fuimos condenados sobre la
base principalmente del testimonio de un testigo protegido y, por lo
tanto, sentimos que se nos ha vulnerado el derecho al debido proceso.
Ahora, tanto el fallo como organismos internacionales han sido muy
claros al respecto, en decir que no se puede condenar sobre la base de
estos testimonios y que si esto ocurre es una falta grave a las
garantías, por lo tanto existe un cuestionamiento a la Ley
Antiterrorista en el sentido en que todavía se sigue manteniendo esta
figura del testigo protegido.
Pero independiente de que sea una figura
que se utiliza en el marco de la aplicación de la Ley Antiterrorista
también se sigue ocupando en otro tipo de causas contra comuneros
mapuche. En nuestro caso hay un antecedente que nos interesa recalcar y
volver a denunciar que es que estos casos se presentaron con
anterioridad, son hechos situados en el contexto del 2002, 2003. La
resolución de la Corte tiene una data de demora de cerca de doce años.
Nosotros fuimos condenados a principios del 2010 por un hecho del 2008 y
lo presentamos ese mismo 2010 a la Corte. Por lo mismo si hubiera una
resolución ésta implicaría cierto tiempo y no sé qué alcances puede
tener en el sentido de hacer Justicia ante nuestra prisión política.
Pero no es menor el hecho de que sienta un precedente jurídico y a
nosotros también nos interesaría que tuviera un alcance también de orden
político para ver la posibilidad de los desprocesamientos en el sentido
de validar una demanda, una reclamación sobre aquellos casos en que
estamos condenados de este tipo de forma.
Entiendo que a raíz de este fallo surge de parte de ustedes un emplazamiento al Estado, ¿no?
Sí, considerando que la condena de la
Corte Interamericana al Estado de Chile, particularmente al sistema de
justicia, dice relación con la aplicación de la Ley Antiterrorista y al
indebido proceso situado en el marco de esta normativa. Ese es un
elemento que a nosotros también nos provoca una vulneración de derechos
en el Juicio de Cañete, pero el otro tema que agrava la situación del
indebido proceso en nuestro caso es el que fuimos doblemente procesados,
lo que seguramente la Corte Interamericana va a revisar con bastante
detención y hacer un pronunciamiento categórico al respecto, creemos
porque entendemos que en ninguna legislación moderna o de contexto
democrático se puede utilizar una forma de enjuiciamiento en donde se
vulnera el derecho a que una persona no sea procesada dos veces por el
mismo hecho y nosotros efectivamente fuimos procesados paralelamente por
la justicia civil en Cañete y por la justicia militar de Concepción.
Incluso hubo dos sentencias contradictorias entre sí.
Reclamamos con mucha fuerza que la
condena de nosotros fue absolutamente injusta. De alguna manera nos
sentimos respaldados por esta resolución de la Corte Interamericana,
porque nuestra causa, en la sentencia en particular, quedó muy claro que
fuimos condenados sobre la base de la utilización del testigo
protegido, eso es así, fue visto por los jueces, la Corte Suprema y
quedó a firme, con lo que hay concretamente una vulneración del derecho a
la defensa y faltas de garantía. Ahora, queremos aclarar que en el caso
del Juicio de Cañete tuvimos la aplicación de la Ley Antiterrorista, su
uso desde el momento en que se presentan las querellas por parte de las
autoridades y desde que comienza la investigación, implicó recursos
como intervenciones telefónicas y otras situaciones relacionadas con el
actuar de la policía y los fiscales. Cuando tuvimos la detención se
generaron situaciones de largas prisiones preventivas, lo que no está
bien regulado por parte de la ley, la que incluso permite vulneraciones
de derechos como los apremios ilegítimos y la aplicación de tortura
contra los detenidos. Esto además del secreto de la investigación y otra
serie de situaciones. En el juicio se hacen además varias maniobras
para entrampar u obstruir cualquier tipo de defensa que pudieran hacer
nuestros abogados. En suma: La Ley Antiterrorista no permite debidos
procesos, y así lo ratifica la Corte Interamericana.
En concreto, ¿qué están exigiendo a las autoridades?
Nosotros siempre hemos emplazado, más
allá de presentar un cuestionamiento a la institucionalidad política y
jurídica como mapuche que vivimos en un estado de opresión. Más allá de
cuando somos llevados a tribunales por luchar por nuestras
reivindicaciones políticas y territoriales, emplazamos directamente al
Estado a que nos otorgue garantías de algún tipo. Si ya estamos en una
situación de desventaja por decirlo así, por lo menos la exigencia
básica es que se nos otorgue un juicio justo, sin leyes de este tipo,
leyes especiales, extraordinarias, que tienen vienen de otros contextos
que no compartimos y no comparten tampoco sectores democráticos.
Decimos que la demanda mínima es tener
un juicio justo, acceso a la defensa, porque en el contexto en que
fuimos procesados, siempre reclamamos y aducimos que había un
enfrentamiento al interior de una comunidad, cuando las fuerzas de
ocupación y policiales ingresan a las comunidades a allanar, ante un
conflicto por la tierra, un conflicto de justas reivindicaciones. Allí
se provoca un enfrentamiento donde hay una desventaja considerable,
estamos hablando de una situación injusta de por sí, y en ese contexto
se da este hecho de una supuesta “emboscada” a un fiscal, cuando siempre
argumentamos que existía un enfrentamiento, muy desigual por cierto.
Por eso lo consideramos un montaje y, en el contexto de la Ley
Antiterrorista y la persecución de la que hemos sido objeto, nunca
pudimos comprobar que existía una situación distinta a la tesis de la
Fiscalía. Cuestionamos este tipo de legislación porque en situaciones de
conflicto estas leyes se utilizan como un instrumento de persecución
política y esa es la razón por la que seguimos reivindicando el derecho a
tener un debido proceso. Además, nosotros fuimos víctimas de una
verdadera campaña mediática que demonizó la postura de nuestra gente, de
nuestro sector, y tuvimos en total de ventaja.
Nosotros fuimos objeto de la utilización
de la ley en toda su magnitud, pero al momento antes de provocarse la
sentencia el gobierno pidió la recalificación de los hechos y quitó la
tipificación de terrorista, pero eso no quita que se haya utilizado, o
que hayan quedado establecidos los estándares de prueba para poder
condenar. Los abogados se dan cuenta de que todo el proceso fue bajo
esta ley y que es indesmentible su utilización. Eso es lo que seguimos
denunciando ya a cinco años de esos hechos. Vamos a seguir reclamando y
exigiendo el derecho a un juicio justo, no sólo sobre la base del nuevo
antecedente, la resolución de la Corte Interamericana,sino también de
las observaciones que ha hecho el relator de Naciones Unidas, Ben
Emerson, quien planteó que las personas que hayan sido condenadas con
testigos protegidos debieran tener el derecho a un nuevo juicio bajo o a
una revisión de sus condenas.
Todos los organismos internacionales le
han dicho al Estado chileno que no tiene que ocupar esta ley en el
conflicto mapuche, por ser de orden político, social, histórico, que
tiene que ver con una demanda de justicia, de ética, de moral y eso ha
hecho que el gobierno tenga una cierta postura respecto a su
utilización, pero se sigue ocupando, ya que se sacan aspectos de esta
ley en otros procedimientos. Nosotros aún no tenemos ninguna solución,
ni en lo judicial ni político respecto a las demandas iniciales.
Exigimos una revisión o un nuevo juicio porque de no ser así seguramente
estamos a los pies de una futura condena por parte de los organismos
internacionales a la Justicia chilena.
¿Y qué camino tomarán si el gobierno insiste en mantener el caso Cañete cerrado, es decir, no volver a revisar la situación?
Nosotros vemos que se nos ha dado la
razón y en ese sentido, hay que dejar en claro que si hay un intento de
parte del gobierno actual de buscar alguna solución al respecto, también
tiene que darse una solución a los presos políticos mapuche y, muy
particularmente en una cuestión que para nosotros es esencial que es la
posición, coherente o incoherente, que va a tener este gobierno sobre la
Ley Antiterrorista. Han dicho que no van a aplicarla y si acogen las
recomendaciones internacionales de la ONU y la reciente resolución de la
Corte-IDH, emplazamos directamente a las autoridades ¿cuál va a ser la
situación de los presos políticos que hoy estamos condenados sobre la
base de la Ley Antiterrorista y la figura del testigo protegido?, ¿cuál
sería la situación de Ramón Llanquileo y Héctor Llaitul?, porque si no
nos dan una solución en el corto plazo, inmediatamente vamos a tener que
movilizarnos, seguramente con otra huelga de hambre para denunciar
estos hechos y eso lo estamos evaluando muy seriamente. Estamos dando la
oportunidad de buscar un mecanismo destino, pero si no vamos a tener
que emplazar de la única forma que nosotros hemos venido emplazando a
las autoridades. Hemos hecho cuatro huelgas de hambre denunciando esto,
cuatro huelgas en las que no ha habido una solución, así que seguramente
si vamos a seguir luchando por nuestros desprocesamientos va a tener
que ser nuevamente a través de una huelga, y esa es una situación que
está buscando el gobierno, de hecho nosotros tratamos de evitarla, pero
si no hay una respuesta, la nuestra va a ser en ese sentido.
Pese a las voces que apuntan a
la derogación de la Ley Antiterrorista, el gobierno convocó a una
comisión de expertos para su probable modificación, ¿cómo ven esto?
Desde la huelga del 2010 fuimos muy
claros al respecto, pedíamos el fin a la Ley Antiterrorista. Eso se
traduce hoy en día a la derogación. Consideramos que no debiera existir
una Ley Antiterrorista del tipo que existe, sobre todo ésta que tiene
resabios del tiempo de dictadura que por su origen y forma no se condice
con un Estado democrático. Más aun considerando que el fenómeno del
terrorismo no corresponde, y menos en la causa mapuche. Quienes lo
abordan desde ese ángulo son sectores con intereses comprometidos,
particularmente sectores empresariales y de la derecha económica,
quienes ven al pueblo mapuche como “el enemigo interno” y sus
expresiones o formas de protesta como “delitos terroristas” o lo
enmarcan en la delincuencia, no en el contexto de justicia que en
realidad solicitamos. La situación de protesta social tiene sus
antecedentes, no es un tema tan simple, tiene que ver con la pobreza, la
negación, la opresión, vulneraciones de derecho como el Estado y las
autoridades violentan a nuestro pueblo constantemente. Consideramos, y
así lo han dicho los organismos internacionales, que en Chile lo que
existe es protesta social, una lucha de un pueblo que trata de defender
sus derechos políticos, territoriales y eso no amerita esta ley ni
solución ni la criminalización exacerbada como ha estado sucediendo
hasta el día de hoy.
En ese sentido, ¿cómo interpreta
el clima que de estos últimos días sobre la violencia en La Araucanía y
la colocación de artefactos explosivos o incendiarios en la capital?,
¿ve algún vínculo?
Sí, efectivamente la situación de
ciertos episodios muy puntuales de colocación de artefactos explosivos
menores en Santiago ha tenido una mayor resonancia y ha contribuido
comunicacionalmente en los medios de comunicación, entendiendo que son
cajas de resonancia del empresariado, la derecha y los sectores
conservadores. No es menor ver allí atrás un interés de generar una
situación de alarma, por lo tanto nosotros creemos que hay un contexto
que se está creando, un clima que no necesariamente busca hacer frente a
situaciones particulares, sino que tiene que ver con seguir adelante
con políticas de criminalización de la protesta social y,
particularmente, con la mantención de la Ley Antiterrorista u otras
formas de normativas que permitan la represión en contra de los
movimientos sociales.
En el caso mapuche, claro, hay una
campaña muy fuerte y se nota de parte de los sectores más conservadores.
Son verdaderas campañas del terror por hacer la analogía, en el sentido
que si uno observa los diarios; El Mercurio, La Tercera, los diarios
locales afines a esta línea, permanentemente están planteando una
situación distinta, tratando de crear una alarma generalizada y
presionar con esto a las autoridades políticas para que tomen medidas
sobre tener estos mecanismos vigentes y en ese mismo sentido se entiende
lo que está sucediendo con la crítica que se está haciendo en torno a
la Ley Antiterrorista. La derecha quiere mantenerla, perfeccionarla a su
favor para recrudecer la persecución en contra de los movimientos, y en
caso del centro político están en una posición ambigua sobre si
modificar, modernizar, pero aún no queda claro cuáles son los alcances
de estos conceptos, cuando creemos que lo más correspondiente debiera
ser derogarla, pero bueno, estamos en un país donde las fuerzas
políticas están bajo lo que el poder determina, así que seguramente van a
buscar un consenso en el marco del perfeccionamiento de esta ley,
ajustándola entre comillas a ciertos estándares, pero la van a dejar
vigente para seguir criminalizando, como se ha dado en el marco de la
gobernanza neoliberal que tenemos en este tiempo.
En este escenario, ¿cuál es el llamado que hace la CAM a los dirigentes mapuche?
Nosotros siempre hemos estado claros de
la situación de nuestro pueblo. De hecho la existencia de la CAM tiene
ese denominador: surgimos producto de la agudización de contradicciones
entre nuestro pueblo y el Estado, además del capital nacional e
internacional que opera en el Wallmapu. Esa es la particularidad de que
exista un conflicto mapuche, una crítica más firme a la forma en la que
el Estado defiende el interés de los particulares. Nosotros sabíamos que
venían los procesos de criminalización, de judicialización, y una
persecución política muy direccionada contra algunos movimientos que
luchaban por la territorialidad y la autonomía. La Ley de Seguridad del
Estado primero y luego la Ley Antiterrorista, que existe desde el año 84
pero se ha aplicado principalmente en la gobernanza de la Concertación,
desde el 2002. De hecho yo soy uno de los primeros que fue querellado
por la Ley Antiterrorista en la zona de Arauco y en ese momento estaba
de gobernador, y fue quien presentó la querella, el actual ministro del
interior, Rodrigo Peñailillo. Hablamos ya de más de una década de
aplicación de la Ley Antiterrorista, la que se le ha aplicado muy
específicamente a la Coordinadora Arauco Malleco, de hecho, las personas
sobre las que cae esta resolución de la Corte Interamericana, fueron
parte de la Coordinadora, y entre los procesos de la CAM fueron
criminalizados.
¿Cómo proyecta la relación entre
las comunidades y el gobierno con los mecanismos que han anunciado para
hacer frente al conflicto?
Se aplique o no se aplique la Ley
Antiterrorista, tenemos que tener claro que los conflictos van continuar
porque hay una posición de parte de las autoridades de dar continuidad a
estas políticas, lo que se ven en el desarrollo, los planes y
programas, el plan de entrega de tierras, ante lo que hemos dicho que el
actual intendente de la novena región, Francisco Huenchumilla, muy
pronto iba a demostrar cuál era su verdadera cara en relación a asumir
el conflicto mapuche y hoy vemos que su posición en cuánto a la entrega
de tierras lo está retratando en esa línea, porque pensamos que esa
política ya colapsó, hizo crisis, y es uno de los elementos principales
en cuánto a la mantención de conflictos o la posible agudización. Se
esbozó de parte de los sectores más progresistas de la sociedad la
posibilidad de las expropiaciones, pero inmediatamente los sectores más
neoliberales se pronunciaron en contra de esta fórmula. En eso creemos
que las autoridades están equivocándose al abordar esto manteniendo la
política ya conocida, la que se enmarca en la lógica del mercado y bajo
el modelo capitalista, generando una serie de situaciones injustas desde
la cosmovisión mapuche. Eso va a agravar el conflicto.
Radio U. Chile
