Intentos
de asesinato y de secuestro, intimidaciones y agresiones y discriminación
sufrida a diario, estos son algunos de los muchos abusos que, según ha afirmado
Amnistía Internacional hoy en un nuevo informe, sufren en toda América los
pueblos indígenas por el simple hecho de defender sus derechos humanos.
La
organización ha publicado su informe, La larga lucha de los pueblos indígenas de américa en
defensa de sus derechos, la víspera
de la celebración, el 9 de agosto, del Día Internacional de los Pueblos
Indígenas del Mundo, y pone de relieve en él las numerosas desigualdades y
violaciones de derechos humanos que sufren los pueblos indígenas en todo el
continente americano.
“Los
pueblos indígenas de América continúan sufriendo toda una serie de abusos. A
comunidades enteras se les niega el acceso a sus tierras ancestrales, mientras
que otras son sometidas a represión violenta y a abusos por manifestarse
pacíficamente en demanda de sus derechos humanos”, ha señalado Erika
Guevara Rosas, directora del Programa de Amnistía Internacional para América.
En
el informe se indica que, comparados con otros ciudadanos, los miembros de los
pueblos indígenas tienen peores sueldos, reciben menos educación, tienen más
probabilidades de morir al dar a luz, en el caso de las mujeres, y tienen menos
esperanza de vida.
“Es
hora de que los países de América se den cuenta de que no pueden decir que son
libres y justos mientras las comunidades indígenas que viven en su seno
continúan sufriendo tan graves injusticias y soportando discriminación
sistemática”, ha añadido Erika Guevara Rosas.
La
organización documenta en el informe muchos casos de agresiones físicas y actos
de intimidación cometidos contra comunidades indígenas y sus líderes en los
últimos doce meses.
Por
ejemplo, el pasado 20 de mayo, unos hombres armados intentaron matar a Enrique
Cabezas, quien había estado haciendo campaña en favor del acceso a las tierras
ancestrales de su comunidad en la cuenca del río Curvaradó, en el noroeste de
Colombia. Actualmente hay una base militar en las tierras, que son propiedad
colectiva de las comunidades del Curvaradó y que éstas reclaman.
A
pesar de las medidas provisionales de protección que solicitó la Corte
Interamericana de Derechos Humanos en 2003, las comunidades del Curvaradó
consideran que los esfuerzos de las autoridades colombianas por garantizarles
la seguridad tienen graves deficiencias. Además, a pesar de las reiteradas
órdenes de la Corte Constitucional de Colombia, no se han devuelto las tierras
a las comunidades.
Amnistía
Internacional pide a los gobiernos de la región que creen y mantengan las
condiciones necesarias para que los líderes y demás miembros de las comunidades
indígenas puedan defender pacíficamente sus derechos sin temor a sufrir
represalias y para poner a disposición judicial a los autores de actos de
violencia contra defensores de los derechos humanos indígenas.
Además
de violencia y falta de protección suficiente por parte de los gobiernos, los
pueblos indígenas soportan también el sufrimiento diario de la discriminación y
la injusticia. Las mujeres indígenas, en particular, sufren múltiples formas de
discriminación, por su cultura, su clase y su género.
El
22 de enero de este año, la Fiscalía de Lima cerró los casos de más de 2.000
mujeres indígenas y campesinas pobres, a quienes las autoridades estatales
esterilizaron sin su consentimiento pleno e informado en la década de 1990. Al
dar por cerrado el asunto, el gobierno peruano deja de abordar los abusos
contra los derechos humanos perpetrados sistemáticamente contra las mujeres
indígenas y las mujeres que viven en la pobreza, con lo que les niega, de
hecho, justicia.
A
pesar de la discriminación generalizada y de las agresiones, los pueblos
indígenas han seguido adelante con su lucha por la justicia y los derechos
humanos. El año pasado se observaron avances en el reconocimiento y la
protección de sus derechos.
Tras
vivir durante más de 20 años en condiciones lamentables junto a una carretera
de primer orden, la comunidad indígena Sawhoyamaxa de Paraguay ha obtenido por
fin una victoria precursora. El 11 de junio, el presidente Horacio Cartes
promulgó la ley que permitirá a los Sawhoyamaxa regresar a sus tierras
ancestrales de la región de Chaco. El líder de la comunidad Sawhoyamaxa
Carlos Marecos respondió así a la decisión: “Los indígenas lloran sólo
cuando logran su libertad. Y hoy nos sentimos como si estuviéramos saliendo de
una cárcel, por eso, muchos lloraron de la emoción”.
“Amnistía
Internacional insta a todos los gobiernos de América a que promulguen
legislación y creen infraestructura para garantizar que los pueblos indígenas
pueden disfrutar de su derecho a la tierra, la alimentación, la educación, la
salud y la ausencia de violencia y de pobreza”, ha afirmado Erika
Guevara.
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