El
ataque por tierra de Israel contra la Franja de Gaza, que comenzó la pasada noche
tras 10 días de ataques de las fuerzas israelíes y los grupos armados
palestinos, acentúa la urgente necesidad de una actuación internacional para
proteger a la población civil de Gaza e Israel de nuevos crímenes de guerra a
manos de ambas partes, ha dicho hoy Amnistía Internacional.
“En
el implacable ataque aéreo de Israel sobre Gaza sus fuerzas demostraron un
flagrante desprecio por las vidas y los bienes civiles, que deben ser
protegidos con arreglo al derecho internacional humanitario”, ha dicho Philip
Luther, director del Programa Regional para Oriente Medio y el Norte de África
de Amnistía Internacional.
Según
la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) de las Naciones
Unidas, hasta las 3 de la tarde del 17 de julio, antes de que se iniciara el
ataque por tierra, ya habían muerto unos 240 palestinos , al menos 171 de
ellos, civiles (48 niños y 31 mujeres). El 15 de julio, un civil israelí
murió alcanzado por los disparos de artillería lanzados desde Gaza.
Según
los informes, al menos 30 palestinos más han muerto en la Franja de Gaza desde
el inicio del ataque por tierra.
“Los
ataques a la población civil y los ataques directos contra bienes de carácter
civil no tienen justificación. Ambas partes, que han violado reiterada e impunemente
el derecho internacional, deben rendir cuentas, y el primer paso para ello es
que la ONU encargue una investigación internacional”, ha dicho Philip
Luther.
Los
ataques israelíes han reducido a escombros o dejado inhabitables más de 1.780
viviendas, dejando sin hogar al menos a 10.600 residentes en Gaza. Bienes
civiles israelíes también han resultado dañados por el lanzamiento
indiscriminado de cohetes desde Gaza.
En
un ataque aéreo efectuado sin previo aviso a primeras horas del 10 de julio,
murieron ocho miembros de una misma familia en la vivienda de Mahmoud Lutfi
al-Hajj, en el campo de refugiados de Jan Yunis, en la Franja de Gaza, y
resultaron heridos más de 20 vecinos.
Yasser
Mahmoud Lutfi al-Hajj, uno de los miembros de la familia que sobrevivió, dijo a
Amnistía Internacional: “Vi a mi tío salir corriendo de la casa llevando
a mi madre muerta en sus brazos. Yo gritaba pidiendo verla [...] y luego fui al
hospital para ver si alguno había sobrevivido [...] encontré a mi hermano Tareq
aún con vida, pero murió más tarde. Me dio un ataque de ansiedad y me
inyectaron un tranquilizante.”
“Es
una zona muy poblada. El ataque no fue contra una vivienda, sino contra toda la
comunidad, y la destrucción fue total”, dijo a Amnistía Internacional
Mahmoud Atamneh, residente en la zona.
“El
ataque deliberado contra una vivienda civil es un crimen de guerra, y la
abrumadora magnitud de la destrucción de viviendas civiles, en ocasiones con
familias enteras en su interior, señala un preocupante panorama de violaciones
reiteradas de las leyes de la guerra”, ha afirmado Philip Luther.
Las
autoridades israelíes no han proporcionado información sobre casos concretos
que justifiquen estos ataques. A menos que puedan aportar dicha información,
todos estos ataques constituyen crímenes de guerra y suponen un castigo
colectivo.
Atacar
una vivienda civil con toda una familia dentro, incluso aunque alguna de las
personas que haya en ella sea miembro de un grupo armado palestino, es
probablemente un ataque desproporcionado.
En
algunos casos, las fuerzas israelíes han lanzado ataques aéreos contra
viviendas civiles sin previo aviso o sin que los residentes tuvieran tiempo
suficiente para evacuarlas. En otros, los misiles israelíes han alcanzado y
matado a la población civil en el exterior, sin que hubiera ninguna actividad
aparente de grupos armados palestinos en la zona.
Los
ataques aéreos y los bombardeos artilleros de Israel también han devastado las
infraestructuras de agua y saneamiento en toda la Franja de Gaza. Tres trabajadores
han muerto intentando efectuar reparaciones indispensables y las incesantes
hostilidades han hecho que en muchas zonas este tipo de obras resulten
demasiado peligrosas. El 16 de julio, la ONU informó de que al menos la mitad
de la población de Gaza –unas 900.000 personas– no recibía agua.
Los daños a las instalaciones de saneamiento y bombeo y la consiguiente
posibilidad de contaminación de los suministros de agua han creado una
situación de emergencia de salud pública.
“Las
infraestructuras de Gaza están al borde del colapso, y si continúa la falta de
agua no contaminada, las consecuencias podrían ser catastróficas”, ha
dicho Philip Luther.
Desde
el inicio del conflicto, al menos 84 colegios de Gaza han resultado dañados y
al menos 13 centros de salud han tenido que cerrar. El hospital de
rehabilitación Al-Wafa, en Shuja’iyyeh, se incendió por segunda vez el 17
de julio y el personal se vio obligado a evacuar a todos los pacientes, según
los informes bajo el fuego. Después, el centro hospitalario fue destruido.
“En
lugar de atacar centros médicos violando el derecho internacional, las fuerzas
israelíes deben proteger a médicos y pacientes, y garantizar que los heridos
pueden llegar en condiciones de seguridad a centros médicos de Gaza y, cuando
sea necesario, de fuera de la Franja”, ha dicho Philip Luther.
Israel
y Egipto deben garantizar que pueden entrar de forma continuada en la Franja de
Gaza los suministros médicos y la ayuda humanitaria que se necesitan con
urgencia, así como cantidades suficientes de combustible.
Hamás
y los grupos armados palestinos también están haciendo caso omiso del derecho
internacional y poniendo en peligro a la población civil. El 16 de julio, el
Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los
Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (OOPS), descubrió unos 20 cohetes
ocultos en un colegio vacío de la Franja de Gaza. Hay al menos 22.900 civiles
desplazados y muchos se refugian en 24 colegios administrados por el OOPS en
Gaza.
“Los
grupos armados palestinos en la Franja de Gaza no deben almacenar municiones en
zonas de viviendas, ni lanzar ataques desde ellas", ha dicho Philip
Luther.
“El
brazo armado de Hamás y otros grupos armados palestinos en Gaza, que han
lanzado más de 1.500 ataques indiscriminados con cohetes contra Israel, deben
poner fin de inmediato a tales crímenes de guerra”, ha dicho Philip
Luther.
Amnistía
Internacional pide de nuevo a la ONU que imponga un embargo de armas a todas
las partes en el conflicto para impedir que sigan cometiéndose graves
violaciones del derecho internacional.
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