El 7 de Noviembre de 2002, el comunero Alex
Lemun Saavedra (17 años), weichafe de la comunidad Requem Lemum recibió
un disparo en la cabeza percutado por el entonces mayor de carabineros
Marco Treuer Heyssen, quien hasta el día de hoy, a pesar de que fue
declarado culpable por "violencia con resultado de muerte" permanece
impune, habiendo continuado ejerciendo sus funciones como carabinero.
El día de los hechos, Lemun se encontraba junto con otros comuneros
en el fundo Santa Alicia , en proceso de recuperación territorial y
propiedad de la Forestal Mininco, cuando un escuadrón de carabineros con
Treurer al mando se presenció en el lugar, iniciándose un allanamiento
que, según los informes judiciales, derivó en un enfrentamiento que los
funcionarios trataron de aplacar con gases lacrimógenos y balines de
goma.
En medio de los hechos, Lemun recibió una bala de plomo en la cabeza,
que recorrió “unos diez centímetros en su trayectoria para quedar
finalmente alojado a la altura de la nuca”, señaló más tarde el parte
médico.
Tras el impacto fue auxiliado por su comunidad y trasladado después
al Hospital de Temuco para ser fnalmente ingresado en la Clínica
Alemana, donde lo derivó el gobierno, y falleció tras permanecer 5 días
en agonía con respiración asistida.
Treurer fue declarado por la Fiscalía Militar de Angol culpable por
“violencia innecesaria con resultado de muerte”. El fiscal falló que no
existía justificación alguna para la utilización de la escopeta por
parte del carabinero, quien recurrió tras ello a la Corte Marcial, que
finalmente revirtió el fallo quedando el último en completa impunidad.
El caso de Lemun, el primero gratuito de una sucia lista que
obstaculiza el avance hacia una solución entre Wallmapu y el estado
chileno, fue acogido el pasado mes de enero por la Corte Internacional
de los Derechos Humanos (CIDH) , por evidenciar posible violación de los
derechos a la vida, a la integridad personal , a la protección especial
a la niñez, a la igualdad ante la ley, a las garantías judiciales y a
la protección judicial.
Fuente El Ciudadano