Si
estar recluido en una cárcel fuera un trabajo, en EE.UU. sería uno de
los empleos más comunes. En 2012 había aproximadamente 1.570.000
presidiarios en prisiones estatales y federales en ese país, según
recientes datos del Departamento de Justicia.
En
comparación, para el mismo año se contabilizaron aproximadamente
1.530.000 ingenieros, 815.000 obreros de la construcción y 1 millón de
profesores de escuela secundaria, según la Oficina de Estadística del
Trabajo.
Hay
que aclarar que algunas ocupaciones son mucho más populosas que los
reclusos: Más de 4 millones de estadounidenses trabajan en ventas
minoristas, y más de 6 millones son meseros. De todos modos, el número
de reclusos del Departamento de Justicia no incluye a presidiarios que
se encuentran en cárceles de las ciudades y los condados, una cifra
difícil de estimar, ya que los condados y las ciudades manejan sus
propios archivos y no informan a las autoridades federales, según ‘Huffington Post‘.
Aun
así, hay casi cinco veces más personas en las cárceles que en 1980,
cuando la guerra contra las drogas estaba tan solo empezando. “Casi la
mitad de los presidiarios que llenan nuestras prisiones federales son
encarcelados por delitos de drogas”, aseguró Raúl Labrador,
representante del estado de Idaho, durante una declaración la semana
pasada.
Labrador
y el representante demócrata Bobby Scott formaron un equipo para
introducir una ley destinada a reformar las leyes condenatorias del
país. La iniciativa ha sido respaldada por otros representantes de ambos
partidos.
“Concederles
a los jueces federales más discreción a la hora de condenar los delitos
no violentos relacionados con la droga es lo que se debe hacer”, dijo
Scott en una declaración. “Los estudios de los mínimos obligatorios
concluyen que estos no han reducido el delito, gastan el dinero de los
contribuyentes y, a menudo, requieren la imposición de sentencias que
violan el sentido común”, agregó.
LAS CÁRCELES PRIVADAS EN EE.UU. Y LOS IMIGRANTES
En
su lucha contra la superpoblación de las prisiones estatales, la
Administración estadounidense dio permiso a empresas privadas para abrir
sus propias instituciones penitenciarias. Se sobrentiende que, a
diferencia de las instituciones financiadas con el dinero público, estas
cárceles tienen fines de lucro.
Entre
los años 1999 y 2001 las cárceles privadas experimentaron dificultades
graves y tuvieron que encontrar nuevas fuentes de ingresos para
sobrevivir. Y la oportunidad no se hizo esperar: concentraron su
atención en la detención de inmigrantes. Tras la adopción en 1996 de la
Ley de Responsabilidad para Inmigrantes, que cambió la política de
EE.UU. respecto a la inmigración, la cantidad de arrestos se triplicó.
Además, después de septiembre de 2001, la detención de inmigrantes se
volvió a disparar creando amplias posibilidades para el negocio de las
prisiones, que se encargó de recoger a casi la mitad de los inmigrantes
arrestados.
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Fuente El Ciudadano
