El
ex presidente chileno Augusto Pinochet fue detenido en Londres el 16 de octubre
de 1998, en una acción que cambió para siempre la idea de justicia
internacional. Quince años después, dos de los principales actores de esa
historia –el abogado español Joan Garcés y la ex investigadora de
Amnistía Internacional sobre Chile, Virginia Shoppeé– comparten sus
recuerdos acerca de un suceso que causó estupor entre los observadores de ambos
lados del Atlántico.
El
3 de octubre de 1998, Virginia Shoppeé estaba en su escritorio de la sede en
Londres de Amnistía Internacional, haciendo su repaso diario de las últimas
noticias sobre Chile, cuando se encontró con un sorprendente despacho de la
agencia France-Presse. El ex presidente de Chile, el general retirado Augusto
Pinochet, estaba a punto de emprender un viaje a Europa, incluyendo el Reino Unido.
Amnistía
Internacional había realizado un abundante trabajo de denuncia de las
atrocidades perpetradas por el régimen de Pinochet, que había sido responsable
de la desaparición de más de 3.000 personas y la tortura de miles más durante
sus 17 años de gobierno.
La
idea inicial de Shoppeé fue que el viaje de Pinochet a Europa brindaba la
oportunidad de continuar con ese trabajo. Habló del tema con Javier Zúñiga,
director del programa de Amnistía Internacional sobre América, y redactó el
primero de los muchos documentos que sobre Pinochet publicaría la organización
en las semanas siguientes.
El
documento recordaba a todos los gobiernos de Europa, incluido el de Reino
Unido, que tenían la obligación de detener a Pinochet en virtud de las
disposiciones de la Convención contra la Tortura. Pero Shoppeé admite que nunca
pensó que la detención de Pinochet fuera realmente posible: “Publicamos
ese primer documento sobre la visita de Pinochet a Europa porque pensamos que
era lo menos que podíamos hacer, pero no esperábamos una gran repercusión. Yo
había estado en Chile siete meses antes, y me había reunido con políticos,
víctimas y familiares de víctimas y con representantes de ONG. Ninguno de ellos
pensaba en la detención de Pinochet. Las violaciones de derechos humanos
cometidas durante su gobierno se consideraban un caso cerrado.”
Sin
embargo, los procedimientos judiciales para detener a Pinochet ya habían sido
iniciados: los había puesto en marcha en julio de 1996 Joan Garcés, un abogado
español y ex asesor de Salvador Allende, el ex presidente chileno que fue
depuesto –y murió– en el golpe de Estado de Pinochet.
Garcés
pensó que podía acusarse a Pinochet utilizando los principios de la
jurisdicción universal, que en teoría permitía a los Estados investigar y perseguir
a personas por delitos cometidos en otros países.
El
abogado recuerda que se sintió alentado por los progresos realizados respecto a
las atrocidades cometidas por el régimen militar de Argentina: “La
Audiencia Nacional española había admitido en 1996 una querella presentada por
víctimas de tortura y desaparición forzada en Argentina, después de que el
Parlamento admitiera en 1985 que la jurisdicción universal podía aplicarse en
casos de crímenes contra la humanidad, terrorismo y genocidio.”
Garcés
presentó una querella similar sobre Chile, y su equipo empezó a reunir pruebas
para presentarlas ante la Audiencia Nacional. Decenas de víctimas de la
represión militar chilena viajaron a España para testificar.
“Esperábamos
el momento adecuado para pedir una orden de detención internacional contra
Pinochet. Era una cuestión compleja. Teníamos que esperar a que viajara a un
país cuyo poder judicial fuera lo bastante fuerte e independiente como para
resistir la presión política y diplomática que generaría su detención.”
Ese
momento llegó cuando se confirmó la visita de Pinochet a Reino Unido. El 15 de
octubre, el equipo de Garcés presentó ante la Audiencia Nacional una petición
de orden de detención contra Pinochet, con el fin de que fuera extraditado a
España para ser juzgado. La orden se envió a las autoridades británicas y, a
primera hora del día siguiente, Pinochet fue arrestado. Permaneció bajo
custodia en The Clinic, un costoso hospital privado en el que acababa de
someterse a una operación.
Era
la primera vez que se detenía a un ex jefe de gobierno sobre la base del
principio de jurisdicción universal.
El
equipo de Garcés empezó a trabajar entonces con Amnistía Internacional para
apoyar la solicitud de extradición. La organización asumió un papel de
liderazgo en los intentos por conseguir que el general retirado fuera enviado a
España para ser juzgado, tal y como explica Virginia Shoppeé: "La
detención de Pinochet marcó un hito en la lucha por los derechos humanos. No
podíamos dejar que se quedara en un simple artículo de cuatro frases publicado
en un periódico. Teníamos que aprovechar la oportunidad y ayudar a llevarlo
ante un tribunal."
Los
jueces británicos resolvieron en 1999 que Pinochet debía ser extraditado a
España, pero esa extradición no llegó a producirse. El entonces ministro del
Interior, Jack Straw, ordenó en el año 2000 su liberación por motivos de salud,
después de que un controvertido examen médico declarara que Pinochet no estaba
en condiciones de comparecer ante un tribunal. Pinochet regresó, libre, a
Chile.
Garcés
y Shoppeé creen que entró en juego la política. No obstante, ambos están de
acuerdo en que, aunque el resultado de la detención de Pinochet no fue el que
habían deseado, su caso marcó un hito fundamental en la lucha contra la
impunidad de Pinochet y en favor de los derechos humanos. Garcés dice:
“Los jueces británicos se tomaron el proceso muy en serio y, por último,
la postura predominante fue la que nosotros pensábamos que era conforme al
derecho internacional. Pero, al final, el gobierno británico, movido por la
presión política de los gobiernos chileno y español, y por intereses económicos
y diplomáticos, así como por otros intereses turbios, no permitió que siguiera
adelante.”
“No
debemos olvidar que Pinochet murió como prófugo de la justicia. Le quedó claro
que la sociedad internacional lo consideraba un criminal."
El
día que Pinochet regresó a Chile, se iniciaron decenas de demandas judiciales
contra él. Virginia Shoppeé dice:
“Pinochet
no volvió a Chile como una persona inocente, como un ex presidente acusado
injustamente, sino como un hombre culpable de violaciones de derechos humanos
cuya extradición no se había permitido por motivos de salud.”
“Las
reclamaciones de las víctimas volvían a ser una cuestión pública. Chile había
cambiado. Ya no era el Chile que visité en marzo de 1998, en el que nadie
quería hablar de los crímenes de lesa humanidad cometidos por el gobierno
militar. Chile tenía que hacer frente a las atrocidades del pasado, un pasado
que el país negó hasta que Pinochet fue puesto bajo custodia en Londres.”
La
batalla legal para extraditar a Augusto Pinochet
Julio
de 1996
Se
presentan ante la Audiencia Nacional de España las querellas iniciales contra
Augusto Pinochet.
Febrero
de 1997
Se
inician las investigaciones judiciales en España.
Octubre
de 1998
El
juez español Baltasar Garzón Real emite un auto oficial a las autoridades
británicas para interrogar a Augusto Pinochet.
Augusto
Pinochet es puesto bajo custodia policial en Londres.
El
juez Baltasar Garzón emite una orden de detención internacional contra Augusto
Pinochet para preparar la solicitud de extradición.
El
Tribunal Superior de Reino Unido resuelve que Augusto Pinochet goza de
inmunidad frente a la extradición por su condición de ex jefe de Estado. La
fiscalía de Reino Unido apela contra la decisión del Tribunal Superior.
Noviembre
de 1998
El
Comité Judicial de la Cámara de los Lores, máximo tribunal de Reino Unido,
anula la sentencia del Tribunal Superior y resuelve que Augusto Pinochet no
goza de inmunidad procesal.
Diciembre
de 1998
La
resolución de los Lores es anulada, tras un recurso que impugnaba la
composición del tribunal por los vínculos que unen a uno de los jueces lores
con Amnistía Internacional.
Marzo
de 1999
Los
Lores resuelven de nuevo que Augusto Pinochet no goza de inmunidad procesal por
los actos de tortura cometidos cuando era jefe de Estado, y que puede ser
extraditado.
Octubre
de 1999
Comienzan
las vistas sobre la extradición de Pinochet en el tribunal de primera instancia
de Bow Street. El magistrado Ronald Bartle ordena la extradición de Pinochet.
Noviembre
de 1999
El
gobierno chileno pide a las autoridades británicas que realicen exámenes
médicos a Augusto Pinochet para considerar la posibilidad de concederle la
libertad por motivos humanitarios (demencia).
Marzo
de 2000
Augusto
Pinochet regresa a Chile después de que el ministro del Interior británico,
Jack Straw, decida detener, por motivos de salud, los procedimientos de su
extradición a España.
Para más información, por favor contacte
a:
Viviana
Lorente, Directora de Comunicaciones (s) de Amnistía Internacional - Chile,
