La ONU ha instaurado el 26 de junio como el Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura. En Chile, dicha conmemoración la ha asumido la Comisión Etica Contra la Tortura (CECT-Chile),
que fue creada en marzo del 2001 para exigir que el Estado chileno
asumiera su responsabilidad de verdad, justicia y reparación para con
las víctimas de tortura de la dictadura militar-empresarial. Gracias a
las gestiones de la CECT, el 3 de agosto de 2003 el entonces Presidente de la República dio a conocer la constitución de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura.
No obstante, la Comisión Etica contra la
Tortura ha considerado su necesaria permanencia en el tiempo, debido a
la ausencia de un Plan Nacional de Derechos Humanos y a la insuficiencia
de las medidas adoptadas por el Estado de Chile en estas materias.
Se ha establecido que, aproximadamente,
500 mil personas pasaron por los centros de tortura de la dictadura,
sobreviviendo a ello y habiendo quedado con secuelas físicas y psíquicas
que, en muchos casos, son irreversibles.
La tortura ha sido un instrumento de
sometimiento de la población, al haberse situado en el centro de la
acción represiva de la dictadura militar-empresarial. La desaparición
forzada de personas y las ejecuciones de prisioneros tuvieron como
inicio la aplicación de tormento.
Sin duda, la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (Comisión Valech)
ha significado un avance en humanidad. No obstante, la práctica de la
tortura ha continuado hasta el presente. Por tanto, debe ser eliminada
siguiendo los principios de la Convención Internacional contra la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes. Ello implica que el Estado de Chile reconozca que la tortura es un crimen.
Debe dictarse una ley de Reparación
Integral para las víctimas de tortura. Se deben restituir los derechos
civiles y políticos a los ex presos políticos que mantienen
inhabilidades derivadas de procesos civiles y militares o por
inhabilidades establecidas en la Constitución. Los autores materiales e
intelectuales de tortura deben ser inhabilitados para el ejercicio de
cargos en el aparato del Estado. Los derechos humanos deben ser
incorporados en los currícula de todos los niveles del sistema
educacional y en la formación de las FFAA y de Orden.
En cuanto a los aspectos que las
Comisiones de Verdad han dejado pendientes, la Comisión Etica contra la
Tortura plantea que deben ser consideradas jurídicamente como víctimas
las personas detenidas en manifestaciones públicas. Deben ser
incorporadas como víctimas las personas torturadas fuera de los recintos
oficiales de detención. Deben recibir reparación las víctimas ya
fallecidas, los extranjeros torturados en el país y quienes fueron
detenidos por menos de cinco días. Debe establecerse justicia y
reparación a los chilenos torturados en el exterior, en el marco de la Operación Cóndor.
Se debe otorgar “el derechos a una indemnización justa y adecuada” a
las víctimas y a sus familias, conforme al artículo 14 de la Convención
Internacional contra la Tortura. Se debe anular la cláusula que impide a
los Tribunales tener acceso antes de 50 años a las imputaciones de
delitos denunciados ante la Comisión Nacional de Prisión Política y
Tortura.
Recientemente, la Comisión Etica contra la Tortura, entre sus planteamientos dirigidos al Consejo de Derechos Humanos de la ONU,
a ser presentados al Segundo Ciclo del Examen Periódico Universal
(EPU), a realizarse en enero/febrero de 2014, en aras de la erradicación
de la tortura en Chile y que tienen como base las recomendaciones
dirigidas al Estado de Chile en el primer examen efectuado el 8 de mayo
de 2009, ha reiterado la relevancia de la implementación del Mecanismo
Nacional de Prevención de la Tortura y el nombramiento de la Comisión
Nacional de Prevención de la Tortura. Desde febrero de 2010, Chile debió
crear una o varias instancias para la prevención de la tortura, tras la
ratificación realizada por Chile del Protocolo Facultativo a la
Convención Internacional contra la Tortura y Otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos o Degradantes, bajo el decreto Nº 340 del 14 de
febrero de 2009. En segundo lugar, la CECT exige asegurar la
investigación de todas las denuncias de tortura, especialmente por parte
de la policía y las fuerzas de seguridad. Y, en tercer lugar, la CECT
exige la derogación de la disposición de la Ley de Reparaciones Nº
19.992, que facilita la impunidad de las torturas cometidas durante la
dictadura militar.
Estas son algunas de las respuestas que
la Comisión Etica contra la Tortura (CECT-Chile) ofrece a quienes
postulan un “punto final” bajo el eufemismo de “reconciliación”, tal
como señala el comandante en jefe del Ejército, general Juan Fuente-Alba (“El Mercurio”,
14-7-13, pág. C9), quien “admite “pena” y “tristeza” por los más de 30
efectivos en retiro condenados en causas de derechos humanos, y más de
cien procesados por la misma razón, que permanecen “anclados” y
“encadenados” a hechos de hace cuatro décadas, y cuya avanzada edad y,
en algunos casos, delicado estado de salud ameritarían, dice sin entrar
en más detalles, una mirada “humanitaria”.
Frente a esta y otras veladas amenazas
de los responsables de los crímenes y latrocinios cometidos desde el 11
de septiembre de 1973 en adelante y que todo el mundo ha conocido y
repudiado, la Comisión Etica contra la Tortura mantiene, como apoyo a
las víctimas de la tortura de ayer y de hoy, el principio de la
implicancia indisoluble de verdad, justicia y reparación integral.
Hervi Lara
Comisión Ética contra la Tortura (CECT-Chile).
16 de julio de 2013
Fuente El Ciudadano
