La comunicación es un Derecho Humano, no una mercancía
El pueblo de Argentina celebra este
10 de octubre los primeros tres años de la promulgación de la ley de
Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA). Esta ley sigue la
orientación de normas sinónimas que se han promulgado en otros países
del mundo, que reconocen y establecen tres tipos de prestadores de
servicios en materia comunicación: 1) comerciales (con fines lucrativos
de individuos o empresas); 2) públicos (pertenecientes a los Estados,
municipalidades, provincias y entidades públicas nacionales, como
universidades, instituciones oficiales autónomas y pueblos originarios);
y 3) los sin fines de lucro (gestionados por asociaciones civiles,
fundaciones, cooperativas y sindicatos, entre otros sectores).
A pesar de las mil maniobras jurídicas y presiones políticas que ha
venido desarrollando el Grupo Clarín, principal poder mediático, se
registran algunos logros importantes en el marco de la democratización
de las comunicaciones en Argentina.
Para El Salvador y para toda América Latina esta ley de comunicación
ha significado mucho, sobre todo porque ha venido a demostrar que cuando
existe voluntad política para cambiar las cosas que no marchan bien, se
deben de asumir todos los riegos –políticos y económicos- necesarios
para transformar y modificar las leyes que no permiten que la ciudadanía
goce plenamente de sus derechos.
En nuestro país, todavía la comunicación es un privilegio que
solamente disfrutan los pocos oligopolios de la comunicación. La
comunicación se sigue viendo como una mercancía, no como un derecho
humano que debemos disfrutar todas y todos los salvadoreños.
En Argentina, el Grupo Clarín, según datos oficiales, es dueño de más
de 240 frecuencias que se reparten entre sistemas de cable, radios en
FM y AM, y canales de televisión abierta. En El Salvador, los
oligopolios de la comunicación son dueños de casi la totalidad del
Espectro Radioeléctrico (recurso natural, de carácter limitado, que
constituye un bien de dominio público, sobre el cual el Estado ejerce su
soberanía).
Asumir que la comunicación es un de derecho de todas las personas, y
que todos y todas tenemos derecho a expresarnos con libertad y que la
comunicación no debe ser un negocio comercial de unos pocos, no es
fácil. Ciertamente, esta nueva forma de ver la comunicación tiene que
ser asumida por la ciudadanía salvadoreña, para que ésta exija a los
funcionarios/as que sean congruentes con el principio de la supremacía
de los derechos humanos sobre el mercado; una tarea compleja ya que en
país – por norma – siempre se ha privilegiado a los mercaderes de la
comunicación.
Quizás ello explique la postura del Presidente Mauricio Funes y de
sus funcionarios vinculados a las comunicaciones, que le apuestan
únicamente a una legislación que desarrolle los medios públicos, tan
marginados en las administraciones anteriores. Esta apuesta es
importante pero insuficiente, por cuanto no enfrenta de forma directa
los problemas estructurales que impiden el pleno ejercicio de la
comunicación como un derecho humano; entiéndase por tales problemas, la
concentración, la consolidación de los oligopolios, la ausencia de
espacios de respuesta y réplica, entre otros.
Esta realidad nos debe preocupar mucho a todos y todas las
salvadoreñas, pues la digitalización de las frecuencias de radio y
televisión –que está a la vuelta de la esquina- vendría a fortalecer
más a los oligopolios de comunicación y no nos permitirá abrir la puerta
que nos lleve a democratización de las comunicaciones, donde puedan
convivir medios públicos, comerciales y sin los fines de lucro.
Oscar A. Pérez
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