Así, por ejemplo, Tania Tamayo nos cuenta como el anti-héroe de esta
historia verdadera (de cuyo nombre no quiero acordarme), antes de ser
fiscal fue un abogadillo mediocre, titulado en una Universidad de
tercera categoría (de esas de lucro, por suerte ya desaparecida, uno de
cuyos propietarios fue un general rastrero, uno de esos que desangraron
Chile durante casi diecisiete años).
Presentación del libro de Tania Tamayo: Caso bombas. La explosión en la fiscalía sur
Estamos ante un libro de palpitante actualidad.
Caso Bombas. Explosión en la Fiscalía Sur de Tania Tamayo Grez devela
con gran rigor y lujo de detalles el más grande escándalo (y fracaso)
judicial de los últimos tiempos en Chile.
Pero esta obra no solo es importante porque desmonta paso a paso la
sórdida maquinación del poder y de algunos de sus agentes más serviles
del aparato político, policial y judicial en contra de víctimas
propicias (por la tipificación de okupas y anarquistas como encarnación
del mal, de las fuerzas disolventes del orden social y de la
contestación política), sino también porque al develar una operación que
pretendió ser cuidadosamente preparada (pero que terminó en un fiasco
total), podemos vislumbrar aspectos sustantivos de un modo de operar de
los poderes fácticos en la sociedad chilena actual.
Con el trabajo de Tania Tamayo sobre el “caso bombas” una buena parte
de nuestro sistema político y judicial queda al desnudo. Porque su obra
demuestra la porosidad de las fronteras entre los poderes del Estado,
especialmente entre el Ejecutivo y el Judicial, quedando al desnudo el
mito de la separación de poderes tan asentado en los discursos
hegemónicos de los políticos profesionales y de los grandes medios de
comunicación. También queda en evidencia el rol servil y acomodaticio de
los principales medios de comunicación, su sumisión frente al poder, su
monstruosa capacidad de manipulación, intoxicación de las conciencias y
desinformación de la ciudadanía. Igualmente permite apreciar las
grandes posibilidades que ofrece nuestro sistema político y judicial
para que oscuros personajes, eminentes mediocridades, hagan lucrativas y
mediáticas carreras a condición de actuar de manera inescrupulosa y
obsecuente con los dictados de los poderosos.
Así, por ejemplo, Tania Tamayo nos cuenta como el anti-héroe de esta
historia verdadera (de cuyo nombre no quiero acordarme), antes de ser
fiscal fue un abogadillo mediocre, titulado en una Universidad de
tercera categoría (de esas de lucro, por suerte ya desaparecida, uno de
cuyos propietarios fue un general rastrero, uno de esos que desangraron
Chile durante casi diecisiete años). Un abogadillo que cuando fue fiscal
nunca litigó, pero que hizo permanente gala de gran olfato mediático
para impresionar a los administradores del poder político (hay que
reconocer que lo logró ya que a pesar de la crónica anunciada de su
fracaso judicial, recibió como recompensa por su obediencia un
jugosísimo cargo -con sueldo equivalente al de un parlamentario o un
ministro de Estado- en el Ministerio dirigido por quien dirigió la mise
en scène de esta triste comedia mediático-política-judicial).
Pero para evaluar el gran valor de esta obra (una excelente muestra del periodismo
crítico, del periodismo de investigación sobre temas trascendentes, género muy escaso en nuestro país), es preciso situarse más allá de sus personajes y del propio “caso bombas”.
crítico, del periodismo de investigación sobre temas trascendentes, género muy escaso en nuestro país), es preciso situarse más allá de sus personajes y del propio “caso bombas”.
Ya decía que el libro de Tania Tamayo es también un juicio al sistema
político y judicial resultante de la “transición chilena”. Porque a
estas alturas no debería extrañarnos que en el Chile actual –cuyo marco
político fue el fruto de una negociación a espaldas de la masa ciudadana
entre representantes de la dictadura pinochetista y dirigentes de la
oposición moderada a ese régimen- las limitaciones a las libertades
democráticas y los actos ilegales de autoridades y agentes del Estado
sean pan de cada día. Cualquier observador medianamente perspicaz puede
darse cuenta que el “enemigo interno” sigue siendo el objetivo principal
del celo represivo del Estado chileno. Así como en el siglo XIX este
“enemigo interno” estuvo personificado por los “rotos alzados” y en el
siglo XX por los anarquistas, comunistas, “subversivos”, “marxistas” y
”extremistas” de variada índole, desde 1990 lo han sido también los
“subversivos”, junto a “terroristas”, “anti-sociales” y “delincuentes”,
conceptos flexibles que se aplican de manera separada o en amalgama,
según las coyunturas y designios del poder, a mapuches, okupas,
anarquistas, jóvenes populares y variadas categorías de izquierdistas o,
simplemente, a personas o grupos que manifiesten comportamientos
disruptivos frente al actual orden social.
El carácter de la transición chilena –“amarrada” y vigilada por los
poderes fácticos y con desmovilización social alentada por el bloque
concertacionista que gobernó el país durante veinte años- ha dado como
resultado una democracia restringida, tutelada y de baja intensidad, que
ha mantenido y reforzado las bases del modelo de economía y sociedad
neoliberal. Las decenas de personas ejecutadas por las fuerzas
represivas del Estado en “enfrentamientos” y en movilizaciones sociales
desde 1990 hasta nuestros días (en su inmensa mayoría bajo los gobiernos
concertacionistas), la fuerte represión a las manifestaciones de
protesta social, la inveterada costumbre policial de torturar, vejar y
abusar de su poder, y la actuación igualmente abusiva e ilegal de
policías y fiscales que recurren a montajes para incriminar y condenar a
sus perseguidos (como si tuviesen que llegar a toda costa a una “cuota”
de condenados para afirmar sus grises carreras profesionales), la
intervención descarada de altos representantes del poder político (como
el Ministro del Interior Rodrigo Hinzpeter) en montajes policíacos en
concomitancia con los servicios de espionaje e inteligencia de una
potencia extranjera (los Estados Unidos) para acusar y condenar a
inocentes (como el pakistaní Saif Khan), son elementos congruentes con
el carácter de la transición política que se dio en Chile en la fase de
declive de la dictadura, el tipo de Estado, de democracia y de modelo
económico y social que existe en la actualidad. Al igual como lo fue,
hace algunos años, la solicitud de ayuda del entonces Ministro del
Interior concertacionista Edmundo Pérez Yoma a los servicios de
inteligencia de la misma potencia imperial para combatir la “subversión”
mapuche, como quedó al descubierto en los documentos secretos
norteamericanos publicados por Wikileaks.
La democracia tutelada así lo exige. Primero fueron los “subversivos”
de los años 90, ahora son los mapuches, anarquistas, “terroristas”,
estudiantes y “delincuentes”. Mañana serán otros los que encarnarán al
“enemigo interno”. La amalgama reduccionista, reiterada y machacada por
los políticos del sistema y los medios de comunicación, siempre da
buenos resultados. Al menos mientras no exista suficiente masa ciudadana
con sentido crítico y reflexivo.
Ante esto, surgen muchas interrogantes: ¿Qué podemos hacer los
ciudadanos que logramos percibir estas realidades y que no disponemos de
los recursos del poder económico y político? ¿Cómo impedir tanto abuso y
prepotencia del poder del Estado y sus representantes?, ¿Qué caminos
escoger para que nuestras acciones sean útiles y no meros ejercicios
testimoniales?, ¿Cómo evitar que nuestros propios actos sirvan a los
propósitos de quienes se proponen criminalizar y judicializar las
protestas sociales? ¿Qué hacer para que las libertades se amplíen y no
disminuyan?
La respuestas son ciertamente complejas, pero tengo la convicción de
que solo la lucha democrática, intransigentemente democrática, de la
mayoría oprimida, explotada y perjudicada de diversas maneras por el
actual sistema puede ser el punto de partida de futuros proyectos de
emancipación. La movilización militante con apoyo social por la defensa
del debido proceso, de las garantías judiciales y de los Derechos
Humanos de los presos y detenidos; por el respeto a la presunción de
inocencia hasta prueba de contrario; por la salvaguardia del honor de
los acusados, y contra los montajes policiales y judiciales, son algunos
de los combates que hoy se pueden dar en esa perspectiva. Los ejemplos
de las luchas desarrolladas por los presos políticos mapuches y por los
acusados en el “caso bombas”, sus organizaciones, familiares y redes de
apoyo, indican el camino. Los montajes judiciales comienzan a
desmoronarse. Los montajes que puedan surgir en el futuro deberán ser
objeto de la crítica demoledora de la inteligencia y movilización
ciudadanas. En esas luchas, los intelectuales que no se han convertido
en “científicos asépticos” o en consiglieri estipendiados del Príncipe,
deberían hacer oír su voz. Caso Bombas. La explosión en la Fiscalía Sur
es un excelente ejemplo de lo que pueden hacer los intelectuales
críticos. ¡Felicitaciones a su autora!
Sergio Grez T.
Santiago, Parque por la Paz Villa Grimaldi, 11 de agosto de 2012
Fuente www.radiodelmar.cl
