Ni
una muerte más, ni un arresto ilegal más, no al estado de emergencia,
no al abuso de poder, no a la criminalización de la protesta. Que no
queden impunes estos hechos. Exigimos investigación y que se establezca
el grado de responsabilidad del presidente Ollanta Humala.
MANIFIESTO CONTRA LA VIOLENCIA INDISCRIMINADA E INADMISIBLE
EJERCIDA HACIA CIUDADANAS Y CIUDADANOS DE CAJAMARCA POR PARTE DEL
GOBIERNO DE OLLANTA HUMALA
Este manifiesto nace fruto de la conmoción sentida ante los hechos
ocurridos en la localidad de Celendín, Perú, donde se ha atentado de
modo directo contra lxs ciudadanxs que allí se manifestaban, teniendo
que lamentar la muerte de tres personas, al mismo tiempo que se han
llevado a cabo una serie de arrestos ilegales.
La respuesta del gobierno peruano, ante las protestas de la población
cajamarquina, ha sido declarar -sin fundamento jurídico- el estado de
emergencia para reprimir a la población, con la intromisión de las
fuerzas militares, lo que constituye una violación de los derechos
fundamentales de lxs ciudadanxs. De este modo, se pretenden proteger los
intereses privados de la transnacional Newmont Mining Corporation,
ignorando el rechazo expresado por la población de Cajamarca, cuya
protesta pacífica viene realizándose desde hace meses atrás.
Las protestas de lxs ciudadanxs cajamarquinxs están dirigidas a la
defensa legítima de sus medios de vida y de los recursos hídricos, que
serían seriamente afectados si se llegara a ejecutar el proyecto
megaminero Conga.[1]
De esta manera declaramos, en apoyo a nuestrxs hermanxs peruanxs, lo siguiente:
- Exigimos que se esclarezcan las responsabilidades ante la violencia
ejercida contra lxs manifestantes, que ha dejado como saldo la muerte
injustificada de tres personas, elevándose a 20 el número de personas
fallecidas en conflictos sociales en el escaso tiempo que el gobierno de
Ollanta Humala lleva en el poder. Es inaceptable una muerte más. Es
inadmisible que el gobierno mine la seguridad de la ciudadanía,
aplicando constantemente acciones ilegítimas que atentan contra los
derechos fundamentales y la Constitución peruana.
- Exhortamos y exigimos el cese del estado de emergencia en la
región. Según la Corte Penal Internacional, crimen contra la humanidad
es “cualquier acto inhumano que cause graves sufrimientos o atente
contra la salud mental o física de quien los sufre, cometido como parte
de un ataque generalizado o sistemática contra una población civil” [1] ,
como lo es la declaración de un estado de emergencia ilegal y de manera
reiterada, que podría tipificarse bajo la figura de “persecución”.[2]
Se pretende legitimar un estado de excepción para realizar arrestos de
manera indiscriminada violando todo tipo de protocolos y convenios de
derecho internacional, que han sido ratificados y firmados por el Estado
peruano. Al mismo tiempo, hacer uso de fuerzas armadas del Estado para
garantizar fines privados lo convierte en transgresión de las
obligaciones para los cuales éstos están: resguardar la seguridad de lxs
ciudadanxs y no atentar contra ellxs coartando sus libertades. Aún
impuesta la declaración del Estado de Emergencia, éste no restringe los
derechos de libertad y reunión, por lo que las detenciones arbitrarias
no son justificadas por este hecho. Por tanto, reclamamos la liberación
de las personas detenidas de forma ilegal y nos posicionamos en contra
de la sistemática criminalización de la protesta de la población.
- Hacemos un llamamiento a la ciudadanía peruana para que adopte una
actitud crítica ante la información que le llega de los medios de
comunicación masiva que lejos de dar cabida a diferentes puntos de
vista, se convierten en altavoz de los intereses empresariales. Llamamos
a los y las hermanas peruanas, a asumir una actitud responsable y
solidaria ante los sucesos ocurridos y a apoyar las movilizaciones que
se están llevando a cabo a lo largo de todo el país, pues es el futuro
del Perú lo que está en juego.
- Exhortamos a que se acabe con la censura y manipulación por parte
de los medios de comunicación sobre las luchas en defensa de los medios
de vida, tergiversando la información con el fin de manipular a la
opinión pública para que se posicione a favor de las decisiones
ilegítimas del actual gobierno.
Nota a pie
[1] http://www.stecyl.es/opinion/2011/110329_crimenes_economicos_contra_humanidad.htm
[2] El principio del imperio de la ley “cobra el carácter de concepto dinámico que debe aplicarse no sólo para salvaguardar y promover en toda sociedad libre los derechos civiles y políticos del individuo, sino además para crear las condiciones sociales, económicas y culturales bajo las cuales pueda satisfacer sus legítimas aspiraciones” en caso contrario tiene la figura de persecución, se desprende de la opinión consultiva de la Corte Internacional y el Art. 64 Convención Americana sobre Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-8/87 del 30 de enero de 1987. Serie A No. 8, párr. 10. de la Corte Internacional
