De las 4390 personas que viven del mar en la región de Atacama, 138
recurrieron de protección ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta, y por
lo tanto hoy son parte interesada en el proceso de conciliación abierto por
el juez Sergio Muñoz en la tercera Sala de la Corte Suprema de Santiago. De
estos 138, solo 115 están participando de las negociaciones, ya que
los 23 pescadores de Caleta Barranquilla no apelaron a la Suprema por
sentirse satisfechos con el dictamen de la Corte de Antofagasta, esta Caleta
está muy cerca del lugar donde pretende instalarse la probadamente ilegal
termoeléctrica de Eike Batista.
De estos 115 pescadores, al menos 4 han designaron al joven abogado de
Copiapó don Inte Salamanca con la indicación expresa de "no
negociar o conciliar" con las empresas del brasilero, toda vez
que los abogados con los que venían trabajando han manifestado estrategias
proclives a aceptar compensaciones de diverso tipo. Uno de ellos, Jorge
Morales Mandiola explica “Nosotros fuimos a la justicia porque no queremos
que se contamine nuestra agua y nuestra forma de vida, si hubiéramos querido
negociar de entradita hubiéramos ido a la empresa, no teníamos para qué dar
una vuelta tan larga; es por eso que estamos firmes con que no hay
posibilidad de llegar a aceptar la construcción de la mega Central,
solidarizamos completamente con el pueblo de Totoral que no quiere
negociación y queremos que haya un fallo en este caso”
De los 111 pescadores restantes, al menos otros 12 rectificaron el
poder legal otorgado a los abogados Poblete y Tapia, indicando expresamente
que "no estamos disponibles para llegar a ningún tipo de acuerdo,
avenimiento o transacción que signifique nuestra aprobación a la construcción
de los proyectos Central Termoeléctrica Castilla y su puerto asociado",
es decir, en definitiva se instruye a los abogados solicitar el fin del
proceso de conciliación y que la Corte Suprema dicte fallo sobre la
materia.
Para Lucio Cuenca, del Observatorio Latinoamericano de Conflictos
Ambientales OLCA, con esto, “el caso
Castilla sigue constituyendo un emblema en términos de evidenciar las tensiones, posibilidades y
límites de nuestro sistema jurídico, y antes que eso, obviamente del sistema
de evaluación de impacto ambiental: aprobación de proyectos absurdos, representados
que no se sienten representados, ilegalidades probadas que dilatan su
ratificación con mecanismos inventados y comunidades decididas a hacer valer
sus derechos pese a la asimetría que caracteriza al operar de las
transnacionales en nuestro país”.
En resumen, se llega a esta nueva audiencia de conciliación con más
voces pidiendo a la Corte Suprema que ratifique el fallo de Antofagasta,
manteniendo el dictamen que declaró ilegal la Termoeléctrica Castilla. Esto,
en consonancia con la posición que desde un comienzo ha sostenido el pueblo
de Totoral y las organizaciones sociales de Atacama, en términos de no
aceptar el proceso de avenimiento y de exigir el fallo.
Hay muchas expectativas de lo que pueda pasar el martes en esta nueva
audiencia del proceso conciliatorio, si la Corte falla o no falla, estará por
verse.
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