Ante las declaraciones del Presidente
de la Corte Suprema, Rubén Ballesteros, en relación a la judicialización de los
conflictos socioambientales en Chile y su ejemplificación con el caso Castilla,
el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, declara:
1. Valoramos la apreciación de la máxima autoridad de la
justicia chilena que reconoce que hay una anomalía en el modo en cómo se
adoptan las decisiones socioambientales que comprometen los derechos
fundamentales de los ciudadanos del país, lo que conduce a que deban ser los
tribunales de justicia el último recurso recurrido por las comunidades, luego
de no tener eco vinculante en las determinaciones del poder ejecutivo.
2. Nos parece eso sí sumamente peligroso ejemplificar esto con
el Caso Castilla, pues los antecedentes entregados al máximo tribunal dan
cuenta de que en este caso en particular no es solo que hay una disonancia
entre los objetivos país y los objetivos locales, sino que hay una demostrada
ilegalidad y arbitrariedad de parte de las autoridades, cuestión que obviamente
es competencia de los tribunales de Justicia. Si los ciudadanos no pueden
contar con los tribunales de Justicia cuando las autoridades han incurrido en
una ilegalidad, quiere decir que los principios democráticos ya no existen en
nuestro país.
3. Cuando la Junta de Vecinos de Totoral vino a hacerse parte en
los alegatos ante la Corte Suprema, gestión que nuestra organización acompañó,
se le solicitó mediante una carta una audiencia al ministro Rubén Ballesteros,
justamente para ponerlo al tanto del lobby político y mediático que intentaba
judicializar, con una carga peyorativa, el legítimo derecho de los ciudadanos
de salvaguardarse de las conductas irresponsables de sus autoridades. El
presidente de la Corte Suprema no atendió a la solicitud, cuestión que podemos
entender, no así el que él mismo ahora aparezca en los medios de comunicación
en la misma línea que los ministros de Economía y Energía del gabinete del
presidente Piñera.
4. Estas declaraciones del ministro Ballesteros, se dan en un
momento crucial para la región de Atacama, no solo por las movilizaciones de Freirina
que dan cuenta de la importancia de tomar determinaciones responsables a la
hora de aprobar o rechazar ambientalmente los proyectos; sino que también
porque uno de los costos políticos del alzamiento de Freirina fue el cambio de
la mayor autoridad de la zona, la intendenta Ximena Matas, que fue reemplazada
por el empresario agrícola Rafael Prohens, mismo que vendió 100 litros por
segundo de derechos de agua para la puesta en marcha del proyecto Caserones,
rechazado por la región en 4 mil millones de dólares, y que además está usando
sus influencias para que se apruebe el traslado de aguas del Valle del Huasco a
Copiapó, no para salvaguardar el consumo humano en crisis, sino para asegurar el vital elemento
a la minería transnacional. Si es mal mirado que las comunidades recurran a la
justicia cuando sus bienes comunes y sus derechos se ven violentados por el mal
gobierno de las autoridades ¿se propone que las comunidades se tomen la
justicia por sus propias manos?
Comunicaciones OLCA
Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales
Alonso Ovalle 1618 A, Santiago, Chile.
