DECLARACION PÚBLICA
A LA COMUNIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL
Ante el funcionamiento de una
Base Militar Norteamericana en Con Con, cuya construcción tiene un valor
de más de 500 millones de dólares pagados por el Comando Sur de las
Fuerzas Armadas de Estados Unidos, destinada al entrenamiento de las
Fuerzas Armadas chilenas, Carabineros y Policía de Investigaciones; a lo
que se suman las advertencias realizadas por el Comandante en Jefe del
Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba sobre las intervenciones militares en
nuestro país, quién señaló textualmente que “dados los complejos y
actuales escenarios que se generan en el ámbito de la seguridad, al
momento de preservar valores, intereses y bienes que la propia sociedad
busca cautelar" el Ejército debe analizar eventuales nuevos roles, los
que según la embajada norteamericana en Chile, tienen que ver con el
destino y entrenamiento del "personal encargado de ejecutar operaciones
de
mantención de la paz o de estabilidad civil en zonas urbanas"; y,
frente al incremento de la represión hacia el movimiento social, la
Comisión Etica contra la Tortura (CECT-Chile) se hace un deber declarar
que:
1º La soberanía reside en el pueblo y la seguridad no
puede reducirse sólo al resguardo de los intereses de las
transnacionales, de sus socios nacionales y el sistema económico
imperante.
2º El pueblo tiene el legítimo derecho a organizarse y a manifestar
públicamente sus planteamientos, sus demandas en pro de una sociedad
con más derechos humanos en tanto ciudadanos.
3º
Las Fuerzas Armadas tienen como misión el resguardo de la soberanía
nacional. Por tanto, constituye una traición a la Patria su
subordinación a los dictámenes del ejército norteamericano, cuyas
acciones devastadoras han sido padecidas por la humanidad a lo largo de
la historia de los siglos XIX, XX y durante los inicios del siglo XXI y,
particularmente por Chile, luego del Golpe de Estado del 11 de
Septiembre de 1973 que nos trajo asesinatos, desapariciones de personas,
encarcelamiento indebidos y torturas masivas y sistemáticas durante 17
años de dictadura militar.
4º Las Fuerzas Armadas deben permanecer bajo la tuición
del poder político y no tienen derecho a la autonomía y a la impunidad
en todos los ámbitos, como ha sucedido hasta ahora.
5º
Carabineros de Chile es una institución policial, cuya función es la
prevención del delito. En consecuencia, es improcedente e ilegal que
sus funcionarios reciban entrenamiento militar destinado a atacar a la
población civil, como si estuvieran en una guerra contra la población a
la que tienen la obligación de defender y a la que ellos pertenecen por
su origen social. El mismo argumento es extensivo a la Policía de
Investigaciones.
6º El Estado de Chile debe respetar los Tratados
Internacionales de Derechos Humanos, e incorporarlos en la legislación
nacional, tal como le ha sido recomendado por la ONU en reiteradas
oportunidades; en especial nos referimos a integrar a la legislación
nacional la tipificación del crimen de tortura, su investigación y
sanción en tanto crimen de lesa humanidad.
7º El gobierno de Chile debe recordar que tiene por
misión la administración de las instituciones del Estado en pro del bien
común y no sólo de quienes concentran los bienes que son fruto del
trabajo de quienes los producen.
8º Es válido señalar que la seguridad y la paz de la
sociedad no proceden de la represión ni de dictaduras militares, sino
del reconocimiento y respeto irrestricto a los Derechos Humanos, la
Libertad, la Democracia y la Justicia que, de acuerdo al postulado de
San Ambrosio, Doctor de la Iglesia (siglo IV), es "la virtud que da a
cada uno lo suyo, que no reinvindica lo ajeno y que descuida la propia
utilidad para salvar la equidad común".
COMISIÓN ETICA CONTRA LA TORTURA - CHILE
SANTIAGO, VALPARAISO, COPIAPO, SAN ANTONIO Y TEMUCO
Santiago de Chile, 12 de abril de 2012.
