Somos familiares de Camilo Pérez Tamayo, chileno, de treinta y cuatro años, detenido el sábado 14 de agosto de este año en un gran operativo policial y mediático a cargo del Fiscal Alejandro Peña en el contexto del llamado “Caso Bombas” (explosiones en la ciudad de Santiago, ocurridas desde el año 2006).
En esta acción policial se detuvo a otras 13 personas y se allanó casas okupas –casas ocupadas por jóvenes, conocidas por sus actividades político culturales-. Lo mismo se hizo a otras cuatro casas particulares, incluyendo la casa de Viviana Uribe, Presidenta del Codepu, conocido organismo de derechos humanos cuyos archivos son Patrimonio de la Humanidad y aceptados en los tribunales como prueba de crímenes cometidos en dictadura.
Camilo fue aprendido en su casa en la comuna de La Florida de la ciudad de Santiago, en presencia de su pareja y de uno de sus hijos, un pequeño de dos años. Su detención fue grabada a la salida de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales y emitida sin miramientos por cuatro canales de televisión. Un hecho que atenta contra el derecho de privacidad y le condena ante la opinión pública sin que haya mediado un justo proceso.
La investigación llevaba más de cinco años, y sorprende que se efectuara el procedimiento después que el Ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, se quejara en el mes de junio por la falta de pruebas en el “caso”. Sin embargo, pese a esa misma “falta de pruebas” declarada por el Gobierno a la prensa, se le detiene, junto a otras 13 personas.Camilo se define como anarquista “en contra de la explotación en todas de sus formas”, y ha declarado en innumerables oportunidades escribir para distintos libros de la llamada literatura libertaria, realizando, a su vez, una investigación acerca de los movimientos anarquistas desde el siglo diecinueve. No obstante, como familiares declaramos que ésta no es una razón para que se le acuse de “terrorista” y se le indique como miembro de una “asociación ilícita”, concepto ilógico y contradictorio en un grupo de muchachos con ideas anarquistas que se organizan de forma horizontal, sin líderes ni subalternos.
Con esto, y a raíz de falta de pruebas contundentes, -como en los peores años de la dictadura- se castiga y se criminaliza la posición política, la ideología, la opción de vida. Una criminalización que se hace de la mano de la Ley Antiterrorista; ley desprestigiada, unilateral e injusta que permite entre otras cosas a la Fiscalía ocupar testigos protegidos y decretar prisiones preventivas arbitrarias. La misma ley que está siendo modificada o simplemente prescindida en los casos del llamado “conflicto mapuche”, donde la opinión pública favorablemente ha presionado para conseguir juicios justos y derogación de la Ley.
La relación de este Fiscal con la prensa queda muy clara en el manejo de la información para moldear a la opinión pública y condenar a priori a los detenidos. Se inicia con la noticia de que estas personas habrían participado en más de cien atentados, información reiterada en todos los noticiarios estelares. Y una vez detenidos y exhibidos en las pantallas, se cambia la información y se señalan sólo 26 atentados, a pesar de que la formalización real se hace concretamente sólo por seis explosiones.
Nos parece que la Fiscalía ha empleado el mismo método que en dictadura; realizar una campaña de desprestigio a través de la prensa y modelar la opinión pública al punto que pasa desapercibida la debilidad de sus pruebas y evidencias basadas en escuchas telefónicas. A Camilo se le inculpa por su amistad con Mauricio Morales (joven que falleció manipulando artefactos explosivos), por sus fotos con Mauricio, y sus escritos sobre él, además de la tenencia de un mapa de Google Earth, que indica distintas explosiones en Santiago, pero que fue paradójicamente extraído por Camilo del mismo diario La Tercera.
Es en este escenario, es que queremos denunciar que desde ese 14 de agosto han ocurrido grandes irregularidades:
La primera dice relación con que dentro de las “fuertes y seguras” instalaciones de la Cárcel de Alta Seguridad, funcionarios de la Policía de Investigaciones extraviaron el carnet de identidad de Camilo en el mismo ingreso, sin dar respuesta hasta la fecha. La situación que fue debidamente denunciada es delicada ya que sin carnet no puede acceder a beneficios carcelarios que le exijan una firma periódica, y resulta extremadamente delicada además porque ocurre en plena investigación, donde su cédula puede ser utilizada con otros fines, incluso inculparlo en algún delito.
La segunda es que fue trasladado hace algún tiempo a la Cárcel Santiago 1, conocido lugar de prisión para delincuentes comunes. En este sitio fue imposible ingresarle alimentos, y es trascendental, ya que debido a su opción de vida, no consume carne ni leche. Por lo tanto, cuando fue trasladado a ese lugar iniciamos una pequeña lucha para que retornara al CAS y afortunadamente esa batalla fue ganada. (Muy contradictorio nos parece que las razones que dio en la audiencia la Fiscalía, el abogado del Ministerio de Interior y el abogado de Gendarmería, para tal cambio, dicen relación con que él, junto a un grupo de tres compañeros “no tenían antecedentes anteriores y no constituían un peligro para la sociedad”).
La tercera irregularidad se constituye por la toma de una muestra de sangre, sin su consentimiento, para obtener su ADN, pudiendo haberlo obtenido de una manera menos invasiva, como sería desde la raíz del pelo o la mucosidad de la boca. Nos preguntamos si ésta es una más de las atribuciones de la Ley Antiterrorista.
Y la cuarta situación irregular, quizás la más grave, es que dentro de Santiago 1, el pasado 27 de septiembre, de vuelta del 11° Juzgado de Garantía, por no “bajar la mirada” como le ordenó uno de los gendarmes, es fuertemente golpeado e insultado. Recibiendo “llaves de judo en el cuello” “punta pies en la espalda” “puñetazos” e insultos. Situación que sólo terminó con la intervención de otro guardia.
Hoy, llamamos a tener presente lo que está ocurriendo en nuestro país. Donde chilenos, una vez más, como si la historia se repitiera, son apresados por vivir de una manera distinta, por cuestionar a la autoridad y el poder, y por pensar distinto. Jóvenes detenidos por pensar distinto.
Camilo Pérez Tamayo, padre de dos niños, quien además estudió Pedagogía Básica en la Universidad de Los Lagos, y quien es sobrino directo de Manuel Tamayo Martínez (detenido desaparecido de la dictadura de Pinochet), es un ejemplo más de las injusticias cometidas en nombre y bajo los aparatajes del Estado. Es testigo también de un Fiscal que a todas luces quiere congratularse con el Gobierno de Derecha.
Como familiares de Camilo Pérez Tamayo y de Manuel Tamayo, pedimos fin a la prisión preventiva de todos los presos políticos, y un posterior juicio justo en un país que parece haber olvidado el tan universal concepto de la justicia.
Familiares de Camilo Pérez Tamayo
