El llamado “Escudo de las Américas”, impulsado durante 2026 por el gobierno de Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump, fue presentado oficialmente como una iniciativa de cooperación regional para enfrentar a los cárteles de la droga y a organizaciones criminales transnacionales. La propuesta contempla intercambio de información, coordinación de seguridad, acciones contra las redes financieras del narcotráfico y cooperación militar entre los países participantes.
Pero detrás de este discurso de “seguridad” aparece una discusión mucho más profunda: ¿quién define las políticas de seguridad de nuestros pueblos? ¿quién decide cuándo una organización debe ser combatida militarmente? ¿quién controla la información y las operaciones? ¿y hasta dónde puede llegar la intervención de una potencia extranjera en los asuntos soberanos de América Latina?
Desde una perspectiva crítica y antiimperialista, no podemos olvidar la larga historia de intervenciones de Estados Unidos en nuestra región. América Latina ha conocido golpes de Estado, intervenciones militares, operaciones de inteligencia, presiones económicas, políticas y distintas formas de injerencia extranjera, por eso, cualquier nueva arquitectura de seguridad encabezada por Washington debe ser observada con especial atención.
El propio Trump ha utilizado un lenguaje abiertamente militar para referirse a la lucha contra los cárteles y ha planteado el uso de capacidades militares para enfrentarlos. En septiembre de 2026 volvió a convocar a los países de la coalición y llamó a considerar a determinadas organizaciones como amenazas comunes, promoviendo además sanciones contra ellas.
La lucha contra el crimen organizado no puede reducirse únicamente a más armas, más policías, más militares y más operaciones represivas. Si realmente se quiere enfrentar a las organizaciones criminales, también es necesario seguir la ruta del dinero, investigar cómo se financian, dónde depositan sus ganancias, quiénes aparecen como titulares de las cuentas y qué redes económicas permiten que esas estructuras acumulen patrimonio y poder.
El narcotráfico, el lavado de activos, el contrabando y otras formas de crimen organizado no funcionan solamente en las calles. También necesitan movimientos financieros, empresas, cuentas bancarias, transferencias, sociedades y mecanismos destinados a ocultar el origen de los recursos.
En Chile existe un secreto bancario que establece límites para que organismos públicos accedan directamente a determinada información financiera. Por eso, una de las discusiones centrales que se está desarrollando en el Congreso es precisamente cómo fortalecer las facultades de la Unidad de Análisis Financiero para acceder a información bancaria cuando existan antecedentes relacionados con operaciones sospechosas y delitos vinculados al crimen organizado. El proyecto de Subsistema de Inteligencia Económica busca mejorar la trazabilidad del dinero ilícito y coordinar el trabajo de la UAF, el Servicio de Impuestos Internos y Aduanas.
¿Y QUÉ PASA CON NUESTRA SOBERANÍA?
Combatir al crimen organizado no puede transformarse en una excusa para instalar una lógica de militarización permanente, subordinación política o pérdida de soberanía nacional.
Los pueblos latinoamericanos tienen derecho a enfrentar el narcotráfico, la corrupción, el lavado de dinero y el crimen organizado, pero también tienen derecho a decidir cómo hacerlo, con sus propias instituciones, sus propias leyes y respetando los derechos humanos.
Recordamos la historia de nuestras luchas por la independencia. Recordamos a Bolívar, San Martín, Artigas, Martí, Sandino, Rodríguez y tantos hombres y mujeres que levantaron la bandera de una América soberana
Nuestra América no necesita nuevos tutores.
Necesita soberanía, cooperación entre pueblos, justicia social, educación, salud, trabajo digno y políticas públicas capaces de enfrentar las causas sociales que alimentan la violencia y la exclusión.
¡NO QUEREMOS QUE NUESTRA SOBERANÍA SEA NEGOCIADA EN CUMBRES EXTRANJERAS!
