• El objetivo del encuentro fue
coordinar acciones que permitan evidenciar los impactos de las industrias
extractivas en territorio mapuche, proponiendo además mecanismos que promuevan
transformaciones legales e institucionales para su protección.
• “Cuando se impulsan proyectos de
inversión susceptibles de afectar derechos humanos, y particularmente cuando se
trata de derechos de pueblos indígenas, se ha establecido derechos como la
consulta, el consentimiento libre, previo e informado, la participación en los
beneficios y la compensación por daños.
Derechos que no se aplican en la realidad observada en el territorio
mapuche en Chile y Argentina”, comenta José Aylwin.
Por Elías Paillan, lunes 25 de
agosto de 2014.-
Representantes
del Observatorio Ciudadano de Temuco (OC) y del Observatorio de Derechos
Humanos y Pueblos Indígenas (ODHPI) de Neuquen, se reunieron los días 21 y 22
de agosto en la ciudad de Temuco con el propósito de coordinar las principales
acciones a desarrollar en el marco del proyecto “Industrias Extractivas y el
Pueblo Mapuche: Documentación, Defensoría Legal y Empoderamiento para la Protección
de los Derechos”, apoyada por el Grupo
de Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígena ( IGWIA).
El
objetivo central del proyecto es proporcionar evidencia objetiva y demostrable
de los impactos de las industrias extractivas relacionadas con los derechos del
Pueblo Mapuche en Chile y Argentina y, sobre esta base, promover las
transformaciones legales, políticas, institucionales y culturales que puedan
proteger sus derechos humanos y territorios de forma efectiva, abriendo así un
espacio hacia un desarrollo más autónomo y sustentable ambiental y
culturalmente.
Casos a monitorear
En
Chile, se hará un análisis general de la industria forestal y se desarrollará
un estudio de caso territorial específico.
Otro de los sectores a investigar son las hidroeléctricas,
particularmente el caso del proyecto Central Neltume de Enel, en la comuna de
Panguipulli. Del mismo modo, se hará
seguimiento de la Salmonicultura y un estudio de caso en la zona lacustre de la
Araucanía.
Mientras
que en Argentino se documentará el caso de Vaca muerta, relativo a la
extracción de petróleo no convencional por parte de la empresa YPF Chevron,
técnica conocida como fraking. Otros de
los casos a estudiar es la situación que afecta a la comunidad Picun Leufu,
producto de la extracción de petróleo convencional, así el de la comunidad
Cachi Pallín, afectada por extracción de gas.
Relevancia del
proyecto
José
Aylwin, codirector del Observatorio Ciudadano y coordinador general del
proyecto, explica que existe un diagnóstico común de la presencia cada vez
mayor de empresas en el territorio de ocupación tradicional mapuche, tanto en
el gulumapu (lado chileno) como en el puelmapu (lado argentino), lo que tiene
una explicación por los fenómenos globales y las crecientes inversiones extractivas
y de infraestructura que se están desarrollando en dichos territorios, muchas
veces con capitales internacionales y también de los propios estados, las que
afectan derechos que han sido reconocidos tanto en los ordenamientos domésticos
como internacionales a los pueblos indígenas.
Aylwin
detalló que a través de esta propuesta se realizará una documentación de los
casos anteriormente señalados para ser presentados en instancias
internacionales, “dado que si bien aquí (en Chile) ha habido números litigios
hasta ahora, salvo contadas excepciones, la justicia ha permitido la
continuidad de proyectos de inversión que afectan directamente al pueblo
mapuche. Ello a pesar de no haberse verificado un proceso de consulta
adecuado”. Agrega que la situación se
complejiza con la entrada en vigencia del
inconsulto decreto 66 aplicable a los procesos de evaluación de impacto
ambiental, los que “minimizan” los estándares del Convenio 169 de la OIT sobre
consulta a pueblos indígenas.
Los
resultados de estos estudios transfronterizos serán presentados a la relatora
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Rose Marie Antoine que
visitará Chile en el mes de noviembre próximo, además del Grupo de Trabajo
sobre Empresas y Derechos Humanos en su sesión de diciembre proximo. Eventualmente, tras la constatación de
impactos, se prevé hacer valer alguno de los mecanismos del sistema de la ONU o
el sistema interamericano de Derechos Humanos para la protección de derechos
vulnerados.
El
abogado comentó, a su vez, que el proyecto desarrollará una estrategia
tendiente a empoderar en derechos a las comunidades afectadas, utilizando el
marco que Naciones Unidas ha definido sobre la responsabilidad del Estado y de
las empresas ante actividad empresarial que afecta derechos humanos. “Naciones Unidas ha definido un marco que ha
denominado “principios rectores sobre
empresas y derechos humanos”, los que establecen el deber de los estados
de proteger y contar con legislación adecuada, para impedir violaciones a los
derechos humanos, así como establecer
mecanismos de reclamación por parte de las comunidades afectadas”. Aylwin agregó que las empresas por su parte
están obligadas a respetar los derechos humanos internacionalmente reconocidos,
entre ellos el Convenio 169 de la OIT. Ello además de tener una debida
diligencia cuando impulsan proyectos de inversión susceptibles de afectar
derechos humanos, y particularmente cuando se trata de derechos de pueblos
indígenas, entre ellos la consulta, el
consentimiento libre, previo e informado, la participación en los beneficios y
la compensación por daños. Se trata de
derechos que, como sabemos, no se
aplican en la realidad observada.
También se ha propuesto iniciar una interlocución con los estados”,
finalizó.
Por
su parte Verónica Huilipan, Secretaria del Observatorio de Derechos Humanos y
Pueblos Indígenas en Puelmapu, calificó la reunión y la iniciativa propiamente
tal como “muy sustancial”, puesto que ambos observatorios “venimos trabajando
en acompañar los procesos de lucha de las comunidades afectadas, que son las
que están poniendo en evidencia los graves impactos que provocan las industrias
extractivas dentro de la cultura mapuche y en sus derechos territoriales,
culturales, sociales, donde se produce una violación muy fuerte por parte de
los estados hacia derechos fundamentales de las comunidades mapuche”, aclaró.
A
juicio de Huilipan destacó asimismo el proceso de empoderamiento de las
comunidades mapuche respecto del marco de derechos de reconocimiento que tienen
a todos los niveles, internacional, nacional y regional, lo que va a traer
aparejado el fortalecimiento organizativo y político del pueblo en su
conjunto”, finalizó.
Método fracking
Jorge
Nahuel, werken de la Confederación Mapuche de Neuquen, responsable de la zonal
trawunko, epicentro donde hoy se desarrolla explotación hidrocarbonífera
mediante la fractura hidráulica o fracking.
Explica que este método es diferente a la explotación tradicional que se
conoce, que es la perforación vertical, lográndose alcanzar a mayor profundidad
de la superficie (a razón de 3 a 4 mil metros), con la particularidad de que
una vez llegado a esa profundidad, cuando se descubre la capa del recurso
hidrocarbonífero, ella se extiende horizontalmente hacia varios puntos, que
hace que la explotación adquiera un mayor dimensión.
Nahuel
dice que esta particularidad los tiene “alarmados y en guardia, generando mucha
angustia a nivel territorial. Pues las
descargas explosivas generan dispersión de las rocas y se requiere además una
serie de compuestos químicos, utilizados para separar el recurso de las rocas,
componentes que generan un profundo impacto tóxico y una fractura (por eso el
nombre) que no tiene límite, lo que cusa desastres ecológicos constatados en
varios lugares del mundo”, afirmó.
Cabe
destacar que en muchos países, por lo mismo, esta técnica ha sido prohibida o
se ha declarado en moratoria hasta que no haya plena certeza de que hay total
garantía sobre el impacto que genera.
Nahuel señala que en Argentina no se hizo ninguna de estas evaluaciones,
entrando las empresas “con total impunidad, sin ningún tipo de prevención, y
con un Estado que no tomó ninguna de las prevenciones que implican estudios de
impacto ambiental profundos, lo que generó mucha reacción por parte de la
población que son impactadas en sus territorios”, sostuvo.
Finalmente
la abogada Micaela Gomiz, Secretaria Ejecutiva del ODHPI, señaló que este
trabajo entre ambos observatorios permitirá “consolidar un proceso que se viene
iniciando desde algunos meses y que vincula la situación que ocurre a ambos
lados de la cordillera, sobre un pueblo que hoy se encuentra dividido en dos
estados pero que tiene un origen común, que se reconoce como un pueblo y una
nación única, siendo afectada por la explotación de sus recursos naturales a
través de grandes empresas, como son las industrias extractivas”, puntualizó.
La
profesional cree que los estados tienen múltiples herramientas mediante las
cuales pueden abordar la función de protección de estos derechos, y también la
justicia puede jugar un papel importante, pues cuando algunos mecanismos
previos van dejando de funcionar o son violados, la justicia debería ser un
actor principal para que estas comunidades accedan a mecanismos eficaces de
defensa de sus derechos. Por otra parte,
afirma, es fundamental “desarrollar acciones y jugar papeles que pongan al
Estado en funcionamiento y en el rol que debe cumplir en estos procesos,
mediante mecanismos alternativos de resolución de conflictos, como son
mediaciones, audiencias, espacios y medidas dialoguistas para mejorar esta
situación. Son muchos los desafíos, pero
habiendo derechos humanos involucrados, hay mucho que trabajar entre ambos
observatorios y con las comunidades que están siendo afectadas”, finalizó
Gomiz.
