Sobre la objeción preliminar a la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) respecto de la presentación efectuada por Bolivia en torno al requerimiento de diálogo con Chile para buscar solución al enclaustramiento marítimo de este país, el Comité Oscar Romero-SICSAL-Chile quiere contribuir a la reflexión y a la paz de las naciones, haciendo presente lo siguiente:
I) El actual conflicto por la salida soberana al mar de parte de
Bolivia tiene su origen en el siglo XIX, producto de múltiples
situaciones entre sectores poderosos que desembocaron en la Guerra del Pacífico, enfrentándose Chile con Perú y Bolivia en medio de un patriotismo irracional.
La élite chilena de entonces había acomodado sus intereses
extendiendo sus capitales y trabajadores hacia la costa salitrera
peruana y boliviana. Dicha expansión constituyó uno de los factores que
condujo a la guerra. La victoria chilena en aquel conflicto bélico
incidió en el crecimiento económico y el lujo ostentoso de la
oligarquía, lo que permitió evitar los efectos de la recesión
internacional de 1873, al convertirse Chile en el único productor
mundial de salitre.
Sin embargo, ello no significó un cambio en las deplorables condiciones
de vida de los sectores populares de aquel tiempo ni de los posteriores.
II) El actual gobierno de Chile ha objetado la jurisdicción de la Corte de La Haya
bajo el argumento de que la demanda boliviana buscaría afectar lo ya
resuelto por el Tratado de 1904, que estableció los límites de ambos
países. En consecuencia, la presente demanda boliviana estaría excluida
de la competencia de la Corte, porque el artículo VI del Pacto de Bogotá excluiría expresamente demandas de tales objetivos.
III) Se encuentra internalizado en la cultura chilena que, en
relación a la salida al mar de Bolivia “no hay nada que discutir”, en
base a la supuesta legitimidad del “derecho de conquista” patrimonio
irrenunciable y herencia de sangre derramada. En aquellas
circunstancias, Bolivia perdió 120.000 km2 de territorio terrestre y 400
km de costa marítima soberana sobre el Océano Pacífico.
IV) Bolivia pide que la Corte declare que Chile tiene la obligación
de negociar de buena fe un acuerdo pronto y efectivo que le dé una
salida soberana al Océano Pacífico, lo cual no se basa en el Tratado de
1904. Por su parte, la Convención de la ONU sobre el
Derecho del Mar de 1982 establece que el mar es un bien común de toda la
humanidad y que ningún país puede ser privado del libre acceso a este
bien común y que no es susceptible su apropiación particular por ningún
Estado. Chile adhirió a esta convención multilateral el 25 de agosto de
1997 y Bolivia el 28 de abril de 1995, siéndole obligatoria a ambos
países.
"¿Por qué no se puede convertir a Arica en territorio internacional, lo que además contribuiría a superar su decadencia?"
V) Como constructores de la paz, que es fruto de la justicia, e interpelados por las Bienaventuranzas del Jesús, los integrantes del Comité Oscar Romero-SICSAL-Chile consideramos:
1º la demanda boliviana por una salida soberana al mar es éticamente
válida y el Estado de Chile debe acceder al diálogo para darle solución.
Es absurdo y pueril negarse a la existencia de un conflicto con
Bolivia.
2º Tanto la dictadura militar chilena como los gobiernos que le han
sucedido, han mostrado una actitud de soberbia y de torpeza frente a los
países de América Latina. Ello es contradictorio con
la política económica de apertura a los mercados y las facilidades
otorgadas a las empresas multinacionales.
3º Anteriormente, Chile accedió a un litigio con Perú en La Haya. Es
fácil suponer que dicha disposición pudiera haberse debido a las
inversiones de capitales de empresarios chilenos en este país. Es dable
pensar que con Bolivia se exhibe una actitud distinta por la
inexistencia de grupos económicos chilenos en el país altiplánico.
4º Como Pueblo de Dios, constituye nuestro deber pensar en América
Latina en forma global y negar la ingerencia de grandes potencias que
atizan enemistades entre las naciones pobres con perspectivas belicistas
y de explotación económica.
5º Las decisiones que afectan a los pueblos deben ser consultadas a
los mismos. No es legítimo que en asuntos trascendentales sean sólo
gobernantes y los grupos económicos quienes tengan capacidad de
decisión. Es vital la consulta a los pueblos para que las decisiones
sean efectivas y duraderas, de tal manera que no se modifiquen por las
correlaciones de fuerzas temporales.
6º Si Chile habla del respeto e intangibilidad de los tratados,
significa que no puede salirse del Pacto de Bogotá para no abordar la
solución definitiva de los efectos de la Guerra del Pacífico. De ser
así, Chile no podría continuar como miembro no permanente del Consejo de
Seguridad de la ONU:
7º Instamos a todas las Iglesias y a los hombres de buena voluntad a
crear condiciones de posibilidad para la solución del conflicto. El
silencio es una forma de profundización del problema.
Si Chile se niega al diálogo por una salida al mar de Bolivia:
¿acudirá, entonces, a una acción bélica, aumentando los presupuestos
militares en mayor detrimento del pueblo? ¿Continuará Chile importando
carbón y gas desde otros continentes, en circunstancias que puede
traerlo desde Bolivia? ¿Por qué no se puede convertir a Arica
en territorio internacional, lo que además contribuiría a superar su
decadencia? No se puede olvidar que el 70% de la carga del puerto de
Arica es boliviana y en Iquique es del 49%.
VI) Es también válido preguntarse por la negativa la diálogo con
Bolivia por un tramo de territorio soberano, no obstante Chile ha
entregado a empresas particulares la explotación de los recursos
marítimos, dejando a los pescadores artesanales en “proceso de
extinción”, así como también se han privatizado 57 puertos a lo largo de
los cuatro mil km de costa.
Instamos a la reflexión, pues estamos convencidos que es Dios quien
“gobernará las naciones, y dictará sus leyes a pueblos numerosos; que
trocarán sus espadas en arados y sus lanzas en hoces. No alzará ya la
espada pueblo contra pueblo, y no más se entrenarán para la guerra”. (Isaías 2, 4).
Santiago de Chile, 18 de julio de 2014
