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- El co director del Observatorio Ciudadano analizó en esta entrevista el momento político que se vive en La Araucanía por el conflicto chileno-mapuche, tras conocerse la reactivación de la política de compra de fundos a parceleros.
¿Está de acuerdo con la
salida política que se estaría trazando en La Araucanía de parte del
Gobierno, tomando en cuenta la venta del predio de René Urban por 1.200
millones? ¿Es esta la forma más adecuada para solucionar el conflicto
chileno-mapuche?
Sin duda que la
adquisición de tierras en estos días para hacer frente a una reclamación
histórica del territorio, es algo relevante. Ahora, esta compra a
precio de cuatro millones de pesos la hectárea, mantiene una política
que nosotros consideramos insuficiente e inadecuada, porque es una
política que restituye las tierras vía mercado. Hay suficientes
antecedentes que demuestran que ha sido una política que se ha centrado
casi exclusivamente en adquisición de tierras derivadas de títulos
anteriormente reconocidos por el Estado, y no de tierras ancestrales, en
las que se centran parte importante de las reclamaciones mapuches pero
también de los pueblos andinos. Segundo, ha incidido en una especulación
de la tierra por parte de quienes usurparon las tierras a los pueblos
indígenas, y ha llevado al Estado a ser prisionero de los precios que
establecen los propietarios legales, usurpadores de tierras. Eso está
demostrado en estudios que se han hecho desde varios sectores políticos y
tendencias, como el mismo Libertad y Desarrollo, que ha señalado que
los precios han subido un 800% entre el 94 y el 2010. Y esta tendencia
se ha mantenido durante la administración de Piñera. La administración
actual plantea frente a este tema sectorial que va a incrementar la
compra de tierras, sin embargo no se plantea la utilización de
mecanismos como la expropiación por causa de interés social, que están
en la propia Constitución y que el Estado ha utilizado en reiteradas
ocasiones frente a iniciativas de interés, como proyectos de inversión
carreteros e hidroeléctricos, en perjuicio de comunidades indígenas.
No
compartimos que la restitución de tierras, de acuerdo a la legislación
pero también del Convenio 169 el Estado, debe efectuar en relación a los
pueblos indígenas de tierras basadas en la ocupación tradicional, sea
hecha vía mercado. Y tal parece ser, esta administración quiere mantener
esa opción.
Esto significa que ustedes apoyan las
recomendaciones formuladas por el relator de Naciones Unidas Ben
Emerson, quien en su informe expuso que el Estado debe usar todos sus
mecanismos disponibles en el ordenamiento jurídico para restituir las
tierras ancestrales.
De acuerdo. Él en su visita de 2013 y
en el informe de marzo de 2014, sostiene que el Estado debe hacer todos
los esfuerzos pertinentes y conforme a los estándares del derecho
internacional. Lo mismo señaló el relator (James) Anaya en su informe de
2009 y la OIT en sus observaciones anuales al Estado de Chile, donde
hace ver la necesidad de utilizar los mecanismos que permitan la
restitución de tierras de ocupación tradicional, y no solo aquellas
basadas en títulos anteriormente reconocidos por el Estado.
¿El mecanismo de expropiación evitaría que exista un negociado con la venta de las tierras para su restitución?
Como
señalé, estos mecanismos están en la Constitución vigente, y
posibilitan la restitución de tierras por medio de la expropiación por
causa de interés social. Esta es una propuesta que no la estoy haciendo
yo, sino que la hizo la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato en
informe final de 2003. Eso permitiría identificar cuáles son los
espacios de tierra en los cuales efectivamente ha existido una ocupación
tradicional, conforme también a la jurisprudencia de la propia Corte
Interamericana de DD.HH, que en reiterados casos ha establecido la
doctrina de los derechos de los pueblos indígenas sobre aquellas tierras
de ocupación tradicional con la que mantengan una relación, ya sea
material o espiritual. Eso permitiría su identificación y su adquisición
del Estado para restituir a las comunidades a precios definidos a
través de una modalidad establecida por ley, que son justos y no son
especulativos.
¿Cómo evalúa el rol que ha cumplido el intendente Huenchumilla en la instalación de este tema en la agenda?
Me
parece que el mérito que ha tenido el intendente Huenchumilla, es que
ha tenido la capacidad de levantar temas históricos no resueltos en
relación al pueblo mapuche en particular, pero a los pueblos indígenas
en general. Uno de ellos es el tema de las tierras de ocupación
tradicional y la necesidad de hacer justicia frente a lo que fue el
proceso de despojo y a lo que es el proceso de constitución de tierras
particularmente en el caso de las forestales. Pero ése no ha sido el
único tema que ha planteado el intendente, porque pensar que la relación
Estado-Pueblos Indígenas se centra en el tema de la tierra, no es
correcto.
Él ha planteado también la necesidad de que el
Estado de Chile se reconozca como plurinacional, lo que significa que el
status de los pueblos indígenas sea reconocido como tal, y que Chile se
reconozca no solo en su diversidad cultural, sino también de pueblos y
asociado a ello, los derechos que les corresponden. Derechos de
participación en el Estado, derechos de autonomía, derechos de
determinación. Él ha representado también la necesidad de que los
pueblos indígenas cuenten con una participación política en las
instancias de toma de decisión, y ha llamado la atención sobre el tema
de la consulta, y la necesidad que los proyectos de inversión y medidas
administrativas que recaen sobre ellos, sean consultadas de manera
adecuada y conforme al Convenio 169. Son todos temas que de alguna
manera han sido planteados por los movimientos indígenas en los últimos
años, y por el movimiento mapuche en particular, pero que no ha sido
escuchados. Tal vez lo novedoso y el impacto que tiene ahora es que lo
dice una persona que tiene una doble calidad, porque él es representante
del Ejecutivo en la región del La Araucanía, pero también es una
persona que se identifica como mapuche, y que reivindica sus derechos.
Es por eso que ha tenido el eco que ha tenido, tanto en los medios como
en el propio Gobierno. Ahora, uno esperaría que La Moneda lo escuchara y
definiera políticas de Estado, a nivel país, consistentes con esos
planteamientos. Sin embargo, hay que recordar que Huenchumilla es una
autoridad regional, de una problemática que tiene una dimensión estatal,
y ahí hay una distancia de lo que él plantea y lo que es la política
pública del Estado a nivel país.
¿Cómo se hace para
institucionalizar esta mirada que tiene Huenchumilla para que no exista
una brecha entre lo que dice una autoridad regional y lo que son las
políticas públicas?
De acuerdo, hay una brecha
preocupante porque el Ejecutivo ha planteado algunas iniciativas que
tienen algún carácter refundacional de la institucionalidad,
específicamente respecto de la idea de crear un Ministerio de Asuntos
Indígenas, y este Consejo Nacional de Pueblo Indígenas, que son
proyectos que ya estaban pero a los que se les desarrollarían procesos
de consulta en relación a ellos. Está la idea tardía de la presidenta
Bachelet, que se hace eco de las críticas a la propuesta del Binominal,
que estableció mecanismos para la participación de género pero que
omitió la representación especial de los pueblos indígenas. En el
contexto del año nuevo indígena planteó la necesidad de asegurar la
participación de estos en el Congreso.
Ahora, no hay, en
materia de tierras, un anuncio del Ejecutivo, más allá de reactivar la
adquisición a través de los fondos indígenas, y la creación de nuevas
áreas de desarrollo indígenas por ley, como propuestas que vengan que
aborden esta otra temática que es materia de tanta tensión cotidiana. La
política de compra de tierras ya la abordamos desde sus insuficiencias.
Pero el tema del desarrollo de áreas indígenas, hay que señalar que
ellas fueron establecidas en la ley 19.253, el año 93, inicialmente como
área de cogestión de espacios de alta concentración de población
indígena. Hay críticas muy importantes que hacer cuando ya se han
constituido 11 de estas áreas, que en esencia son áreas de coordinación
de la acción del Estado, donde la participación indígena en la toma de
decisiones queda al arbitrio de los órganos del Estado, y donde el
concepto de desarrollo es el que define el Estado y no los propios
pueblos indígenas. El propio Convenio 169 reconoce el derecho de estos
pueblos a definir sus prioridades en materia de desarrollo, y no que
sean los entes públicos lo que lo hagan. Bien sabemos que, en gran
medida, los conflictos que se desarrollan en territorios indígenas
tienen que ver con la noción misma de desarrollo, donde el Estado impone
una noción que no tiene que ver con los planes de vida de las
comunidades, choca con ellas y por eso preocupa que, al igual que se
anuncia frente al tema de las tierras donde se mantendría la política de
compra vía mercado, preocupa también que se ponga el acento en áreas de
desarrollo que han demostrado en estos casi 20 años, no ser las
instancias más adecuadas para fortalecer el control de los pueblos en
los procesos sociales y políticos que allí ocurren.
02/07/2014
