El 2 de octubre del
presente año, el Gobierno envió al Congreso Nacional un proyecto de ley
que “Modifica y extiende el DL701 sobre Fomento Forestal”, nada más ni
nada menos que por un periodo de 20 años. La iniciativa ingresó con suma
urgencia con el argumento que el 31 de diciembre próximo expira esta
ley, que ha subsidiado la forestación en Chile desde 1974. El Gobierno,
en una maniobra desesperada, presiona a nuestros parlamentarios para que
la apruebe, sin evaluar los efectos económicos, sociales y ambientales
que el DL701 ha tenido durante estos casi 40 años.
No es extraño observar que
los principales promotores de esta iniciativa sean, al mismo tiempo, ex
funcionarios o funcionarios de las principales empresas forestales del
país: Arauco, CMPC y MASISA. El conflicto de interés se ha vuelto pan de
cada día en Chile, y a nadie se le cae la cara de vergüenza. Varios
artículos de opinión han sido escritos durante las últimas semanas,
apoyando la promulgación de este Proyecto de Ley. Por esta razón, hemos
considerado oportuno involucrarnos en la discusión, poniendo sobre la
mesa aspectos que no han sido mencionados.
Desde un punto de vista
económico, los promotores de la iniciativa destacan los miles de
millones de dólares que el sector exporta cada año, pero no se menciona
que la alta concentración económica ha llevado a la quiebra a decenas de
pequeñas y medianas empresas. El monopolio que se ha creado en el
sector forestal es similar al monopolio de las farmacias, la pesca o los
supermercados. Arauco, CMPC y MASISA controlan el sector, definiendo
los precios de la tierra, de las materias primas, de la contratación de
mano de obra, etc., lo cual está teniendo un efecto económico negativo
en el resto de los actores.
Además, los subsidios al
sector forestal están distorsionando la configuración productiva de las
regiones del centro-sur del país, debido a que tierras que hasta hace
poco se utilizaban para criar animales o producir alimentos, hoy están
plantadas con eucaliptus. Esto no debería ocurrir pues supuestamente los
subsidios están orientados a la protección de “suelos frágiles o en
proceso de erosión”. Sin embargo, la ambigüedad de los conceptos permite
que esta situación ocurra con bastante frecuencia. Esto es una amenaza
para nuestra soberanía alimentaria, y podría tener un efecto de mediano y
largo plazo en el precio de los alimentos.
Desde un punto de vista
social, es contradictorio que las comunas que tienen una mayor
superficie de plantaciones forestales estén al mismo tiempo entre las
más pobres del país, con bajos índices de desarrollo humano. Si el
sector forestal produce tanta riqueza, ¿por qué tanta pobreza? Este es
un hecho que ni el Gobierno ni las empresas han sido capaces de
explicar. Basado en monocultivos de rápido crecimiento, este sector ha
sido incapaz de traspasar los beneficios del crecimiento a la gente que
vive y trabaja en los territorios. ¿Para qué seguir subsidiando entonces
una actividad que no mejora el nivel de vida de los chilenos?
Otro argumento comúnmente
esgrimido, ha sido que esta ley va a “beneficiar principalmente a los
pequeños propietarios”. Esta falacia ha estado presente en la discusión
forestal chilena desde 1974. Siempre se saca a colación a los pequeños
propietarios, cuando en realidad son las grandes empresas las que han
recibido la mayor parte de los subsidios. La evaluación encargada por el
propio gobierno indica que entre el período 1974 – 1998 y 1998 – 2010,
las grandes empresas fueron beneficiadas en un 94% y 62%,
respectivamente.
Por lo demás, entregarle un subsidio a un productor que
opera en un mercado altamente monopolizado como este, es al fin y al
cabo darle un subsidio indirecto a las empresas que compran la materia
prima.
Si el gobierno quisiera
realmente impulsar una política en beneficio de los pequeños y medianos
propietarios, habría impedido que la Ley de Bosque Nativo sea
actualmente un fracaso, porque esa es la realidad: la Ley de Bosque
Nativo fracasó en la medida que menos del 7% de los fondos que estaban
asignados para actividades de manejo forestal han sido pagados a los
productores. La gente en el campo se niega a implementar sus planes de
manejo, porque el gobierno fijó subsidios extremadamente escuálidos, que
no pagan ni siquiera los costos.
En Chile, las empresas
concentran la propiedad de las plantaciones forestales (pinos y
eucaliptus), mientras los pequeños y medianos propietarios concentran la
propiedad del bosque nativo. Entonces si el Gobierno está tan
preocupado de apoyar a los pequeños propietarios, ¿por qué no se
concentra mejor en arreglar el desastre que hay con la Ley de Bosque
Nativo? El discurso pro-pequeños propietarios no tiene ningún asidero,
es simplemente un voladero de luces para ponerle un tinte “social” a una
política orientada básicamente a profundizar la concentración económica
y la inequidad, permitiendo que los que siempre han ganado sigan
haciéndolo a costa del resto de los ciudadanos.
Desde un punto de vista
ambiental, la forma en que se establecen, manejan y cosechan las
plantaciones está produciendo un impacto enorme en el medio ambiente, y
en las comunidades locales. El Gobierno se esmera en decir que existen
más de 2 millones de hectáreas que podrían ser reforestadas a partir de
la mantención de este subsidio, pero no dice que esas hectáreas están
justamente en un área crítica en términos de la disponibilidad de agua
(regiones VII-IX). Las plantaciones de rápido crecimiento consumen mucha
agua, recurso escaso y esencial para la vida, como se ha demostrado
científicamente en Chile y en todo el mundo.
Por otra parte, la
aplicación de herbicidas, pesticidas y fertilizantes, altamente tóxicos,
han tenido un efecto muy negativo sobre muchas comunidades rurales,
debido a la contaminación de sus fuentes de agua y al envenenamiento de
sus animales. ¿No están en conocimiento de esto nuestras autoridades y
sus equipos técnicos? Los monocultivos de exóticas y el uso de
agroquímicos han tenido efectos desastrosos sobre la fauna, con impactos
menos evidentes, que recién comienzan a conocerse. Las abejas,
fundamentales para la vida de los vegetales, y por lo tanto, de los
animales y del ser humano, están desapareciendo, lo que puede corroborar
cualquier propietario en Chile. Se están reportando casos de zorros con
cáncer en sus patas, derivado de su paso obligado por las plantaciones
contaminadas. La desaparición de aves es cada vez más evidente en los
campos, hecho gravísimo que recién fue discutido y destacado en el
último Congreso de Vida Silvestre realizado en Valdivia. Cada vez se ven
menos insectos; rara vez se ven los antes abundantes coleópteros, y las
mariposas están prácticamente desaparecidas. ¿Es que en función de
seguir exportando estamos dispuestos a matar todo lo que nos rodea? Ni
mencionar la contaminación de ríos, la muerte de los cisnes en Valdivia,
y una serie de otros desastres protagonizados por nuestra industria
forestal. Las plantaciones tienen también un efecto muy negativo sobre
el paisaje, lo que afecta a una de las actividades económicas emergentes
más importantes en Chile, el turismo.
Si bien reconocemos que en
términos macroeconómicos la política de fomento a la forestación muestra
resultados positivos, nos parece un argumento complemente insuficiente
para plantear su continuidad por 20 años. El crecimiento económico por
sí sólo no sirve. Debe ir acompañado por políticas de distribución. ¿No
se supone que este es uno de los aprendizajes más claros que el modelo
neoliberal nos dejó en las últimas 3 décadas? En este caso en
particular, los beneficios del crecimiento del sector forestal se
concentraron en un grupo muy pequeño de inversionistas y empresarios,
mientras que los costos han sido pagados por toda la sociedad,
especialmente por los campesinos, las comunidades indígenas, los
pequeños y medianos empresarios, y nuestra flora y fauna.
El Gobierno llegó tarde. Se
demoró demasiado en presentar este Proyecto de Ley, y ahora, con el
pretexto de que el 31 de diciembre expira la ley vigente, quiere forzar a
nuestros parlamentarios a una discusión “express”.
El Gobierno no ha hecho
bien su trabajo en materia forestal. Tras el fracaso de sus proyectos de
ley de institucionalidad forestal y biodiversidad, pretende ahora
discutir en 5 minutos algo que por sus implicancias sociales, económicas
y ambientales, requiere varios meses.
Esperamos que nuestros
parlamentarios tengan la sabiduría para esperar. Hay evidencia abundante
para demostrar que la industria forestal chilena no requiere más
subsidios. Lo que se necesita es innovar y focalizar los esfuerzos
públicos en otras áreas, como la restauración ambiental, la conservación
y mantención de fuentes de agua, y la producción maderera y no
maderera, pero en torno a otros ejes de desarrollo, basados en pequeñas y
medianas empresas, y no a lo mismo que se viene haciendo por 40 años.
No entendemos a qué
“milagro” se refiere el ministro Mayol. Para nosotros el milagro es que
el modelo forestal vigente no haya destruido más pequeñas y medianas
empresas, ríos, bosques, y comunidades rurales. Esperamos que lo que
pasó con la Ley de Pesca no se repita en el sector forestal, e invitamos
a todas las personas interesadas en este tema a involucrarse
activamente en la discusión.
Por Claudio Donoso,
Ingeniero Forestal (M.Sc.), Profesor Emérito, Universidad Austral de
Chile. Presidente Honorario Agrupación de Ingenieros Forestales por el
Bosque Nativo (AIFBN).
Y Rene Reyes,
Ingeniero Forestal (M.Sc.), Estudiante de Doctorado, Universidad de
British Columbia. Director Agrupación de Ingenieros Forestales por el
Bosque Nativo (AIFBN).
Fuente El Ciudadano
