Misión Mapuche Jesuita.
El lunes 2 de abril de 2012, por la mañana, el
sargento del GOPE de Carabineros Hugo Albornoz recibió
una herida de bala en el cuello, en una confusa circunstancia mientras se
retiraba de la comunidad Wente Winkul Mapu, en la comuna de Ercilla. El
carabinero se encontraba de servicio, junto a unos 50 efectivos, en un procedimiento
encabezado por el fiscal jefe de Collipulli, Luis Chamorro. El operativo
terminó con dos mujeres detenidas, una de ellas en un allanamiento no
autorizado.
Horas después, el sargento falleció en el Hospital
Regional de Temuco, provocando conmoción pública. Al día siguiente el werkén de
la comunidad, Daniel Melinao, pide a la justicia prontitud para aclarar los
hechos y recibe voluntariamente a la Policía de Investigaciones para realizar
en el lugar los peritajes correspondientes. En tal peritaje se determinó que el
sargento no había sido herido en una emboscada en el camino, como había sido la
versión oficial de la fiscalía y carabineros, sino en el patio de una casa a la
que ingresaron posteriormente.
Un año después, el dirigente Daniel Melinao es
detenido en la ciudad de Collipulli y formalizado como coautor de homicidio
calificado al sargento Albornoz, quedando privado de libertad en la cárcel de
Angol, al menos por dos meses. Presentó los cargos el mismo fiscal Chamorro, y
como prueba, la triangulación de su teléfono celular, que lo ubicaría en la
comunidad o cerca de ella en la hora y lugar de los hechos. Además 5
carabineros dicen reconocerlo presente en el lugar entregando un cartucho de
escopeta a otros comuneros que habrían estado participando en un
enfrentamiento.
Hay una serie de preguntas que nos inquietan a la
hora de discernir esta situación.
¿Cuánto se ha avanzado en la investigación para
aclarar la verdad sobre la muerte del sargento Albornoz, ya ocurrida un año
atrás? En enero de este año la información de prensa sobre el informe filtrado
por carabineros, especifica que no hay pruebas suficientes como para practicar
detenciones. ¿Qué cambió desde entonces hasta ahora?
¿Por qué se le negó el derecho al detenido de ser
representado por un abogado de su propia confianza durante la formalización? ¿Por
qué todavía la defensa no puede tener acceso a la carpeta de investigación?
¿Cuánto tomó en cuenta el tribunal, al acoger la
imputación, las actividades que tuvo el dirigente en Collipulli –de lo cual hay
varios testigos- durante la mañana del lunes 2 de abril mientras se realizaba
el allanamiento? En un lapso muy rápido desde que el dirigente estaba en
Collipulli, carabineros testimonian que se encontraba participando activamente
de un enfrentamiento en un lugar al que es sumamente difícil acceder por las
condiciones del terreno.
¿No debiera declararse incompetente el fiscal,
siendo que fue parte de la supuesta emboscada, y dejar la investigación a un
fiscal que pueda actuar con imparcialidad? La Defensoría Penal Pública ha
pedido ya en dos ocasiones la inhabilidad del fiscal Chamorro -por tener
calidad de víctima en las causas que él mismo investiga- siendo esto
desestimado por el fiscal regional. Por otro lado, nos parece que hay elementos
suficientes para hacer un cuestionamiento al fiscal Chamorro y al Tribunal de
Angol, respecto a las causas levantadas contra esa comunidad y otras, dado que la
Corte Suprema ya en tres ocasiones en los últimos meses ha anulado juicios y
altas condenas por falta de pruebas, después de largas prisiones preventivas
dictadas en procedimientos similares de formalizaciones ocurridas mucho tiempo
después de los hechos. ¿Cuánto están presionados los tribunales de la zona para
obtener encarcelados de las comunidades que están llevando adelante procesos de
recuperación territorial efectiva, y cuánto esto está provocando una falta de
prolijidad a la hora de evaluar los méritos de una acusación?
Nadie puede dejar de lamentar la muerte de un
carabinero en acto de servicio. Creemos que ni carabineros ni las comunidades
mapuche son los principales responsables de las situaciones de violencia a las
que ya estamos acostumbrados –son sólo carne de cañón- sino un poder político y
económico que se niega a avanzar en la restitución territorial, provocándose
situaciones dolorosas que ya no se resisten más.
Esperamos que lo antes
posible se esclarezca la verdad de los hechos en la muerte del sargento
Albornoz, luego de la exhaustiva investigación que se habrá hecho durante un
año completo, con amplios recursos por parte de los organismos pertinentes.
Anhelamos que la prisión preventiva se declare sólo cuando haya pruebas
suficientes, lo que vemos que no ha ocurrido en ya varios casos. En el caso de
Daniel Melinao, no comprendemos cómo hoy puede haber pruebas que no había hace
meses, si se dice que son carabineros quienes lo reconocen en el lugar de los
hechos, y siendo él un dirigente ampliamente conocido en la zona. Si
carabineros tuviera fotos sacadas ese día, entonces Melinao debiera haber sido
encarcelado al día siguiente, cuando apareció públicamente por la prensa
pidiendo que se esclareciera la situación y abriendo la comunidad a la Policía
de Investigaciones.
La detención del werkén de Wente Wingkul Mapu se
da en un contexto más amplio de decisiones políticas sobre las demandas del
movimiento mapuche. En las últimas semanas se han realizado allanamientos en
distintas comunidades, destacando por la fuerza del contingente policial con
armamento de guerra en Trapilwe, Mawidache y Rukawe. Ya son casi 30 los mapuche
detenidos desde Concepción a Valdivia, con criterios que no serían acogidos si
los imputados no fueran mapuche. Mientras, se avanza en proyectos inconsultos
–es decir, ilegítimos-: la ley forestal, el aeropuerto, la hidroeléctrica en el
sitio ceremonial en Pilmaikén. Nos parece que en este año electoral, se está
preparando un escenario cada vez más conflictivo para el próximo gobierno.
