Reporteros sin Fronteras condena la represión de la que
son víctimas varias radios comunitarias en el estado Oaxaca, por parte
de empresas trasnacionales y del gobierno local. Estos medios de
comunicación se oponen al proyecto de construcción de un gigantesco
parque eólico en el Istmo de Tehuantepec, a cargo de las compañías
Mareña Renovables y Gas Natural Fenosa, y denuncian que no se consulto
de manera previa a las comunidades indígenas de la zona.
El conflicto local se intensificó estos últimos días. El 4 de abril de 2013, Carlos Sánchez Martínez, periodista de Radio Totopo,
fue arrestado y agredido físicamente por agentes de la policía del
estado; aún se encuentra detenido. Su caso es representativo de la
persecución que sufre este medio de comunicación comunitario, que desde
hace varios meses ha desempeñado un papel central en la defensa de los
pueblos indígenas y la oposición al proyecto eólico. Días antes, Radio Totopo fue blanco de ataques y el 26 de marzo el gobierno de Oaxaca desmanteló y confiscó su equipo.
Lo que le ocurre a esta radio está lejos de ser un caso
aislado, ya que otros medios de comunicación que informan sobre el
conflicto local también son víctimas de persecuciones desde hace varios
meses.
El 20 de marzo de 2013 un periodista de Radio Xadani, Filiberto Vincente Aquino,
recibió amenazas de muerte tras acudir a una rueda de prensa sobre la
oposición al parque eólico. Al día siguiente, varios periodistas fueron
retenidos por policías municipales en San Mateo del Mar; fueron
liberados horas más tarde. Entre ellos estaban: Ignacio Garrido y Karina Martínez, de Radio Voces de los Pueblos; Rosa Rojas, del diario La Jornada; el fotógrafo Francisco Olvera, así como David Henestrosa y Eliseo Ramírez. Por otra parte, a Radio Huave
–que desde hace más de diez de años denuncia los impactos del
megaproyecto eólico– también le robaron su equipo de transmisión en
estos últimos días.
Reporteros sin Fronteras hace un llamado al gobierno de
Oaxaca y a las empresas trasnacionales para que cesen esta campaña de
criminalización de las radios comunitarias y respeten su trabajo. Estos
medios de comunicación –que ya han demostrado su papel en la defensa de
los derechos de las comunidades locales– no hacen sino informar sobre el
conflicto que tiene lugar en la zona.
La organización también pide a las autoridades que
respeten sus compromisos relativos a los derechos de los pueblos
indígenas, como lo estipula en Convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por México en 1990, así como
el artículo 2 de la Constitución Federal.
La seguridad de los periodistas en México, donde
Reporteros sin Fronteras llevó a cabo una misión en el pasado mes de
marzo, es aún muy preocupante, en particular en los estados del norte y
el este del país, donde los medios de comunicación en línea y los blogs
se ven muy afectados. En ese sentido, Reporteros sin Fronteras se
asombra de que la Asociación Mexicana de Editores de Periódicos haya
otorgado el 2 de abril pasado al gobernador del estado de Veracruz un
premio destinado a recompensar sus supuestos “esfuerzos para garantizar
el pleno ejercicio de la libertad de expresión”. Cinco periodistas
fueron asesinados en Veracruz en 2012, muchos huyen de la región, donde
prevalece la completa impunidad.
Fuente http://es.rsf.org
