El informe anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, destacó en lo negativo sobre Chile, varias agresiones sufridas por comunicadores durante 2008, y la presentación de dos iniciativas legales que no se ajustan a los estándares interamericanos de Libertad de Expresión. Entre ellas, la modifcación del régimen de concesiones de las radios, que permite la renovación automática de los actuales titulares, perpetuando así la concentración de la propiedad en desmedro de otras actorías sociales.
En lo positivo el recuento valoró la Ley de Transparencia, y la indemnización de la periodista Alejandra Matus por la incautación de "El libro negro de la Justicia Chilena". A continuación les ofrecemos un resumen del capítulo sobre Chile:
Derecho a la comunicación
El 12 de octubre de 2008 fue promulgada una modificación a la Ley General de Telecomunicaciones. "De acuerdo con la información recibida por la Relatoría Especial, estas reformas en el mecanismo de concesión de radiodifusión sonora habrían creado un sistema que otorgaría de manera casi automática la renovación de las concesiones vigentes". La Relatoría Especial le recordó al Estado que de acuerdo con el principio 12 de la Declaración de Principios, “[l]as asignaciones de radio y televisión deben considerar criterios democráticos que garanticen una igualdad de oportunidades para todos los individuos en el acceso a los mismos”.
Agresiones a medios y comunicadores
El 19 de marzo de 2008, se produjo una amenaza de bomba en las instalaciones de Chilevisión, mientras que el 22 de junio de 2008, particulares que se habrían hecho pasar por funcionarios estatales ingresaron a las instalaciones de Radio 1 de Mayo, alegando su intención de tomar fotografías en el interior. A su vez, el 23 de octubre de 2008, la comunicadora Javiera López habría recibido amenazas de muerte telefónicas y una golpiza, luego de realizar una serie de reportajes sobre el narcotráfico para el canal Nor TV . La Relatoría Especial también recibió información sobre el caso del fotógrafo de la Agencia EFE, Víctor Salas, que el 21 de mayo de 2008 fue agredido por un carabinero en Valparaíso cuando cubría una manifestación. El reportero gráfico habría perdido el ojo derecho.
Acceso a la Información
La Corte Interamericana “dio por concluido el caso 'Claude Reyes y otros', y como parte del proceso, el 11 de agosto de 2008, el Estado promulgó la Ley de Transparencia de la Función Pública y Acceso a la Información de la Administración del Estado". La Relatoría Especial valoró positivamente los avances para la implementación del derecho de acceso a la información.
Caso Alejandra Matus
El texto señala que el 9 de septiembre de 2008, el Consejo de Defensa del Estado resolvió indemnizar a la periodista Alejandra Matus por la incautación de “El Libro Negro de la Justicia Chilena”, ocurrida en 1999.
Caso Palamara y Justicia Militar
La Corte Interamericana decidió mantener abierto el procedimiento de supervisión de la sentencia en el caso Palamara Iribarne, y considerar como “pendiente de acatamiento” el punto que ordenaba al Estado “[a]doptar todas las medidas necesarias para derogar y modificar, dentro de un plazo razonable, cualesquiera normas internas que sean incompatibles con los estándares internacionales en materia de libertad de pensamiento y de expresión”.
El Desacato de prohibir el "Desacato"
El 10 de julio de 2008 se presentó ante el Congreso un proyecto de ley que agrega un nuevo supuesto al artículo 417 del Código de Justicia Militar. El texto del proyecto dispone que, “[e]l que maltratare de palabras a uno de los integrantes de Carabineros de Chile, en el ejercicio de sus funciones, o con conocimiento de su calidad de miembro de esa Institución, sufrirá la pena de prisión en su grado mínimo más una multa de 3 UTM a beneficio fiscal”. La Relatoría Especial manifestó su preocupación la iniciativa y le recuerdó al Estado que “[l]as leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos generalmente conocidas como ‘leyes de desacato’ atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información”.
miércoles, 27 de mayo de 2009
Renovación "express" de concesiones radiales podría violar igualdad de oportunidades según informe de Relatoría CIDH
El informe anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, destacó en lo negativo sobre Chile, varias agresiones sufridas por comunicadores durante 2008, y la presentación de dos iniciativas legales que no se ajustan a los estándares interamericanos de Libertad de Expresión. Entre ellas, la modifcación del régimen de concesiones de las radios, que permite la renovación automática de los actuales titulares, perpetuando así la concentración de la propiedad en desmedro de otras actorías sociales.
En lo positivo el recuento valoró la Ley de Transparencia, y la indemnización de la periodista Alejandra Matus por la incautación de "El libro negro de la Justicia Chilena". A continuación les ofrecemos un resumen del capítulo sobre Chile:
Derecho a la comunicación
El 12 de octubre de 2008 fue promulgada una modificación a la Ley General de Telecomunicaciones. "De acuerdo con la información recibida por la Relatoría Especial, estas reformas en el mecanismo de concesión de radiodifusión sonora habrían creado un sistema que otorgaría de manera casi automática la renovación de las concesiones vigentes". La Relatoría Especial le recordó al Estado que de acuerdo con el principio 12 de la Declaración de Principios, “[l]as asignaciones de radio y televisión deben considerar criterios democráticos que garanticen una igualdad de oportunidades para todos los individuos en el acceso a los mismos”.
Agresiones a medios y comunicadores
El 19 de marzo de 2008, se produjo una amenaza de bomba en las instalaciones de Chilevisión, mientras que el 22 de junio de 2008, particulares que se habrían hecho pasar por funcionarios estatales ingresaron a las instalaciones de Radio 1 de Mayo, alegando su intención de tomar fotografías en el interior. A su vez, el 23 de octubre de 2008, la comunicadora Javiera López habría recibido amenazas de muerte telefónicas y una golpiza, luego de realizar una serie de reportajes sobre el narcotráfico para el canal Nor TV . La Relatoría Especial también recibió información sobre el caso del fotógrafo de la Agencia EFE, Víctor Salas, que el 21 de mayo de 2008 fue agredido por un carabinero en Valparaíso cuando cubría una manifestación. El reportero gráfico habría perdido el ojo derecho.
Acceso a la Información
La Corte Interamericana “dio por concluido el caso 'Claude Reyes y otros', y como parte del proceso, el 11 de agosto de 2008, el Estado promulgó la Ley de Transparencia de la Función Pública y Acceso a la Información de la Administración del Estado". La Relatoría Especial valoró positivamente los avances para la implementación del derecho de acceso a la información.
Caso Alejandra Matus
El texto señala que el 9 de septiembre de 2008, el Consejo de Defensa del Estado resolvió indemnizar a la periodista Alejandra Matus por la incautación de “El Libro Negro de la Justicia Chilena”, ocurrida en 1999.
Caso Palamara y Justicia Militar
La Corte Interamericana decidió mantener abierto el procedimiento de supervisión de la sentencia en el caso Palamara Iribarne, y considerar como “pendiente de acatamiento” el punto que ordenaba al Estado “[a]doptar todas las medidas necesarias para derogar y modificar, dentro de un plazo razonable, cualesquiera normas internas que sean incompatibles con los estándares internacionales en materia de libertad de pensamiento y de expresión”.
El Desacato de prohibir el "Desacato"
El 10 de julio de 2008 se presentó ante el Congreso un proyecto de ley que agrega un nuevo supuesto al artículo 417 del Código de Justicia Militar. El texto del proyecto dispone que, “[e]l que maltratare de palabras a uno de los integrantes de Carabineros de Chile, en el ejercicio de sus funciones, o con conocimiento de su calidad de miembro de esa Institución, sufrirá la pena de prisión en su grado mínimo más una multa de 3 UTM a beneficio fiscal”. La Relatoría Especial manifestó su preocupación la iniciativa y le recuerdó al Estado que “[l]as leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos generalmente conocidas como ‘leyes de desacato’ atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información”.