Desalojo en Placilla: contingente policial y desamparo en la Toma Unión Sin Fronteras
En medio de un fuerte contingente policial y la resistencia de algunos pobladores , se concretó el desalojo de la Toma Unión Sin Fronteras en Placilla. El operativo, que contó con la presencia de Fuerzas Especiales y vehículos blindados, dejó a 120 familias sin un lugar donde vivir, en una jornada marcada por la tensión, las barricadas y la indignación dfe quienes llegarón a solidarizar con los pobladores.
Cabe destacar que el terreno en cuestión había estado abandonado por más de 70 años, sin cumplir ninguna función social ni habitacional. Hace cuatro años, ante la creciente crisis de vivienda y el alza desmedida de los arriendos, 120 familias de trabajadores, adultos mayores, mujeres embarazadas, niños y personas con discapacidad decidieron ocupar el predio y levantar allí precarias viviendas que, aunque humildes, representaban un refugio y una esperanza ante el abandono estatal.
Durante este tiempo, las familias organizaron la vida comunitaria, generaron espacios de apoyo mutuo y lograron darle vida a un terreno que la especulación inmobiliaria mantenía ocioso. Sin embargo, sus demandas y propuestas fueron ignoradas. Los pobladores solicitaron aplazar el desalojo hasta fin de año, con el único objetivo de permitir que los niños y niñas pudieran terminar su año escolar en tranquilidad, pero ni el Gobierno ni la Corte de Apelaciones de Valparaíso accedieron a esta petición mínima.
Ayer, el delegado presidencial Yanino Riquelme se hizo presente en el lugar, pero lejos de entablar un diálogo con las familias afectadas, solo se tomó fotografías y se retiró, mostrando la distancia y el desinterés que caracteriza a las autoridades frente a la realidad de los sectores más vulnerables.
Hasta la mañana de hoy, el municipio dispuso como “medida de emergencia” albergues temporales en el Estadio O’Higgins del cerro Ramaditas, por apenas tres días y sin permitir el ingreso de animales. Una solución improvisada y deshumanizante que no responde a las necesidades reales de las familias, ni mucho menos a un enfoque de derechos.
Si este gobierno indolente cree que entregar un techo por unos pocos días es una solución, está profundamente equivocado. La verdadera salida pasa por construir viviendas sociales dignas en estos mismos terrenos, garantizando el derecho a la vivienda y evitando que los suelos pasen nuevamente a manos de las grandes inmobiliarias, que especulan con precios altísimos en donde los pobladores no tienen ninguna posibilidad de adquirir una vivienda.
El desalojo de la Toma Unión Sin Fronteras no solo representa una tragedia para las familias afectadas, sino también un reflejo de las profundas contradicciones de un país que declara avanzar en políticas sociales, mientras criminaliza la pobreza y protege los intereses privados.
Las y los pobladores desalojados continúan firmes en su demanda: techo, dignidad y justicia social, porque vivir con dignidad no puede seguir siendo un privilegio.
