Frente a estos llamados, manifestamos nuestra preocupación por las familias que no tienen relación con los delitos que se persiguen y requerimos a las instituciones del Estado a que se evite exponer a niños, niñas y sus familias a experiencias tan dramáticas como los desalojos, y que, si se diera como medida de última ratio, estos procedimientos consideren las directrices sobre desalojos establecidas por organismos de derechos humanos, como las Naciones Unidas.
Solicitamos, además, que se considere la protección especial que corresponde a niños y niñas, más aún si son migrantes. Subrayamos que los derechos de la niñez en contextos de desalojos están respaldados por instrumentos internacionales de protección de derechos, como la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) y la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH). Estos instrumentos establecen la necesidad de considerar el interés superior de los niños y niñas, su derecho a un nivel de vida adecuado, lo cual incluye el acceso a la vivienda; a la protección contra la discriminación y la violencia, a ser protegidos contra la separación de sus familias; a ser escuchados, a participar en decisiones que les afecten, entre otros.
¡RESPETAR LOS DERECHOS HUMANOS DE LA NIÑEZ Y LOS GRUPOS VULNERABLES!
