Marcela Belchior
Adital
Los movimientos de lucha por el
derecho a la tierra en Brasil viven un momento de profunda represión. Un informe
divulgado por la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT) señala que los casos de
violencia contra la persona en 2014, con amenazas, intentos de asesinato y
muertes de líderes del campo, crecieron en relación con 2013. Se registraron
1.286 más conflictos que el año anterior, que involucraron a un número de
personas 43% mayor. Además, el número de familias desalojadas casi se duplicó el
último año.
Según el relevamiento, el número de
asesinatos pasó de 34 en 2013, a 36 en 2014, un aumento del 6%. Ese crecimiento
se dio en la región Centro-Oeste, donde el número de asesinatos pasó de seis a
ocho, un 33% más, y en el Sur, de uno a tres, un 200% más. En la región Norte,
el número siguió la misma tendencia: 14 asesinatos, tanto en 2013 como en 2014.
En la región Nordeste, la cantidad disminuyó de 10 a 9 y en el Sudeste, de 3 a 2.
A diferencia de los años anteriores, en que se destacaban entre los asesinados
indígenas y quilombolas, el blanco principal en 2014 fueron los sin tierra
(11), asentados (ocho) y poseedores de tierra (siete).
De 15 intentos de asesinato en 2013,
el número saltó a 56 en 2014, lo que representa un crecimiento del 273%. Ese
salto se dio en todas las regiones de Brasil, menos en el Centro-Oeste, donde el
número cayó de 7 a 3. En el Nordeste, los intentos crecieron de 5 en 2013, a 11
en 2014, un 120%; en el Norte, de 0 a 32, un 3.200% (28 de ellos en Pará); en
el Sudeste, de 1 a 7, un 600%, y en el Sur, de 2 a 3, un 50%. Por otro lado, el
número de registros de amenazas de muerte cayó de 241 en 2013, a 182 en 2014, o
sea, un 24% menos. Esta disminución se produjo en todas las regiones del país.
Otro dato que se destaca en la
violencia contra los hombres y las mujeres del campo es el del número de
familias desalojadas, que creció casi un 92%. Mientras 6.358 familias fueron
desalojadas en 2013, 12.188 lo fueron en 2014. Este crecimiento se dio en todas
las regiones de Brasil, menos en el Norte, donde el número disminuyó. En el
Centro-Oeste, el crecimiento fue de un 112%, en el Nordeste, el número aumentó en
un 136%; en el Sudeste, saltó un 123%; y en el Sur tuvo un crecimiento del
419%.
El mayor índice de crecimiento de
conflictos y de la violencia en 2014 se registró en las regiones más
desarrolladas del país, donde el agronegocio está más consolidado, el Sur y el
Sudeste. En esas dos regiones, los movimientos sociales también tuvieron una actuación
más intensa en 2014, con mayor número de ocupaciones y campamentos.
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| Entre los pueblos afectados están los indígenas, los quilombolas, los sin tierra, asentados y poseedores de tierra. En la foto, una protesta de pueblos indígenas de Mato Grosso do Sul en noviembre de 2014: "No al desalojo”. Foto: Reproducción. |
En entrevista con Adital, el
sociólogo Rubem Siqueira, miembro de la coordinación Nacional de la Comisión
Pastoral de la Tierra (CPT), subraya que el Estado participa de ese contexto en
la medida en que promueve un tipo de desarrollo única y exclusivamente mediante
el crecimiento económico. Por eso, las instituciones estatales incentivan,
financian y facilitan que proyectos de expansión del agronegocio o de infraestructura
(hidroeléctricas, ferrovías, parques eólicos etc.) puedan instalarse sin que se
tome en cuenta a la población para ponderar la viabilidad y las condiciones
para realizar tales intervenciones.
"Un ejemplo son las audiencias
públicas. Muchas de ellas no sirven realmente, son una farsa. Ahí ocurre el
embate, la situación conflictiva y la imposición de esas obras y la
deforestación. El Estado vuelve a actuar como represor mediante la Justicia, la
policía, la Procuraduría, que funcionan de manera lenta. Eso lleva a la
impunidad”, puntualiza Siqueira. "El Estado es ausente, está en connivencia, el
principal responsable, porque es servil a ese capitalismo impuesto sobre el
territorio”, afirma el sociólogo.
Ocupación de tierras
En 2014, la CPT registró 205
acciones de ocupación de tierra que involucraron a 26.189 familias y 20
campamentos, con 4.570 familias. El número de ocupaciones es menor que el
registrado en 2013 (230), pero el número de familias involucradas es mayor (en
2013, fueron 22.824). En relación con los campamentos, tanto las acciones como
el número de familias son muy superiores a las de 2013 (14 acciones, 3.055
familias). El Estado de San Pablo registró el mayor número de acciones: 57 ocupaciones
y cinco campamentos; 4.394 familias en las ocupaciones y 426 en los campamentos
estuvieron involucradas.
En ese contexto, una ocupación en
especial se destacó: la de la Hacienda Santa Mónica, en Corumbá de Goiás
[Estado de Goiás], iniciada el 31 de agosto. Llamó la atención tanto por el
número, 3.500 familias ocupantes, como por el propietario del área, el senador
de la República y ex ministro del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva,
entonces candidato a gobernador por el Estado de Ceará, Eunício de Oliveira
(Partido del Movimiento Democrático Brasilero - PMDB). Fue la mayor y más osada
ocupación realizada por el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra
(MST) en Goiás.
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| En agosto de 2014, militantes sin tierra ocuparon las tierras del senador Eunício Oliveira (a la izquierda), en Goiás. Foto: Reproducción. |
Reforma Agraria en nuevo contexto
El coordinador de la CPT, Rubem
Siqueira, evalúa que hoy el país se encamina a un proceso de contrarreforma
agraria, expandiendo el agronegocio y concentrando cada vez más la tierra. Por
eso, la demanda por la reforma agraria actualmente se fortalece a través de la
necesidad de hacer frente a los recursos de la industria de alimentos, que
utiliza del super-procesamiento y pone en riesgo la salud de la población. "Un
imperativo de la reforma agraria, hoy, es ése: poner gente que pueda producir
alimentos de calidad, de manera agroecológica”, explica.
Según Siqueira, otro factor que contribuye
a la necesidad de la reforma agraria es la insustentabilidad de las ciudades.
"La población brasilera está viviendo en nueve megalópolis sin infraestructura.
Si la población se quedara en el campo, con buenas condiciones de vida, mejoraría
también la vida en la ciudad”, señala. "No estamos logrando volver a poner en
la pauta del país esa discusión que los movimientos sociales están haciendo y
eso tiene que ver con la cooptación de los movimientos del campo por parte del
gobierno. Algunas áreas de reforma agraria todavía dependen de recursos
públicos”, concluye.
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Marcela Belchior
Es periodista de Adital. Maestra en Comunicación y Semiótica en Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), investiga las relaciones culturales en América Latina.
Correo electrónico:
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