El jueves, la organización internacional no
gubernamental publicó su reporte anual demostrando la situación de los
derechos humanos en más de 90 países del mundo. Entre otros, el informe
de la ONG mencionó con preocupación la amplia definición de terrorismo
dentro de la Ley antiterrorista, la inconsecuencia de la Corte Suprema
en casos de abusos perpetrados durante la dictadura y la situación
precaria en las cárceles chilenas.
En su reporte anual sobre violaciones de los derechos humanos, la organización internacional Human Rights Watch (Observatorio
de Derechos Humanos, HRW por sus siglas en inglés) destacó los casos de
tortura y la impunidad que prevalece en aquellos, la violencia de forma
indiscriminada por parte de Carabineros y la falta de derechos
reproductivos para las mujeres de Chile.
Citando cifras del Instituto Nacional de Derechos Humanos
(INDH), la organización mostró su preocupación por los casos de tortura
que se siguen denunciando y la prevaleciente impunidad en estos casos,
entre el año 2011 y 2014 el INDH presentó 33 denuncias de tortura a las
cortes chilenas, de ellas unas 16 fueron supuestamente cometidas por
Carabineros, 10 por funcionarios de Gendarmería y 7 por la Policía de
Investigaciones de Chile (PDI).
Además, la ONG mencionó que “Chile es
uno de los cuatro países de América Latina (entre El Salvador, Honduras y
Nicaragua), con una prohibición absoluta del aborto,
incluso en caso de necesidad médica o violación.” Cabe recordar que
Chile además es uno de los siete países del mundo donde el aborto es
ilegal en cualquier circunstancia. Este sábado se espera la presentación
del proyecto de aborto terapéutico.
El informe expresó que el uso desproporcionado carros lanza agua y gases lacrimógenos,
en relación a la “amenaza” planteada, es más regla que excepción.
Además señaló que el uso de fuerza en detenciones hechas por Carabineros
es desproporcionada.
“Información publicada por el INDH en
2014 reveló que la manera en que maneja la policía las protestas
públicas quedaron cortos de los estándares internacionales de derechos
humanos,” destacó HRW. Según los datos del INDH, citados por la ONG, el
uso de “equipos contra disturbios” se desplegaron de manera indiscriminada en un 70% de las marchas observadas por el Instituto en 2013.
Sin embargo, el informe notó que, tanto
la cantidad de marchas como el número de denuncias sobre abuso por parte
de Carabineros, disminuyeron significativamente durante el año pasado.
Aparte de destacar que muchas de las cárceles chilenas están “groseramente superpobladas”,
la ONG también notó que muchos de los prisioneros a menudo son
“confinados arbitrariamente a celdas de castigo con falta de luz,
ventilación, acceso básico a agua, saneamiento e higiene, o atención
médica.” El informe cita investigaciones realizadas por el INDH, las
cuales indican que el maltrato a prisioneros en forma violenta es una
práctica recurrente por parte de los guardias en las prisiones.
El reporte también habla sobre los
procesos judiciales por violaciones perpetradas durante la dictadura. La
ONG hace referencia al monitoreo por parte del Observatorio de Justicia Transicional de la Universidad Diego Portales, notando que la Corte Suprema no ha sido consecuente
en sus revisiones de sentencias, reduciendo la condena en casos de
ejecución extrajudicial, mientras que confirma las cadenas de prisión de
acuerdo a la obligación de entregar “castigos adecuados” en casos de
desaparición forzada.
“Mientras que las cortes siguen
enjuiciando a individuos por abusos cometidos durante la dictadura de
Augusto Pinochet (1973-1990), la Corte Suprema ha usado sus poderes discrecionales en muchos casos para reducir las sentencias
de violadores de los derechos humanos, resultando en sentencias que son
inconmensurables con la gravedad de los crímenes,” destacó el informe.
HRW también demostró su preocupación por la ley antiterrorista, la cual describe como una legislación con una definición de terrorismo muy extensa.
“La definición de terrorismo,
excesivamente amplia en la ley, sigue permitiendo el enjuiciamiento de
activistas en base a cargos de terrorismo, supuestamente responsables
por actos como incendios provocados y destrucción de la propiedad privada,”
mencionó el reporte. “Otra preocupación es la provisión en la
legislación que permite a los fiscales mantener oculta la identidad de
ciertos testigos […].”
El reporte también mencionó el proyecto de ley
que se introdujo en noviembre el año pasado, el cual sugiere que los
abogados de defensa deben tener el derecho a conocer la identidad de los
testigos en estos casos y obtener la posibilidad de interrogar al
testigo. Sin embargo, el proyecto también contiene sugerencias para otros cambios, entre otros, la definición del motivo de un acto de terrorismo.
El informe anual de la organización no
gubernamental, HRW, es una recopilación del estado de los DDHH en más de
90 países del mundo. La ONG fue fundada como una organización
estadounidense en el año 1978 bajo el nombre de “Helsinki Watch”.
Fente Sandra Segall
El Ciudadano
