domingo, 14 de diciembre de 2014

Dictaduras: leyes de amnistía son incompatibles con normas internacionales de derechos humanos

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Adital

Ante los muchos desafíos que actualmente enfrentan varios países americanos para garantizar justicia a las víctimas de dictaduras, conflictos armados internos y situaciones de violencia generalizada, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la Organización de Estados Americanos (OEA), acaba de lanzar el informe titulado "Derecho a la verdad en América”. En el documento, la Comisión recompila información de los diversos tipos de violaciones de derechos humanos que ocurren en esas circunstancias.

"Eran una constante el fenómeno de la desaparición forzada, la aplicación de la jurisdicción penal militar y las leyes de amnistía a fin de liberar de responsabilidad a los responsables de violaciones de derechos humanos”, destaca la CIDH. "También hubo, y en muchos casos se perpetúa, un patrón común en cuanto a la falta de acceso a la información sobre lo sucedido. El ocultamiento de la información fue en algunos países una política deliberada del Estado e incluso una ‘estrategia de guerra’”, complementa la Comisión.


En ese contexto, el informe analiza las obligaciones que los Estados tienen en relación con el objetivo de garantizar el derecho a la verdad frente a graves violaciones de derechos humanos, principalmente en relación con sus avances y desafíos. En el caso de las desapariciones forzadas, la CIDH destaca la obligación del Estado de adoptar todas las medidas necesarias para esclarecer lo ocurrido, determinar el paradero de la víctima, identificar restos exhumados y entregar restos mortales a los respectivos familiares. De la misma manera, señala que los Estados no pueden continuar empleando la jurisdicción penal militar en casos de violaciones de derechos humanos, sin importar el carácter civil de la víctima o del acusado.

En el documento también se resalta una "absoluta incompatibilidad” de las leyes de amnistía con las normas internacionales sobre derechos humanos, sin hacer distinción sobre su naturaleza o momento de adopción. "Todas las instituciones estatales tienen el deber de aportar toda documentación de cualquier tipo, incluyendo archivos militares o documentos clasificados como ‘secretos’ o bajo cualquier otra denominación que restrinja su circulación, a fin de contribuir con las investigaciones que se realicen por este tipo de graves violaciones”, explica la CIDH.

"Las democracias de hoy tienen una gran responsabilidad: garantizar que las víctimas de las violaciones a los derechos humanos perpetradas en dictaduras, gobiernos autoritarios y conflictos armados del pasado, tengan acceso a la verdad, la justicia y la reparación. Pero no son sólo las víctimas y sus familiares quienes tienen Derecho a la Verdad, sino también la sociedad como un todo”, afirmó la presidente de la CIDH, Tracy Robinson, en texto divulgado por la Comisión. "Cuando el Estado garantiza el Derecho a la Verdad, que incluye el derecho al esclarecimiento de los hechos y también a la justicia y a la reparación, esto funciona como una garantía de no repetición. La impunidad propicia la repetición de las violaciones”, agregó.

Con el documento, la CIDH pretende generar una plataforma de discusión para mejorar y consolidar la legislación, las políticas y las prácticas de los Estados en relación con el derecho a la verdad. Además de las obligaciones estatales, la Comisión evalúa los desafíos de las Comisiones de la Verdad creadas actualmente en 16 estados de América, orientando sobre mecanismos complementarios a los procesos judiciales que permitan avanzar en la elucidación de la historia. "Lamentablemente, en la actualidad continúan teniendo lugar algunas de estas graves violaciones a los derechos humanos en países con gobiernos democráticos”, enfatiza la CIDH.
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Informe de la CIDH está disponible en español e inglés. Foto: Reproducción CIDH.

Entre para leer el informe completo Derecho a la verdad en América, de la CIDH.
(Con informaciones de la CIDH)
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Marcela Belchior

Periodista de Adital