Detenciones
y malos tratos contra manifestantes
Once
manifestantes detenidos por cargos penales graves en Ciudad de México el 20 de noviembre corren peligro de ser
sometidos a un proceso judicial injusto. Todos ellos han denunciado haber
sufrido malos tratos y han sido trasladados a prisiones de alta seguridad, en
lugares muy apartados, que limitan seriamente sus posibilidades de ponerse en
contacto con sus abogados y familiares.
Un total de 11 manifestantes que fueron detenidos el
20 de noviembre en el centro de Ciudad de México quienes han sido acusados de
asociación delictuosa, intento de homicidio y motín. Las autoridades les
negaron durante aproximadamente dos días el derecho a acceder a un abogado de
su elección. A continuación, los enviaron a prisiones de alta seguridad,
situadas en lugares muy apartados, que imponen serias restricciones al contacto
entre los detenidos y sus abogados y familiares. Todos los detenidos han
denunciado que la policía los golpeó y amenazó mientras estaban bajo custodia.
Los representantes legales que se reunieron con algunos de los detenidos han
declarado que éstos presentaban golpes en la cara, hemorragias en los ojos y
cortes en los brazos.
Estas detenciones, y los cargos penales federales,
tuvieron lugar dos días después de que el presidente mexicano, Enrique Peña
Nieto, advirtiera de que las manifestaciones podían crear
"desestabilización" y “desorden social” y atacar el "proyecto de
nación".
Los manifestantes exigían una búsqueda urgente
y justicia para 43 estudiantes que llevan desaparecidos desde el 26 de
septiembre.
Instando a las autoridades a llevar a cabo una
investigación exhaustiva e inmediata sobre la presunta detención arbitraria y
malos tratos de los 11 manifestantes; esa investigación debe incluir la
realización de exámenes médico forenses que cumplan plenamente las normas
internacionales, o permitir que dichos exámenes sean realizados por expertos
forenses independientes;
Exhortamos a las autoridades a proporcionar a todos
los detenidos atención médica adecuada;
Reclamamos que garanticen el proceso debido a todos
los detenidos, lo cual incluye un contacto razonable con abogados y familiares,
y un juicio justo;
Exigimos que respeten plenamente el derecho a la
libertad de expresión y asociación de todos los manifestantes, y que
investiguen de manera exhaustiva, inmediata e imparcial todos los incidentes de
uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias y otras violaciones de
derechos humanos.