viernes, 5 de septiembre de 2014

Familia de adolescente muerto por policía exige justicia y reparación de daños por parte del Estado


Adital
Tres años después de la trágica muerte de un adolescente chileno, víctima de un disparo con arma de fuego por parte de un agente policial, la reciente sentencia del juicio al autor del atentado pone en debate en el país los mecanismos de la Justicia Militar. Para representantes de los movimientos sociales, el tribunal, que juzga los casos de violaciones a los derechos humanos, encubriría los delitos cometidos por las fuerzas públicas y no daría respuestas adecuadas para reparar los daños a la población. La familia de la víctima exige justicia.

El estudiante Manuel Eliseo Gutiérrez, de 16 años de edad –el más joven de cuatro hermanos, hijo de un pescador artesanal y de un ama de casa–, murió después de recibir un tiro durante una manifestación en Santiago del Chile, capital del país, el 25 de agosto de 2011. En la ocasión, las calles estaban tomadas por los chilenos, en huelga general convocada por la Central Única de los Trabajadores (CUT), que protestaban por la falta de respuesta a una serie de reivindicaciones sociales.

Los actos públicos se habían extendido durante todo el día, registrando episodios de violencia por parte de un grupo de manifestantes. Al comienzo de la madrugada, Gutiérrez, acompañado por su hermano y un amigo, observaba los resultados del día de conflictos en la zona sur de Santiago, situado en el cruce entre las calles Américo Vespucio y Amanda Labarca, cuando escucharon tres disparos. Uno de ellos alcanzó a Manuel en el pecho. Aunque fue llevado al hospital, el joven murió como consecuencia de una paro cardiorrespiratorio ocasionado por la herida de bala en la región toráxica.
El 6 de mayo de este año, el tribunal condenó al ex sargento Miguel Ricardo Millacura Cárcamo, autor de los disparos, a tres años y un día de prisión por el delito de violencia innecesaria, teniendo como resultado la muerte del adolescente, además de 60 días de detención por el delito de violencia innecesaria, causando lesiones menos graves a otro joven que fue herido en la misma ocasión. La Corte substituyó la pena de privación de la libertad por el régimen de libertad condicional por el período de tres años y 61 días. Una subteniente que fue procesada por encubrir los delitos fue absuelta.

Para la familia de Gutiérrez y sus abogados, la sentencia del tribunal militar fue tendenciosa, favoreciendo a los militares. Para ellos, la pena atribuida al ex sargento no es proporcional al delito. "La pena podría haber sido de hasta 20 años, según las características y circunstancias. Si bien el tribunal ha desestimado la legítima defensa, como alegaba el acusado, ha aplicado la circunstancia atenuante de colaboración eficaz con la investigación, lo que es falso y sólo buscaría favorecer al principal inculpado. Además lo favorecieron al no aplicar ninguno de los agravantes contemplados en la ley, por eso estamos apelando”, afirma Cristián Cruz, abogado de la familia.

"¿Cómo puede el tribunal haber considerado como atenuante el haber colaborado sustancialmente con el esclarecimiento de los hechos cuando el sargento inicialmente negó a sus superiores la utilización del armamento durante la noche de los hechos, limpió el arma y le repuso municiones para impedir que se descubriera que la había usado?”, cuestiona Cruz.

Actualmente, el caso de Manuel Gutiérrez está siendo apelado en corte marcial, que determina castigos a miembros de las Fuerzas Armadas, sometidos a las leyes del derecho militar. La familia comprende que, hasta el momento, no recibió la reparación adecuada por el delito y el apoyo efectivo por parte de las autoridades, como atención psicológica y asistencia económica. Por el Derecho Internacional, el Estado chileno tiene la obligación de reparar el daño causado por sus agentes a la población.

"No queremos que vuelva a ocurrir lo mismo. No queremos otro Manuel. Sabemos lo que se siente perder un ser querido, perder un hijo, un hermano, un nieto, perder un tío en el caso de mi sobrino. Es el dolor más grande que se puede sentir”, afirma Gerson Gutiérrez, pariente de la víctima.

Con informaciones de Amnistía Internacional.

Traducción: Daniel Barrantes - barrantes.daniel@gmail.com