El
gigantesco incendio que devoró un enorme sector de Valparaíso, sumiendo
a miles de sus habitantes en el desamparo, fue alertado el 12 de
diciembre de 2012 por el jefe de Emergencia del municipio porteño. El
acta de esa sesión lo certifica, así como la urgencia por realizar
trabajos preventivos que nunca se hicieron. Porque los dineros no
llegaron. Pero las arcas regionales han sido empobrecidas por sucesivos
escándalos de corrupción cuyos protagonistas son de todos los colores.
Esta es la historia de los dos estallidos –el fuego y los ilícitos- que
están en el origen de la tragedia.
Por
Eran las 16 horas del 12 de diciembre de 2012
cuando el nuevo Concejo Municipal de Valparaíso se reunió por primera
vez luego de las elecciones comunales de octubre. Debido a la ausencia
del reelecto alcalde Jorge Castro (UDI), producto de una operación
ambulatoria a la que sería sometido esa misma tarde, la sesión fue
presidida por el concejal Carlos Bannen (UDI).
Cuando le tocó el turno de intervenir, el jefe de Emergencias de la municipalidad no se guardó nada:
-Nosotros tenemos un problema: la continua falta de recursos para
enfrentar una emergencia, lo que para nosotros se traduce en un desastre
(…) En este momento, todas las emergencias se traducen en desastre (…)
Todo nos afecta: corre viento fuerte, se cae una muralla; nos caen unas
gotas de agua, y se producen aluviones.
Pero ese día, una de las mayores preocupaciones de Ricardo Valdés eran los incendios forestales.
Y no solo por el incendio que se había desatado en el Cerro Toro tres
días antes. Faltaba muy poco para el inicio oficial de la temporada
estival y, por esa razón, el jefe municipal se tomó casi todo el tiempo
de su exposición para alertar a los miembros del Consejo Municipal de
Valparaíso sobre el inminente riesgo de un siniestro de proporciones.
–Se está haciendo un desmalezado con mucho sacrificio y eso me consta porque hay 20 personas trabajando para toda la ciudad. Como
mandato, este municipio tiene que hacer cortafuegos por una cantidad de
45 kilómetros de distancia. Debemos haber ejecutado un 5% o 6% de eso.
El resto no ha se ha podido hacer por falta de recursos –afirmó.
La emergencia que describió Ricardo Valdés ese 12 de diciembre de
2012, exigía una reacción inmediata de las autoridades. No fue así. Lo
dramático es que este escenario se mantuvo sin avances hasta la tarde
del sábado 12 de abril de 2014, cuando el fuego se desató sin control
arrasando con todo lo que encontró a su paso a los largo de 1.145
hectáreas.
Valdés le describió a los concejales la conveniencia de que el
programa de desmalezamiento se realizara al menos una vez al año. Para
que ello sucediera, advirtió, la municipalidad debía conseguir recursos
extra con la intendencia regional o en instancias superiores, aludiendo
al gobierno central.
–Como dato de la causa, por lo menos hace un par de años, el desmalezado de la ciudad le costaba al municipio $170 millones, dinero que en las arcas municipales no está –agregó Valdés.
Según sus cálculos, había un déficit de al menos 80 personas para los
trabajos de desmalezamiento y una carencia evidente de herramientas,
maquinarias y camiones. Ello explicaba el poco avance en ese frente,
según lo recomendado por distintos organismos, entre ellos la
Corporación Nacional Forestal (CONAF).
La preocupación de Valdés era apremiante. En Valparaíso, entre las
quebradas y las laderas de cerros, había vuelto a incubarse una bomba de
tiempo. Y eran varios los estudios e informes que refrendaban la
inquietud del jefe de Emergencias. En 2012 la Revista Territorium
publicó un artículo del académico de la Universidad de Chile Miguel
Castillo, en el que, entre otros problemas, alertaba de la alta carga
combustible acumulada principalmente en lugares de muy difícil acceso de
los cerros costeros de Valparaíso y Viña del Mar: “La alta
carga de material disponible para la combustión supera largamente las
8-10 toneladas por hectárea, cifra que podría provocar intensidades
calóricas superiores a 500 Kcal/m/s”, señala el estudio.
–Espero equivocarme, pero yo creo que este año vamos a tener serios problemas con respecto a los incendios forestales –fue la conclusión principal que Ricardo Valdés le comunicó a los miembros del Concejo Municipal.
El diagnóstico del jefe de Emergencias de la municipalidad porteña se
hizo realidad casi con precisión milimétrica. Sólo dos meses después,
la bomba estalló. El 14 de febrero de 2013 casi 300 casas fueron
arrasadas por las llamas en el sector de Rodelillos y el Cerro Placeres
de Valparaíso, dejando a 1.200 personas damnificadas. Hasta hace poco,
este siniestro era considerado el peor desastre ocurrido en Valparaíso
desde el incendio de la noche de Año Nuevo de 1953.
Pero eso no fue todo. En abril del mismo año, un incendio originado
en el sector El Vergel, en la quebrada que une los cerros La Cruz y
Mariposas, consumió 40 hectáreas, destruyendo 35 casas y obligando a la
evacuación de 150 personas.
Serían exactamente esos mismos sectores los que volverían a ser los
principales focos del megaincendio que se desató este último fin de
semana, y que está dejando un saldo de 2.500 viviendas destruidas, 11
mil damnificados y 15 víctimas fatales. La peor pesadilla de Valdés se hacía realidad.
Lo que revela el acta de la sesión del Concejo Municipal del 12 de
diciembre de 2012, es que el municipio porteño estaba completamente al tanto del riesgo inminente de desastre en Valparaíso (ver acta municipal).
La labor de remoción de la carga combustible –arbustos, maleza y
desechos- más la construcción y mantención de cortafuegos, mostraba un
mínimo progreso y no había presupuesto para completar la mayor parte de esa urgente tarea. La precaria situación de las arcas municipales quedaba una vez más al descubierto.
La carencia de dineros en la Municipalidad e Intendencia de
Valparaíso es un problema de larga data. Y no sólo por falta de
recursos. Por décadas los escándalos de corrupción han sido la tónica en
las distintas administraciones de los gobiernos regionales y comunales.
El más reciente se ventila aún en tribunales y en la Cámara de
Diputados por un fraude que alcanza a los $1.000 millones de los fondos
de la intendencia. Tres de los cuatro grandes escándalos de corrupción
que han remecido a la Quinta Región en las últimas dos décadas,
totalizan más de $2.389 millones en hechos dolosos.
La municipalidad no se ha quedado atrás en este terreno. Los desvíos
de fondos públicos que se iniciaron con la nueva democracia en 1990, con
el alcalde Hernán Pinto (DC), quien se mantuvo 14 años
en el cargo, perduraron con sus dos sucesores. Así, la deuda de la
Municipalidad de Valparaíso creció como una lengua de fuego: a fines de
diciembre de 2002, el déficit era de $1.600 millones, la que aumentó en
junio de 2003 a $4.100 millones. Actualmente la deuda alcanza a los $35
mil millones.
LOS MILLONES QUE NUNCA LLEGARON
En conversación con CIPER, el jefe de Emergencias de la Municipalidad
de Valparaíso desde hace diez años, Ricardo Valdés, señaló que su crudo
diagnóstico de 2012 dio pie a la elaboración de un oficio municipal
enviado a la intendencia regional con el fin de obtener los recursos
necesarios para hacer frente a las urgentes labores preventivas.
–En ese informe detallaba el número de personas, los materiales y las
maquinarias que se requerían para ejecutar las recomendaciones de la
CONAF respecto de la prevención de incendios. Eran como $238 millones los que necesitábamos para emprender esa tarea –dijo Valdés.
-¿Y qué se hizo con esa información?
–El alcalde (Jorge Castro) elaboró un oficio que fue enviado al
Intendente (Raúl Celis) solicitándole los recursos para hacer lo que
había que hacer.
-¿Fueron atendidas sus demandas?
–No, esos recursos nunca llegaron.
–No, esos recursos nunca llegaron.
–Entiendo, entonces, que el desmalezamiento, construcción y
mantención de cortafuegos; es decir, la escuálida contención frente a
los incendios que presentaba Valparaíso en la tarde del 12 de abril, no
era muy distinta a la de diciembre de 2012.
–Lo que estoy diciendo es que en el Concejo Municipal expuse
las sugerencias de la CONAF respecto de los cortafuegos y el
desmalezamiento para contener los incendios forestales, y que respecto
de eso íbamos con un avance menor porque no teníamos los recursos. Esa
alerta se transformó en un oficio para solicitar los recursos en la
intendencia.
–Le insisto: si no hubo una inyección de dinero para las
labores preventivas que usted mismo describió en diciembre de 2012, la
situación no cambió desde entonces. ¿Me equivoco?
–Sí, claro, eso es verdad. Hice la mención, se transformó en
una solicitud a la autoridad regional y nosotros no recibimos los
recursos para abordar eso.
El envío del oficio a la Intendencia de Valparaíso fue confirmado a CIPER por el alcalde Jorge Castro, quien
aseguró que se despachó con antelación al incendio de febrero de 2013
en Rodelillos. Castro afirmó también que, a propósito de la alerta
sanitaria decretada en noviembre del año pasado, luego del paro de los
funcionarios encargados de la recolección de basura y aseo municipal, se
volvió a insistir pidiendo los recursos.
–Nosotros tuvimos acá al ministro Jaime Mañalich (ex ministro de
Salud), quien prometió que se sacaría toda la basura del fondo de las
quebradas. Nos decretaron alerta sanitaria y al final no trajeron ni un
peso, ni siquiera para esterilizar un perro. Mañalich pasó y prometió
frente a la prensa y al final no sacó ni un kilo de basura. Nunca
tuvimos respuesta de la intendencia frente a nuestras solicitudes –dijo
Castro.
CIPER le solicitó al alcalde Castro copia de los dos oficios que dice
haber enviado a la Intendencia de Valparaíso. Del primero, no hay
rastro, aunque la concejal Paula Quintana (PS), afirmó a CIPER que “ese
petitorio nunca se formuló”. Sólo obtuvimos copia del segundo, fechado
el 20 de noviembre del año pasado (ver Oficio Nº 468). En ese escrito se solicita que se gestione -ante el Ministerio del Interior- la entrega de $400 millones
para paliar “la imposibilidad del retiro de los deshechos domiciliarios
dispuestos en las quebradas de la ciudad, lo que conlleva un latente
foco de infecciones… y probabilidades de incendio”. En uno de sus
acápites se afirma: “la limpieza de quebradas es urgente de implementar”.
PRIORIDAD: MUSEO BABURIZZA
En septiembre de 2009, la CONAF y el Programa de Recuperación y Desarrollo Urbano de Valparaíso (PRDUV) -dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Regional- firmaron un convenio para la ejecución de un plan de control de microbasurales en la parte alta de Valparaíso, a través de procesos de educación ambiental y participación ciudadana (ver documento).
Ese importante programa contó con un financiamiento inicial de $1.779 millones. Cuando se habían ejecutado obras por $780 millones, el gobierno decidió cortar el programa. Hasta entonces (septiembre 2009 – febrero 2011), con ese dinero fueron limpiados 102 microbasurales en toda la comuna, abarcando una superficie de 177.289 metros cuadrados, equivalentes a 25 veces la cancha de fútbol del Estadio de Playa Ancha.
El plan permitió por primera vez incorporar la educación ambiental en
33 colegios de Valparaíso (más del 50% de las escuelas municipales) y
dio empleo a más de 200 personas. Pero su logro más importante fue que,
con que esa intervención, se disminuyó el peligro que representan los
vertederos clandestinos, el mismo foco de los incendios que se repiten
todos los años en el Puerto.
Los mil millones de pesos que se le quitaron en 2011 al plan de
limpieza de microbasurales, fueron destinados a acciones de “mayor
visibilidad”, como aseguró a CIPER un ex encargado del programa. Entre
las obras que se financiaron con esos dineros figura la remodelación del
Museo Baburizza en el Cerro Alegre, y la reparación y compra de
ascensores.
CORRUPCIÓN SIN CORTAFUEGO
Los casos de corrupción en la Quinta Región se arrastran desde
comienzos de la década de los ‘90 y sus protagonistas atraviesan todo el
arco político. Los miles de millones que se le han escamoteado a los
fondos regionales y municipales y que salieron a la luz pública en los
sucesivos escándalos de corrupción, fueron acrecentando las deudas de la
ciudad al mismo tiempo que la pobreza de sus habitantes.
Según el último estudio de empleo de la Fundación Sol,
que mide la Tasa de Desempleo Integral (calculado de las cifras de
desempleo abierto u oficial; desempleo oculto y desempleo equivalente
por subempleo), la Región de Valparaíso sobrepasa el 13%, compartiendo
el primer lugar de la tabla con las regiones de Bío Bío, La Araucanía y
Los Ríos.
El historial de las denuncias por malversación de fondos públicos y
fraude al Fisco comenzó en abril de 1993, cuando el entonces diputado
Raúl Urrutia (RN) alertó sobre el pago de $389 millones por el desmalezado de 320 hectáreas de la Refinería de Petróleos de Concón.
Seis personas fueron sometidas a proceso por los ilícitos descubiertos.
La investigación judicial determinó que hubo desviación de dineros para
financiar campañas políticas. Las redes alcanzaron al entonces senador
Juan Hamilton (DC) y al que fuera diputado y luego alcalde de
Valparaíso, Aldo Cornejo (DC).
Una década más tarde, en 2005, el alcalde de Quillota, Luis Mella (DC), denunció el uso de fondos públicos del Programa de Generación de Empleo (PGE)
para pagar a 45 trabajadores de obras viales que nunca se realizaron.
Los dineros se habían destinado a paliar la crisis económica que
galopaba en Valparaíso, con un plan que buscó disminuir la cesantía, una
de las más altas del país.
Fue así como estalló el llamado caso de los “empleos brujos”.
El entonces fiscal jefe de Quillota, Pablo Bravo, descubrió que esos
fondos habían sido desviados a otras provincias para financiar campañas
políticas de dirigentes socialistas. Los protagonistas de este nuevo
hito en la corrupción que ha azotado la región fueron el seremi del
Trabajo José Manuel Mancilla (PS) y el ex presidente del PS regional,
Edgardo Lepe. El juicio se cerró en 2009, condenándose a seis de los
nueve imputados.
En 2010, un mes después del inicio del gobierno de Sebastián Piñera,
el intendente de Valparaíso, Raúl Celís, presentó una denuncia por
malversación de fondos por sobre los $1.000 millones.
En estos ilícitos resultaron involucrados tres funcionarios de la
división de Administración y Finanzas del gobierno regional anterior,
liderado por Iván de la Maza (DC).
En la indagación se detectaron diversos sistemas para apropiarse de
los recursos del gobierno regional, los que al igual que en los otros
casos serían destinados para financiar campañas políticas. Los
involucrados en la operación fueron, entre otros, Lorenzo Leiva, jefe de
Finanzas del gobierno regional y Eugenio Aubele, empresario contratista
de la zona y uno de los particulares que cobró cheques de la
intendencia. Ambos fueron condenados por la justicia. El ex intendente
Iván de la Maza (DC), quien no fue procesado, debió declarar ante la
fiscalía y la comisión que constituyó la Cámara de Diputados para
investigar los desvíos de fondos.
“Aquí no hay ninguna persona de carácter político involucrado. Esto
es un delito puro y simple que enloda al gobierno que yo presidí. Es un
fraude al Estado y si no tienes información no puedes suponer que la
gente con que trabajas es sinvergüenza o ladrona. Yo no sabía nada”,
aseguró de La Maza. Y eso fue todo pues el hilo se cortó por lo más
delgado.
CÓMO SE DISTRIBUIAN LOS FONDOS REGIONALES
En medio de las secuelas que ha dejado el megaincendio en Valparaíso,
una nueva comisión investigadora deberá constituirse en la Cámara de
Diputados durante esta semana. El objetivo: determinar los montos y los
responsables del último gran escándalo de corrupción en la Intendencia
de Valparaíso y que ahora tiene en el banquillo de los acusados al ex
intendente, Raúl Celis (RN).
Puede que la investigación de este nuevo escándalo regional y que
nuevamente centra su atención en otros $1.000 millones que habrían sido
desviados a campañas políticas, sea la que grafique con mayor crudeza
las prácticas de corrupción enquistadas en el gobierno regional y de la
cual no se escapa ni un solo partido.
Los comités parlamentarios de la Cámara se reunirán en los próximos
días para elegir al presidente de esta instancia investigadora. Esta es
la segunda comisión que investigará la misma operación de fraude al
Fisco ya que en 2013 hubo una primera comisión que indagó los ilícitos
sin llegar a ningún resultado.
En este juicio ya se encuentran procesados y en prisión preventiva el
ex jefe de la división de Administración y Finanzas de la intendencia, Sergio Núñez; y Enrique Kittstteiner Yovanini,
jefe de gabinete del intendente Raúl Celis. Otro protagonista de este
nuevo fraude al Fisco es el recién asumido diputado por Quillota y
Petorca, Christian Urízar (PS), a quien se le indaga
por su presunta participación en la malversación de caudales públicos
mientras se desempeñó como consejero regional. Hasta ahora, Urízar se
había negado a declarar ante la comisión investigadora de la Cámara de
Diputados, pero “ahora se comprometió a hacerlo”, recalcó a CIPER el
diputado Marcelo Schilling (PS).
Desde que asumió como diputado el 11 de marzo de este año, Urízar ha
debido declarar ante la fiscalía en dos ocasiones, ya que aparece como
uno de los beneficiados del desvío de dineros públicos de la intendencia
regional. Su ex jefe de campaña y presidente regional de la ANEF, Luis Vásquez (PS), también declaró pero como imputado.
La incautación de 10 computadores personales en la Intendencia de
Valparaíso fue la diligencia clave que le permitió a la fiscalía empezar
a desentrañar el modus operandi del nuevo fraude que sacudió a la
Quinta Región. En el notebook del jefe de la división de Administración y Finanzas de la intendencia, Sergio Núñez, se encontró uno de los denominados “libros de cuotas”.
Allí estaba el detalle de los proyectos que el gobierno regional tenía
en carpeta con los respectivos montos asignados. Y junto a cada ítem los
porcentajes que se repartirían entre los consejeros regionales.
En los hechos, el llamado “libro de cuotas” era la contabilidad
paralela de la distribución que acordaron los miembros del CORE de
Valparaíso, de los $1.000 millones del Fondo Nacional de Desarrollo
Regional (FNDR).
“Una serie de diligencias, más las declaraciones del señor
Kittsteiner, nos permitieron establecer la existencia de una especie de
cuoteo en el gobierno regional para la asignación de los proyectos.
Tenemos actas y archivos al respecto, y estamos investigando este
sistema de distribución que sería de antigua data”, dijo el fiscal del
caso, José Uribe.
El 13 de marzo de este año, la fiscalía pidió condenas de hasta 10
años de cárcel por malversación de caudales públicos y fraude al Fisco
con dineros destinados al financiamiento de 57 proyectos de interés
social. En ellos, aparecen facturas por cerca de $150 millones por
trabajos que nunca fueron ejecutados o no tuvieron un fin público. Entre
los imputados se encuentran cuatro personas que habrían facilitado las
facturas falsas para que en la intendencia se justificaran los millones
de pesos que se desviaban hacia los consejeros regionales.
DE PINTO A CASTRO
La alcaldía de Valparaíso también ha sido epicentro de irregularidades financieras partiendo con el ex alcalde Hernán Pinto (DC),
quien después de tres periodos debió retirarse temporalmente de la
política luego de estallar en 2004 el Caso Spiniak, en el que fue un
protagonista lateral.
El abogado Pinto fue designado en 1990 por Patricio Aylwin como
alcalde de Valparaíso (aún no había elecciones municipales) y hasta el
2004 mantuvo el control total del municipio por elección popular.
Su historial político incluye un fuerte despliegue de trabajo en los
cerros y también duras acusaciones de corrupción en el municipio. Una
señal que grafica lo que ocurrió en su período es el aumento de la
histórica deuda de la municipalidad porteña. A fines de diciembre de
2002, el déficit del municipio era de $1.600 millones y cuando asumió
su sucesor Aldo Cornejo la deuda llegaba a $7.613 millones. Pese a que
logró bajarla a $5.299, ello fue a punta de venta de recintos
municipales, como el Estadio de Playa Ancha y el velódromo (a
Chiledeportes) y la ex cárcel de Valparaíso (a Bienes Nacionales), entre
otros. Actualmente la deuda de la Municipalidad de Valparaíso, bajo la
administración de Jorge Castro, alcanza a los $35 mil millones, lo que
incluye el déficit de la Corporación Municipal ($25.000 millones).
En su tercer período como edil de Valparaíso (2000-2004), Pinto
comenzó a gestionar un préstamo del BID de US$50 millones para “la
remodelación de la Plaza Echaurren, el entorno de la Iglesia La Matriz
(…) y convertir el edificio Luis Cousiño en un centro de convenciones,
capaz de recibir visitas como los reyes de España”, según declaró a El Mercurio de Valparaíso el propio Pinto el 11 de marzo de 2004. Nada de eso se concretó mientras duró el programa.
Entre las irregularidades del Programa de Recuperación y Desarrollo
Urbano de Valparaíso que se han denunciado se cuenta la contratación de
operadores pagados con dineros provenientes de ese programa otorgados
por el BID para levantar el área patrimonial de Valparaíso, que obtuvo
la acreditación de la UNESCO en julio de 2003. La estrategia de
intervención integral que se hizo entonces para realzar el valor del
casco histórico, no logró materializarse completamente.
La corporación no se ha escapado a las prácticas de corrupción que se han convertido en una plaga en el Puerto. Según reveló una investigación de CIPER,
la Contraloría detectó que cerca de $1.300 millones provenientes del
fondo de Subvención Especial para Uso Educativo (SEP) fueron utilizados
para fines distintos a la educación de los niños de sectores más
vulnerables, como el arreglo de la sala municipal del Cine Condell.
En ese escenario era imposible que la basura y el material
combustible acumulado en los cerros de Valparaíso, sumado a la carga
combustible de corrupción que se enquistó en sus gobiernos regionales y
municipales, no estallara. Y así fue.
Este artículo fue actualizado el jueves 17 de abril de 2014.
Fuente http://ciperchile.cl