Que la ley de obtentores vegetales
sea denominada Ley Monsanto,
que en agosto pasado se hayan movilizado 22 ciudades de todo
Chile en su
rechazo, que Bachelet haya sido emplazada a reconocer su
responsabilidad
política al respecto y que en definitiva 24 Senadores
comprometieran su voto en
contra de esta ley, ha sido mérito de tod@s quienes decidieron
movilizarse,
salir a la calle, difundir en las redes sociales, informar,
denunciar, abrir
espacios de debates, volantear, salir con sus carteles a la vía
pública,
resguardar e intercambiar sus semillas, esperar a las afueras
del Congreso y
desde las galerías del Senado.
Es muy probable que el desarrollo de
esta ley se extienda al
próximo gobierno, donde el público compromiso de Bachelet a
"revisar la
ley monsanto" deberá responder a las expectativas de la
ciudadanía
movilizada, no a las presiones de Estados Unidos, ni de las
empresas
interesadas en que se promulgue UPOV 91. Cuando Bachelet declara
su voluntad de
revisar esta ley lo hace reconociendo que "el sentido original
del
proyecto era promover el desarrollo tecnológico para aumentar la
productividad y competitividad del sector agrícola. Y nuestro
interés era
también resguardar y respetar tanto el patrimonio biológico y
genético como los
conocimientos tradicionales chilenos", así mismo, Bachelet
sostuvo que
"en estos 5 años el contexto ha cambiado, hemos visto nuevos
antecedentes
y presenciado un debate sobre la pertinencia de esta ley y sus
riesgos. No
podemos hacer oídos sordos a esto, y a lo que la ciudadanía a
través de
organizaciones, campesinos y mundo académico están alertando
sobre los riesgos
que conlleva este proyecto de ley".
Ante éstas declaraciones no nos
queda más que intentar despejar
un discurso que en su momento pudo haber tenido objetivos
electorales, pero que
nos delega como ciudadanos pro activos mantener nuestro total
rechazo ante una
aberración legislativa urdida en función de los intereses de las
empresas
semilleras y transnacionales del rubro.
Sabemos que esta ley es el sustento
que el convenio Upov 91
requiere para ser promulgado en nuestro país, que ante las
amenazas de
presiones de la comunidad internacional y la OMC nuestro Estado
debe dar
cátedra de soberanía y autonomía, porque lo que está en juego no
son lecturas
de estrategias económicas y comerciales, sino el resguardo de
nuestro
patrimonio y de un elemento estratégico para el futuro
alimentario de nuestro
pueblo, la semilla. El próximo gobierno deberá definir
posiciones al respecto,
porque Bachelet tendrá que asumir el desafío de escuchar las
voces que critican
fuertemente la adhesión de nuestro país a Upov 91 y de
cuestionar desde su
origen una iniciativa legislativa de la cual ella es responsable
política y que
no tiene otro objetivo más que cuidar los intereses de las
empresas, personas
jurídica y/o naturales que pretenden restringir y monopolizar el
libre acceso a
las variedades de semillas a partir del registro de propiedad
intelectual.
No existe doble lectura al respecto,
ni posibilidad de ofrecer
una nueva Ley más flexible, porque cualquier nueva iniciativa,
observación o
indicación deberá estar en el marco de las exigencias
establecidas por el
convenio internacional (Upov 91) y en función de los intereses
de los llamados
"obtentores".
Esperamos que el rechazo a esta ley
o a cualquier otra que
promueva el monopolio sobre nuestra semillas siga siendo
transversal entre los
Senadores de la Nueva mayoría, esto considerando el cambio
parlamentario y las
lealtades que naturalmente tenderán a cerrar filas ante toda
iniciativa que sea
promovida por Bachelet como nueva presidenta. Las organizaciones
que hemos
decidido movilizarnos y estar vigilantes del desarrollo de la
Ley de obtentores
vegetales no bajaremos los brazos, mantendremos nuestra
presencia activa en las
calles, en las redes sociales y en el parlamento hasta que
nuestra soberanía
alimentaria y el patrimonio que simboliza nuestra semilla y
nuestra herencia
campesina sea reconocido y resguardado.
Joel González V
Coordinador Colectivo Socioambiental
Tierra Nueva
