COMUNICADO DE PRENSA
Examen de Chile ante ONU: los principales avances y desafíos pendientes del Estado en derechos humanos
Este martes 28 de enero, el Estado de Chile presentará sus niveles de cumplimiento en materia de derechos humanos frente a representaciones de otros Estados miembros de las Naciones Unidas, en el marco de la Examen Periódico Universal (EPU), que se llevará a cabo en Ginebra, Suiza.
En este contexto, resulta pertinente revisar los principales avances y
desafíos del país, en relación a las recomendaciones realizadas por la
ONU en el último EPU (primero en la historia de Chile), rendido en 2009.
En ese año, Chile aceptó las recomendaciones que se le realizaron,
respecto de institucionalidad y derechos humanos, lo que fueron
respondidas con la creación del Instituto Nacional de Derechos Humanos y
con la presentación de un proyecto de ley para la creación de una
Subsecretaría de Derechos Humanos.
Quedando en deuda en cuanto a la
creación del Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura y la
puesta en marcha de un plan gubernamental de derechos fundamentales.
Entre los avances en igualdad y no discriminación, destaca la
promulgación de la Ley que establece medidas contra la discriminación,
creada como reacción al asesinato del joven homosexual Daniel Zamudio.
En contraste, el país queda al debe en igualdad de género,
representación política, y derechos sexuales y reproductivos, tema en
que el país rechazó las indicaciones sobre políticas reproductivas y
despenalización del aborto.
Lorena Fries, Directora del INDH, piensa que “uno de los aspectos
positivos que va a mostrar el Estado es la creación del Instituto como
órgano autónomo, que ha representado a los distintos poderes la
situación deficitaria y los pasos a avanzar en esta materia. Se
insistirá además, en temas pendientes, como los que tienen que ver con
el fuero militar para juzgar a carabineros por violencia innecesaria
contra civiles”.
La ley Antiterrorista está bajo la lupa, aunque en este periodo se
aprobó la ley 20.519, en virtud de la cual no se aplicará esta ley a
personas menores de 18 años. Además, la situación del pueblo mapuche
también será revisada, en particular la aplicación del Convenio 169 de
la OIT, su derecho a la propiedad y posesión a las tierras, territorios y
recursos naturales, la eliminación de todo acto discriminatorio en
contra de los pueblos indígenas, y su reconocimiento constitucional.
La violencia policial es otro de los temas en los cuales el país se
encuentra bajo observación. Se han presentado denuncias de abuso sexual
policial contra adolescentes en el contexto de manifestaciones
sociales, como también contra niños, niñas y mujeres indígenas durante
allanamientos policiales en zonas rurales y territorios indígenas, donde
la fuerza ha sido utilizada sin criterios de necesidad, gradualidad y
proporcionalidad. Lo anterior se encuentra relacionado al tema de la
justicia militar, desde la perspectiva “de la falta de rendición de
cuentas y de la impunidad respecto de los actos que cometen funcionarios
de las fuerzas armadas y de las policías”, expresa Fries.
En cuanto a migración, destaca como avance que el Estado modificó los
delitos de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas (Ley
20.507) ampliando el delito no solo a la explotación sexual, sino
también a trabajos o servicios forzados, servidumbre o esclavitud y
extracción de órganos. No obstante, en este sentido, asoma como deuda
del Estado la elaboración e implementación de una política pública
respecto de la trata de personas que contemple, entre otras cuestiones,
el acceso a la salud, permiso de residencia y educación para las
víctimas.
Destaca en materia de memoria, verdad, justicia y reparación, la
creación del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, lo que se ve
contrastado con el hecho de que aún no se deroga el decreto Ley de
Amnistía, creado en dictadura.
Finalmente, Chile aún registra una deuda en relación a la renovación
del sistema penitenciario, en específico el hacinamiento carcelario. En
este sentido, es necesario que el Poder Ejecutivo concentre sus
políticas criminales y penitenciarias en orden a racionalizar la pena
privativa de libertad, mejorar las condiciones carcelarias e implementar
una política eficaz en materia de reinserción social, dotada de los
recursos necesarios”, según consigna un informe sobre el EPU elaborado
por el INDH.
Cordialmente,
Unidad de Comunicaciones
Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH)
