Tres años se cumplen desde que se produjo la masacre de la cárcel de San Miguel, donde
murieron calcinados 81 hombres presos.
Este hecho terrorífico expuso
abiertamente el crítico estado del sistema penitenciario, la dramática
realidad que viven l@s pres@s en las cárceles chilenas, que por años se han
mantenido sobrepobladas hasta el punto de superar el 300% de desborde de su capacidad; es el caso de la
cárcel de Lebu (con un 306% de déficit
el año 2010) y la cárcel de Buin (con un
600% de déficit el año 2010)[1].
Unos meses antes de la masacre, en marzo de 2010, el Consejo para la Reforma Penitenciaria
emite un informe donde destaca la
necesidad de contrarrestar el aumento vertiginoso de la población penal, y la
privación de libertad como principal medio de castigo. La investigación pone
énfasis en demostrar cómo la prisión no reinvierte los índices de
“delincuencia” ni mucho menos logra la “reinserción social” para l@s privad@s
de libertad. Sin embargo, la clase
política estando en conocimiento de los resultados de este informe y muchos
otros tanto nacional e internacional, sabiendo en detalle sobre las condiciones
críticas del sistema penitenciario, invierte esfuerzos para mantenerlo y reforzarlo
hasta el punto de propiciar la construcción de diez nuevas cárceles en el país,
a través de una significativa inversión de más de 400 millones de dólares de
inversión en el año 2011, lo que significó a la vez, el crecimiento de la
población penal por el aumento del 30 %
de la capacidad de las cárceles.
La política pública carcelaria de los gobiernos democráticos
reforzada por el de Piñera, tiene como
objetivo consolidar el control social a partir de la posibilidad de que la
población esté presa, y con esto se reafirma al sistema carcelario como uno de
sus principales dispositivos. Lo anterior queda demostrado por el aumento
explosivo de la cantidad de población penitenciaria en Chile. A partir de la
reforma procesal penal, entre 1998 y 2009, de 60.990 a 106.877 personas pasan por el
sistema penitenciario, representando un crecimiento de 75%. Chile se posiciona
como el país con mayor cantidad de presos en toda Latinoamérica.
Los gobiernos democráticos sientan las bases para que la población por
miedo y desconfianza valide su propia jaula y de esta manera justifican la
mantención de estos depósitos humanos. Para ello es determinante el rol que
cumplen “los medios de comunicación”, cuando le dan cabida cotidiana a las
imágenes de delito menor, señalando a los robos y hurtos menores en la vía
pública, o al microtráfico en las poblaciones como las causas principales por la que se
origina la “inseguridad social o el peligro público o el enemig@ intern@”, aun
siendo eventos inferiores a la comisión de la violencia sistémica. Los medios
masivos de información logran propagar
por un lado, el consumo a través de una publicidad atractiva, pero también se
encargan de alarmar a la población ante la posibilidad de perderlo todo. Es así
como uno de los principales miedos de la ciudadanía es perder lo que consume, que le roben lo que consigue a través del esfuerzo, a través de la
carga de explotación que le significa el trabajo. Los gobernantes lo saben, y
tanto la derecha como la concertación han ganado votos gracias al discurso
común de “poner mano dura contra la delincuencia”, mas los delitos que en realidad juzgan a través
del poder judicial y de la moral dominante
burguesa y cristiana, son aquellos que provocan significativamente menos daños.
Las leyes se confeccionan para NO castigar los delitos que
justamente tienen mayor impacto social,
porque más gente resulta afectada. Fraude, tortura, contaminación medio
ambiental, corrupción, explotación laboral, trata de blancas, evasión de impuestos,
son acciones que realizan los hombres y mujeres de joyas y cuello blanco, que sin
embargo quedan impunes porque sencillamente las leyes fueron confeccionadas
para que no se castigue ni menos haya un rechazo social. Además l@s
empresari@s, l@s polític@s, l@s militares y religios@s que han cometido daños
de lesa humanidad no son depositados en cárceles; sobre ell@s no hay un sistema
de rehabilitación de monitoreo continuo; y aunque atenten continua y
sistemáticamente en contra de la vida y de la libertad de las personas y de la
comunidad, ellos no habitan las cárceles, y en los pocos casos que sí lo hacen,
el gobierno invierte un presupuesto cinco veces mayor a lo que gasta para cada
pres@ común, para asegurarles un buen pasar. Ha sido el caso de l@s pocos
uniformados genocid@s de la dictadura que en este minuto se encuentran en Punta
Peuco. Las condiciones de esta prisión es radicalmente opuesta, no viven
hacinad@s, tienen derecho a visita todos los días, los baños se encuentran higienizados,
comen bien, gendarmería se comportan como sus pérquines, cuentan con una
defensa, y etcétera al infinito.
Hoy, a casi tres años de la
masacre de la cárcel de San Miguel, estando en conocimiento de que el sistema
penitenciario es un rubro lucrativo para empresas privadas como Sodexo;
sabiendo de la vulneración sistemática de los derechos mínimos
que puede tener una persona privada de libertad para su sobrevivencia;
sensibilizad@s por el paupérrimo estado de las celdas, de los pasillos, de los
baños, del hacinamiento de las cárceles públicas y concesionadas, sabiendo que
en la calle cuatro de la ex penitenciaria viven 450 personas y sólo hay 36 pequeñas piezas, lo que
implica que deban dormir hasta 15 ó 20 personas en cada una, muchas veces
sentados, y a la intemperie. Hoy recordando el macabro asesinato de los 81 presos de la cárcel de San Miguel:
-
Denunciamos al estado chileno por
mantener el sistema penitenciario.
-
Denunciamos al estado chileno por
mantener un régimen de tortura y de vulneración sistemática de derechos.
-
Denunciamos al estado chileno como el
máximo responsable de la muerte de los 81 hombres en la cárcel de San Miguel.
El sistema carcelario debe
finalizar por corresponder a una
política de exterminio propia de los regímenes dictatoriales. Tomemos
consciencia de cómo la cárcel es una plataforma de control transversal, que no
discriminará frente a quienes cuestionen y transgredan los sistemas hegemónicos
de poder: pres@s mapuche, presas por abortar, pres@s estudiantiles, pres@s por
autocultivo, pres@s por no pagar deudas, pres@s por piratear, pres@s por
indocumentad@s, pres@s por protestar, pres@s por venta ambulante. La sociedad
carcelaria nos apresa, y por lo tanto es necesario de manera conjunta
desarrollar como parte de nuestra lucha una consciencia anticarcelaria.
Hacemos un llamado a la
población a integrar dentro de las demandas sociales, la finalización del
sistema carcelario y también a problematizar sobre los mecanismos de justicia
frente a los delitos políticos, frente a los verdader@s terroristas que
han atentado contra la vida y que siguen
impunes, gobernando y generando las condiciones para que estemos pres@s.
Hacemos un llamado fraterno
en este tercer aniversario a solidarizar con la agrupación 81 Razones para
luchar, a solidarizar con l@s privad@s de libertad del estado chileno, a
solidarizar con l@s privados de libertad
que sufren en celdas de aislamiento, quienes han resistido
conscientemente a la dictadura, por nuestros hijos e hijas, por los 81 también.
¡Freddy, Marcelo y Juan a la calle!
Hacemos un llamado en
este 08 de diciembre a articular acciones de solidaridad con quienes están enjaulad@s,
tantos en las cárceles de menores y de adult@s como en los psiquiátricos, a solidarizar a través de las visitas, de la
correspondencia y de la protesta. Hacemos un llamado a derribar cuanto muro
mental y físico nos separe.
¡81 PRESOS MASACRADOS EN LA CÁRCEL DE
SAN MIGUEL PRESENTES!
Red de apoyo por justicia para los 81
[1]
De acuerdo a datos del informe para la Comisión de constitución, legislación,
justicia y reglamento del Senado de la República realizado por la fiscal
judicial de la Corte Suprema, Mónica Maldonado.
