Adital
Poco más de dos meses y ninguna noticia. El último 14
de julio, en medio del clima de protestas en las calles en contra del
gobernador de Río de Janeiro, Sergio Cabral, ayudante de pedrero Amarildo Souza
Lima, 47 años, fue visto por última vez siendo llevado por policías de la
Unidad de Policía Pacificadora (UPP) de la Favela de la Rocinha, una de las
mayores de la capital fluminense. La versión oficial es que ellos confundieron
a Amarildo con un traficante de drogas. Desde lo ocurrido hasta ahora, la
familia del pedrero, los amigos, la comunidad de la Rocinha y entidades de
derechos humanos todavía esperan una explicación plausible de la Policía y del
Gobierno de Río de Janeiro. "¿Dónde está Amarildo?”. La pregunta se hizo famosa
en las redes sociales y en la prensa durante los últimos meses, pero aún
continúa sin respuesta.Entidades de derechos humanos como Amnistía Internacional demandan una explicación más razonable. Amnistía publicó una campaña para que los ciudadanos y ciudadanas escriban cartas exigiendo que las autoridades responsables ordenen una investigación inmediata, completa e independiente para saber qué ocurrió después de que Amarildo fue liberado por la UPP, si es que se fue, el mismo día 14 de julio. La Policía informó que lo liberó, pero nunca llegó a su casa. Detalle: las cámaras de vigilancia de la Unidad, que podían comprobar la salida del pedrero, no estaban funcionando.
Amnistía pide también que, en el referido proceso, los testigos, la familia del desaparecido y otras personas importantes para la investigación tengan garantías de protección contra intimidaciones; y, finalmente, que las cámaras de vigilancia también sean utilizadas para monitorear la actividad policial. La entidad indica que las cartas se envíen a Sergio Cabral, gobernador de Río de Janeiro; y a José Mariano Beltrame, secretario estadual de Seguridad Pública; con copias para el diputado Marcelo Freixo, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro.
El detalle de la exigencia de garantía de protección para la familia y testigos habla de un problema crónico que involucra la relación de la policía con la población de bajos ingresos en Brasil, en especial la que habita en las favelas. La Policía, sea ella civil o militar, ha sido denunciada con frecuencia por corrupción, abuso de poder, violencia exagerada, detenciones e interpelaciones arbitrarias, homicidios injustificados, intimidación y persecución de testigos y desapariciones. La esposa de Amarildo, Elizabeth Gomes da Silva, ya dijo a la prensa que, hasta ahora, no recibió ninguna amenaza, pero que teme mucho que, después que el caso caiga en el olvido, la propia policía practique algún tipo de represalia en su contra y su familia.
Según reportaje de Agencia Brasil, no hay datos oficiales sobre la frecuencia y cantidad de desapariciones bajo el accionar policial en el país. Fabio Alves Araújo, profesor del Instituto Federal de Educación, Ciencia y Tecnología de Río de Janeiro (IFRJ) y autor de la tesis de las "Consecuencias del Arte Macabro de Hacer Desaparecer Cuerpos: Violencia, Sufrimiento y Política entre Familiares de Víctimas de Desapariciones Forzadas”, verificó que el número de registros de desapariciones, en general, viene creciendo a lo largo de los años.
Las secretarías estaduales de Seguridad Pública, la Policía Militar, las propias Corregedurías de la PM y de la Policía Civil se muestran poco accesibles para dar información sobre desapariciones cuando son indagadas por la prensa. Lo que se sabe es que las desapariciones forzadas, inclusive cuando hay sospechas de involucramiento policial, son contabilizadas conjuntamente con otros casos de desaparecidos no forzados.
Anticipándose a una investigación más exhaustiva y, consecuentemente, a una respuesta concreta por parte de la Policía y del Gobierno, la Justicia determinó que el Gobierno del Estado de Río de Janeiro pague a la familia del ayudante de pedrero una pensión mensual por el valor de un salario mínimo y tratamiento psicológico para nueve personas de la familia de la víctima, con el valor de R$ 300 por sesión.
"Es inequívoco que Amarildo no retornó nunca a su domicilio. Es inequívoco que Amarildo no fue visto más en el lugar. Es inequívoco que los aparatos electrónicos de seguridad, coincidentemente no funcionaban el día del hecho. Es inequívoco que acontecimientos de esta índole [suerte] ya sobrepasaron el comportamiento de la autoridad policial militar. Es inequívoco que su familia pasa por privaciones materiales e inmateriales. Así, nada más justo que la pretensión requerida no sea diferida y sean anticipados los efectos de tutela pretendida, para viabilizar para la familia del desaparecido una vida sino confortable, menos desprovista y menos sufrida", evaluó en su decisión el juez de apelación Lindolpho Marino, juez de la 16ª Cámara Civil del Tribunal de Justicia de Río de Janeiro.
La ONG La Favela no se Calla divulgó, recientemente, una nota de repudio en la que ya habla de la desaparición de Amarildo como muerte cierta. Manifiesta también su disgusto en contra de la política de pacificación de las favelas de Río de Janeiro realizada por las UPPs, como la de la Rocinha, desde 2012. La entidad denuncia que estaría sucediéndose un claro desvío de las investigaciones por parte del Estado, a través de la criminalización tanto de Amarildo como de su esposa de ser colaboradores del narcotráfico.
Traducción: Daniel Barrantes - barrantes.daniel@gmail.com
