Al
tratarse el norte del país de un espacio fronterizo entre Perú y
Bolivia, siendo por ende, una “puerta de entrada o salida” hacia el
resto de Latinoamérica, la región de Arica y Parinacota se convierte en
un verdadero punto de interés geopolítico. Por sus límites no sólo
transitan los flujos económicos del capital resguardado por acuerdos
bilaterales, sino también personas que recorren rutas migratorias
definidas por la búsqueda de empleos y mejores proyectos de vida. Sin
embargo, las políticas para la zona entre los países son esencialmente
acuerdos económicos y la supuesta “apertura de fronteras” que discursea
la globalización no alcanza para los migrantes. Esto es lo que ocurre
para los migrantes latinoamericanos, específicamente afrocolombianos,
quienes afectados por el conflicto armado en su país solicitan refugio
al Estado de Chile, siendo rechazados por este último a pesar de que
acuerdos internacionales definen este accionar como una violación a los
derechos del migrante y refugiado.
Migración Afro-Colombiana y la violación a los Derechos Humanos
Arica es una ciudad que se caracteriza
por una alta tasa de migración Peruana y Boliviana, principalmente
hombres y mujeres aymaras que vienen a trabajar como temporeros en los
valles cultivables de Azapa o Lluta. Sus condiciones de vida son
precarias, la paga por su mano de obra es mínima y muchas veces viven
hacinados en piezas insalubres sin siquiera contar con
agua dentro de los predios que trabajan. Ahora bien, para Hernán Ramírez
-Coordinador Local del Centro de Atención al Migrante-, es importante
recalcar que con la implantación de los Estados modernos y el sistema
capitalista, la relación entre culturas se caracteriza por la explotación;
distinto a tiempos precolombinos cuando era normal que indígenas de las
zonas altas bajaran a cultivar dichos valles, los mismos a los cuales
migran actualmente peruanos y bolivianos utilizando vías ancestrales.
Pero no ocurre igual con la migración colombiana: un fenómeno reciente determinado por las condiciones políticas de ese país
que originan un perfil de migrantes que no vienen específicamente a
trabajar en el agro, sino más bien escapando de la guerra y buscando
refugio.
Durante los últimos 10 años la migración
colombiana se ha incrementado considerablemente en la región de Arica y
el resto del país, diversificando los requerimientos y proyecciones de
la migración “tradicional” lo que ha repercutido en que
organizaciones como el mismo Centro de Atención al Migrante (CAMI)
hayan debido ampliar su plan de acción ante la falta de respuestas del
Estado y comenzar a trabajar con personas solicitantes de refugio y
refugiadas.
Entre los solicitantes prevalecen
Afrocolombianos. Ellos provienen de Cali y Buenaventura, una zona
caracterizada por la terrible violencia que no permite visualizar
posibilidades de protección a la vida de sus habitantes siendo ello la
razón de su necesidad por migrar hacia otros lugares. Chile, por su
imagen publicitaria internacional de ser un
país democrático con estabilidad económica, ha sido uno de los países
de preferencia de los desplazados, sin embargo al llegar a territorio
nacional, además de enfrentar el rechazo indiscriminado a sus solicitudes de refugio, se encuentran con altos niveles de racismo y violencia de los cuales vienen justamente escapando.
Según el artículo n°2 de la Ley chilena
20.430 que establece disposiciones sobre protección a los refugiados,
por ellos se entiende; “Quienes, por fundados temores de ser
perseguidos por motivas de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a
determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentren fuera del
país de su nacionalidad y no pueden o no quieran acogerse a la
protección de aquel debido a dichos temores.” El articulo siguiente establece; “La Protección de los solicitantes de la condición de refugiado y los refugiados se regirá por los principios de no devolución, incluida la prohibición de rechazo en la frontera;
de no sanción por ingreso ilegal; de confidencialidad; de no
discriminación; de trato más favorable posible y de unidad familiar”. Ocurre
sin embargo que ninguno de estos principios está siendo respetado y
pese a portar documentación que acredita la veracidad de las
persecuciones de algún grupo armado (respaldados previamente por
organizaciones idóneas en Colombia), las solicitudes de refugio están
siendo rechazadas por funcionarios de la PDI. Esta situación pone al
descubierto el tremendo racismo y autoritarismo que caracterizan a las
instituciones públicas y al Estado de Chile, quien pese a ratificar la
Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo
de 1967, viola sistemáticamente cada uno de sus artículos.
La situación descrita ocasiona
que, en la búsqueda continua de seguridad, los migrantes deban cruzar
por pasos no habilitados, quedando una vez en territorio nacional en la
situación irregular de indocumentación, y viviendo con el temor
constante de ser expulsados del país a la hora de ser fiscalizados por
Carabineros o policía de Investigaciones. Esta dinámica constituye en sí
un hecho totalmente ilegal que atenta contra el principio de “no
devolución” acordado por la Convención citada. Paralelamente, aquel
estado de indocumentación perjudica el acceso a un trabajo digno,
vivienda, salud y educación: derechos básicos que se vulneran
cotidianamente.
El caso de Jennifer Suley Candelo es uno
de tantos; una afrocolombiana desplazada por la guerrilla que tras ser
fiscalizada por PDI fue encerrada en las instalaciones de la
institución durante 54 días sin ninguna orden judicial.
Allí fue obligada a dormir en un colchón orinado, hacer sus necesidades
en bolsas, escuchar constantemente insultos de corte racista/machista
por parte de funcionarios, además de vivir en desconocimiento de la
causal de su encierro y temiendo su incierta salida. Una
agravante adicional constituyó el hecho de que frente a esta realidad
organizaciones como ACNUR (Alto Comisionado de la Naciones Unidas para
los Refugiados) no se hayan pronunciado.
Cierre de fronteras; la hipócrita lucha contra el narcotráfico
La migración se ha homologado a
narcotráfico y con ello se ha desconocido la naturaleza primordial del
derecho migrar y solicitar refugio. Por lo mismo,
reforzado por los últimos gobiernos, el Estado de Chile ha implementado
una fuerte política anti-drogas que apunta esencialmente contra
colombianos, ecuatorianos puertorriqueños y definiendo de esta manera a
priori quien puede o no ingresar a territorio nacional. Para Ramírez “La política fronteriza del norte de Chile tiene clasificado quienes
son las personas que no pueden entrar. Ahora el problema es el
siguiente, existen tratados firmados por Chile, uno de ellos el
MERCOSUR, donde establece que en realidad los ciudadanos de los países
firmantes pueden ingresar al país sin ninguna dificultad, solo con su cédula de identidad. Pero estas políticas de cerrar las fronteras ha determinado
que se produzca esta discriminación constante eliminando a colombianos,
ecuatorianos, puertorriqueños (…) y te das cuenta que por otra parte,
que a gran cantidad de migrantes españoles no se les cierra la puerta
sabiendo que podrían ingresar droga de mayor daño”. En este sentido los
sistemas de control y de vigilancia fronterizos como Chacalluta, se han
visto reforzados, no solo con el carácter de seguridad operativo, sino
también con fuerte impronta de racismo y discriminación por
funcionarios en cuyo ejercicio de poder promueven una sociedad
conformadora de guettos. Frente a esta situación es muy esclarecedor
cuando el mismo presidente Piñera enuncia: “Arica es una ciudad muy
importante, entre otras razones porque es una ciudad fronteriza y
tiene una importancia geopolítica fundamental, porque tenemos que
fortalecer nuestras fronteras, porque así fortalecemos no solamente el
desarrollo de Arica sino la soberanía de Chile”.
Jugadas internacionales
Si bien Chile ha decretado una medida de
cierre de fronteras a nivel nacional, políticas como ésta responden a
jugadas internacionales que resguardan los intereses económicos por
sobre todo. Los acuerdos económicos entre países los han obligado a
abrir sus fronteras no sólo al capital, sino también a las personas, sin
embargo una aceptación masiva de solicitudes de refugio por parte de
Chile significaría reconocer la imagen de una Colombia
en crisis y obligaría a los organismos internacionales de derechos
humanos a intervenir en el país, repercutiendo ello en la fuerte huida de capitales extranjeros.
A fin de anticiparse a esta situación
Santos anunció la facilitación para el reingreso de colombianos a su
país a través de una serie de beneficios, una situación totalmente
contradictoria considerando que quienes migran lo hacen justamente por
razones de inseguridad y temor. Para Hernán Ramírez “Esta ley que
promulga Santos con el poder ejecutivo y legislativo te pone en jaque la solicitud
de refugio ante derecho internacional ¿Cómo va a pedir refugio si el
mismo gobierno ha promulgado una ley que favorece el reingreso?”.
Por último, cabe mencionar que el
gobierno regional de Arica ya está pensando en crear una casa de acogida
para migrantes; hecho fuertemente criticado por el Centro de Atención al
Migrante pues implicaría la creación de verdaderas reducciones
custodiadas en primera instancia por policías; “No se puede aceptar que
el gobierno tenga casas de acogidas, eso es cárcel. Si hoy no existiendo
estas casas de parte del gobierno, si hoy no existiendo esa custodia
hacia los migrantes o refugiados se violan los derechos humanos, con
estas casas la violación a los derechos humanos van a ser sistemáticas.”
Por Isabel Araya M.
Foto: Captura de la película sobre refugiados afrocolombianos, “La Playa D.C”
Fuente El Ciudadano
