AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE CHILE,
A LA OPINION PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL
En
Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura, establecido
por Naciones Unidas, la Comisión Ética contra la Tortura (CECT-Chile) y
demás entidades y personas firmantes, reiteramos la permanente
exigencia, hacia el gobierno y el Estado, de respeto de los derechos
humanos de todos los habitantes del país, especialmente solicitamos
respetar aquellas exigencias que dicen relación con la prohibición
absoluta de torturar, por lo que exigimos lo siguiente:
1.- El alto a la represión y el cese de la tortura es imperativo en
un país democrático; su investigación y sanción expresamente respecto de
los mapuche y de los estudiantes movilizados es un deber ineludible por
parte de las autoridades; hoy, tememos especialmente por la integridad
física y psíquica de los estudiantes, muchos de ellos menores de edad,
que se encuentran ocupando sus establecimientos y para quienes pedimos
respeto a su dignidad de personas y sus VIDAS. Detener no es sinónimo de
castigo físico ni psíquico. Por ello, llamamos al Instituto Nacional de
Derechos Humanos hacer uso de sus atribuciones para resguardar los
derechos de niños y niñas que eventualmente podrían ser desalojados por
policías o militares.
2.- Es urgente que el gobierno de Chile comprenda, que nuestro país
en su calidad de Estado miembro de la ONU, debe cumplir con los
compromisos contraídos internacionalmente en materia de Derechos Humanos
y respecto del crimen de la tortura nuestro país debe sintonizar la
legislación nacional e instalar los mecanismos de prevención de la
tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, tal como lo
contempla el Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura y
tal como lo recomendó el Comité contra la Tortura de la ONU (CAT), en su
sesión de abril de 2009, en Ginebra.
3.- Tampoco nuestro país ha adoptado ni incorporado la definición de
tortura en el Código Penal, tal como lo exige la Convención contra la
Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes,
impidiendo así, la sanción a un crimen tipificado internacionalmente,
como de lesa humanidad.
4.- No se ha terminado con los espacios de impunidad a la tortura que
mantiene la Ley de Reparaciones Nº 19.992, que oculta por 50 años, los
nombres de los torturadores e impide a los Tribunales de Justicia
acceder a los testimonios de tortura aportados por las víctimas, ante la
Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura. Decimos, tal como
lo señalara el Presidente de la Comisión Nacional sobre Prisión
Política y Tortura, obispo Sergio Valech que, “para el derecho, el bien
jurídico supremo es la vida humana”, por lo que “no pueden quedar
crímenes impunes sin poner en peligro todo el orden jurídico”.
5.- Estimamos necesario, la derogación de la ley Nº 18.314, Ley de
Conductas Terroristas, por ser gravemente violatoria de los derechos a
un juicio justo, a la libertad personal y a la integridad física y
psíquica y que ha afectado principalmente a los presos políticos
mapuches y otros luchadores sociales.
6.- Demandamos, asegurar la investigación de todas las denuncias de
tortura, especialmente por parte de la policía uniformada y civil que
han reiniciado detenciones arbitrarias y secretas, retomando así las
formas represivas ejercidas durante la dictadura militar-empresarial.
Igualmente, debe aclararse públicamente el establecimiento en territorio
nacional de bases extranjeras de entrenamiento militar y policial que
vuelven a fojas cero la educación en derechos humanos de policías y
militares, entendidas como medidas de no repetición de las graves
violaciones de derechos humanos acontecidas en el pasado en Chile.
Finalmente, consideramos que las medidas señaladas y otras planteadas
en años anteriores, contribuirían muy positivamente a erradicar la
tortura, a fomentar el respeto de los derechos humanos fundamentales y
al debido cumplimiento por parte de nuestro país de sus compromisos
internacionales en la materia. Plantearlo, constituye nuestra
responsabilidad en la instauración de una sociedad auténticamente
democrática.
Firman:
Juana Aguilera Jaramillo, Presidenta, Comisión Etica contra la Tortura (CECT-Chile).
Martín Almada, Premio Nobel Alternativo de la Paz.
Alicia Lira, Presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, AFEP.
Pablo Ruiz, Observatorio por el cierre de la Escuela de las Américas.
Hervi Lara B., Delegado del Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con los Pueblos de América Latina (SICSAL).
María Dolores Cruzat Novoa, Conferencia de Religiosos de Chile, CONFERRE
Fernando Aliaga Rojas, Servicio Paz y Justicia, SERPAJ-Chile.
Miguel Monserrat, Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Argentina.
Patricio Véjar, Comunidad Ecuménica Martin Luther King.
Organización de Defensa Popular, ODEP.
Osiel Núñez, Corporación 3 y 4 Álamos
