Eduardo Ampuero Cárdenas, Red Construyamos
“AURORA DE CHILE”, UN CASO EN LA COLONIZACIÓN
DEL CONCEPCIÓN RIBEREÑO
La historia de Aurora de Chile es la
conocida secuencia de usurpación de los bienes comunitarios por parte de grupos
de poder económico y político. Una historia repetida mil veces y que va desde
la construcción de una comunidad, el desinterés o el olvido de los gobernantes
y de las capas sociales privilegiadas, a la expulsión y segregación de la comunidad
por parte de los privilegiados y sus representantes políticos, para convertir la
tierra en un bien exclusivo o de capitalización privada.
La construcción de las poblaciones de la ribera norte del
Bio Bio, ha sido una maratón dramática de sacrificios y fuerza de voluntad. Hay
pobladores históricos que aún recuerdan sus infancias en viviendas precarias
que arriesgaban continuamente su existencia, obligados a rescatar sus bienes o
a huir de las subidas de río, incluso encaramados en los árboles para
sobrevivir. Así aparecieron palafitos y rellenos improvisados. Fueron los
terremotos del 39 y del 60 los que les dieron recursos preciados para la
estabilización del suelo. Los escombros de la ciudad, usados por ellos en un
trabajo lento y dificultoso, les permitieron elevar el terreno y crear la
franja actual del río, desde el cerro Chepe, ubicado hacia la desembocadura,
hasta la Mochita, aguas arriba del río.
Entre los barrios ribereños de Pedro del Río Zañartu y Pedro
de Valdivia, se encuentra Aurora de Chile, población levantada en el transcurso
del siglo XX y que, al igual que sus vecinos, es el fruto de la colonización de
trabajadores pobres, damnificados de terremotos y emigrantes del campo. Estos se
asentaron en un sector que en esos años era la periferia de la ciudad de
Concepción, detrás de la línea férrea y en los terrenos inestables del río Bio
Bio. Pero su particular ubicación en esta franja costera, muy cerca del centro
penquista, ha determinado que sus suelos adquieran una plusvalía extraordinaria
con el crecimiento urbano. En estas circunstancias, se reeditará, una vez más,
la lucha clásica entre David y Goliat.
LA HISTORIA QUE SE INICIÓ CON UN
“PUENTE CALLAMPA”
La ciudad ha crecido mucho en 100
años y, en consecuencia, se hace necesaria la instalación de nuevos puentes en
el río. La historia que narramos va de la mano del cierre del Puente Bio Bio, más
conocido como “Puente Viejo”, inaugurado en 1943 y cerrado en 2002, y que conectaba San Pedro con Concepción, a la altura
de la intersección de las poblaciones Pedro de Valdivia con Aurora de Chile. El
terremoto de 2010 vino a ser la justificación necesaria para llevar a los
hechos un nuevo proyecto de construcción, pero es, a la vez, la “punta de
flecha” con que pretenden ingresar y apoderarse de esos terrenos las empresas
inmobiliarias.
Con el daño que sufrieron los puentes Llacolén y Juan Pablo
II, que limitó sus capacidades de tránsito, el gobierno adoptó la opción de construir
un nuevo puente y adquirió como solución vial provisoria un sistema mecano de tipo
militar, el que fue comprado a la empresa estadounidense Acrow Corporation,
instalándolo junto al ex Puente Viejo. Esa compra, encabezada por el Ministro
de Defensa Jaime Ravinet, fue cuestionada porque el resultado de la licitación
favoreció a una empresa que cobró 5 millones de dólares más que su competidora inglesa.
No fueron las propias autoridades del país –golpeado por las pérdidas de una
catástrofe natural- las que dieron cuenta de este daño a las arcas nacionales,
sino que fue la empresa inglesa perdedora en esta licitación la que denunció
públicamente el fraude. El ministro tuvo que renunciar, pero el daño hecho (y
sus pormenores) quedaron en el olvido.
El ministro y ex dirigente del PDC, durante una reunión de
la comisión investigadora, acosado por el cruce de acusaciones, exclamó molesto:
“el puente vale callampa”.[1]
Entre las opciones que se discutían antes de 2010 para un
viaducto permanente, se destacaron dos: el
Puente Industrial, que se ubicaría cerca de la desembocadura del río y fuera
del centro urbano, y el Puente Chacabuco, que entraría directamente al centro
urbano. La decisión gubernamental de construir el Puente Chacabuco se anunció
en medio del shock de 2010, con la postal impactante de las estructuras
colapsadas del “puente viejo”.
Tal decisión trajo críticas de diferentes sectores sociales,
incluyendo juicios técnicos de académicos y profesionales del área[2]. Pero el verdadero estorbo
para la concreción de este proyecto vial serían los habitantes del barrio
Aurora de Chile en la ribera norte. Justamente, un bullado escándalo en este
barrio a principios de 2011, protagonizado por la máxima autoridad del gobierno
regional, la ex intendenta van Rysselberghe, detonó un combate por la tierra
que es digno de estudiar, no sólo porque descubre las verdaderas razones que
determinan la construcción de este puente, sino que, sobre todo, porque revela
la verdadera dinámica de la actual política de construcción urbana y de
propiedad del suelo.
UN ESCÁNDALO EN AURORA DE CHILE
Luego del terremoto de febrero de
2010, en este sector de casi 600 familias, se vivía una tensa situación
interna, la que trascendería al ámbito nacional en 2011. La organización
vecinal de Aurora de Chile –como muchas otras de la ciudad- se hallaba dominada
por dirigentes adictos a la que fuera alcaldesa y luego intendenta del gobierno
de Piñera, la militante UDI Jacqueline van Rysselberghe (JVR).[3]
La intendenta ofrecía amistosamente beneficios
extraordinarios a sus seguidores, casas nuevas e, incluso, beneficios extras,
lo que se tradujo en un primer momento en la donación de mediaguas a cuenta de
los damnificados del terremoto, simplemente por simpatías y, naturalmente, por
colaboración con ella. Conocedora de lo inaceptable de estas acciones, más aún
bajo circunstancias de catástrofe, la intendenta solicitó al grupo de
pobladores que conservaran la información bajo reserva y que mantuvieran la
“historia” para no perder los beneficios. Hasta allí, celebraciones y alegres
concurrencias para alagar a la que más tarde sería la figura de un escándalo de
proporciones. Una frase recurrente de la intendenta quedaría grabada en la
memoria de la población: “Ustedes son mis regalones”.
¿Cuál era la justificación oficial para tal fraude político?
Durante el caos que siguió al terremoto, el gobierno regional levantó el
argumento de inhabitabilidad de las
viviendas, haciendo cómplices de esta farsa a un grupo de vecinos. ¿Con qué
propósito? Conseguir que la población abandone el terreno. El mismo modus operandi lo empleó en Centinela,
Villa Futuro y Camilo Olavarría, prometiendo grandes beneficios que dependían
de que la gente dejara sus casas e, incluso, de que las destruyeran, entregando
sus terrenos a cambio de un mínimo valor (10 millones de pesos o, en algunos
casos, menos de 2 millones). Pero este fraude no contaba con los
correspondientes certificados de inhabitabilidad. En otras palabras, eran sólo
promesas para personas vulnerables a la manipulación del poder.
Entre la gente que no se dejó adular por esta “benefactora”,
había preocupación. Veían cómo un grupo de pobladores –por lo general los más
pobres y sin la tradición de los colonos o fundadores- cedían a los deseos de
una mujer de la elite que, embestida en títulos de poder, les convertía en sus
clientes políticos. Estos grupos sin conciencia se habían hecho del control del
barrio y pasaban a entregar, sin más que promesas y pequeñas ofrendas, todo el
esfuerzo de generaciones. Entonces, decidieron tomar cartas en el asunto y un
día grabaron en vídeo las promesas que la intendenta hizo en una de esas
reuniones. La grabación fue puesta en manos de un Senador de la República,
quien destapó el escándalo público y colocó a JVR en una crisis política.
Cuestionada ahora por la oposición política y también por sectores de la propia
derecha, incluso dentro de su partido, la intendenta tuvo que renunciar. Lo
hizo, pero no sin antes aferrarse largamente al cargo y sin reconocer –ni ser
investigada por- la seguidilla de irregularidades y estafas políticas.
LA BATALLA POR EL PUENTE
Bajo estas circunstancias, los
vecinos buscaron aliados: se acercaron a la agrupación Red Construyamos e hicieron
lazos con organizaciones que sufrían amenaza de expropiación en Villa Futuro y
Centinela. Formaron un Comité Pro Defensa, a la vez que otro se formaba en
Villa Futuro[4],
siendo los primeros en combatir la enajenación de sus hogares.
El primer problema de la comunidad estaba en el control de
la junta vecinal Siglo XX por Heriberto Montecinos, hombre de oscuros
antecedentes. A pesar del temor, la gente enfrentó a los “regalones” de JVR.
Montecinos no pudo contener la exigencia de una nueva elección vecinal, la que
lo terminó sacando del cargo. Sin embargo y
hasta la fecha, el ex dirigente no entrega la sede vecinal ni los libros de la
organización comunitaria, y registra agresiones y amenazas contra pobladores[5]. La nueva directiva
–presidida ahora por Alfonso Vera- no sólo se enfrenta a estas dificultades,
sino que también debe hacer frente a la atomización social producto de la
dictadura y los sucesivos gobiernos neoliberales.
En el contexto caótico dejado por JVR, el gobierno inició el
proceso de licitación del puente y señaló el año 2013 como plazo de entrega de obras[6], acercando el fantasma de
la erradicación. Y lo hizo a sabiendas que los pobladores se resisten a una expulsión.
Por lo mismo, aunque el discurso oficial diga lo contrario, ha optado por la desinformación
a la comunidad y la negación de cualquier forma de participación, sobre todo de
la junta vecinal, representativa del deseo de la población fundadora de
mantener sus terrenos. Ante ellos, la actitud del gobierno ha sido prepotente y
ha pretendido deliberadamente confundir.
Por ejemplo, el director del SERVIU, Sebastián Salas[7], el 2 de diciembre de 2010,
afirmaba al periódico El Sur que “a todas las familias que habitan el sector
se les entregará vivienda definitiva en la misma área”. Las 568 familias “deberán abandonar sus casas mientras dure
la construcción del proyecto, que permitirá edificar igual número de casas y
departamentos en el barrio”. Agregaba la nota: “Ante la necesidad de estas
familias de encontrar un alojamiento provisorio por los 18 meses que serían
afectados, Salas afirmó: es un sacrificio que deberán hacer, pero que
es en su propio beneficio, ya que recibirán un título de dominio de una
vivienda, que actualmente no poseen, porque todos los terrenos que habitan son
propiedad del SERVIU”. Esto constituye, dijo, “una importante transferencia patrimonial” del Estado a los
vecinos, ya que “el sector tiene una alta
plusvalía, en que el metro cuadrado de terreno se vende a 15 UF”, valor
debido a la cercanía del centro de la ciudad, “sumado al futuro mall que construirá el Grupo Plaza en el sector[8].
Las familias para acceder a esta vivienda definitiva sólo deberán pagar un
ahorro previo de 10,5 UF y recibirán una vivienda que estará valorizada,
comercialmente, en cerca de 1.500 UF, debido a este alto valor del suelo”.
La prensa se refería también a la oposición de las familias,
las que Salas calificó de “un grupo muy
minoritario”, y les advertía que:
“si no quieren viviendas, se iniciará el
proyecto en otro sector”. Amenazas mezcladas con promesas, ilusiones,
cuentas a medias o mal sacadas; características habituales de una estafa. Los
hechos luego probarán que Salas mentía.
Pero fue recién en 2012, cuando el gobierno regional anunció
un plazo de 600 días para concluir las obras, que se crisparon los ánimos y se
reactivó la movilización del barrio. La vecindad comenzó a protestar. Sus
dirigentes recobraron los nexos con el movimiento social y –después de haber
llevado una conducta bastante protocolar- finalmente reaccionaron, sobre todo
ante la actitud prepotente y descalificadora del gobierno (como cuando el
director del SERVIU, Sergio Jara, hizo pública alusión a las casas de Aurora de
Chile diciendo que sacarían a la gente de sus “jaulas”).
En agosto las autoridades realizaron una reunión extraordinaria
con H. Montecinos, quien ahora encabeza un comité de vivienda. De esta reunión salieron
conjuntamente declarando que los pobladores y el gobierno habían llegado a un
acuerdo[9]. La junta vecinal desconoció
públicamente tal acuerdo y criticó que se pasara por sobre ella[10]. La protesta incomodó al
gobierno, que entendía que su acción constituía
una nueva irregularidad de procedimiento[11]. Ante ello, el gobierno
citó a una nueva reunión en el MOP, a la que esta vez no concurrió Montecinos. Una
treintena de pobladoras y pobladores le dio un rotundo no a la propuesta
SERVIU-MOP. Más tarde, una masiva consulta vecinal llevada a cabo por la junta
vecinal confirmaría esta negativa.[12]
Las evidencias de una ausencia básica de información se
encuentran en esta reunión: La presentación entregada el 6 de agosto en el MOP[13], de la que los dirigentes
vecinales exigieron una copia, es la primera “propuesta” que se registra
después de un año de anunciado el proyecto. La presentación exhibe un mapa de
Concepción donde una línea azul representa el trayecto vial y donde se marcan
las áreas a intervenir, más las supuestas ubicaciones para emplazar las viviendas
sociales. Respecto de éstas últimas, no se presentó informe de factibilidad ni
otros antecedentes relativos a los nuevos emplazamientos, entre ellos un
humedal. De palabra, los representantes del MOP-SERVIU comprometieron
departamentos y algunas casas, las que, sin embargo, no serían materia de ellos,
sino que de la EGIS municipal, con lo que se desentiende el Estado de toda
responsabilidad. Los vecinos tendrían que firmar un acuerdo y pasar a formar comités
de vivienda que postulen a subsidios habitacionales; pero, en lo principal, con
este acuerdo comprometerían el abandono de sus viviendas mientras su situación
es gestionada por la entidad municipal.
Pero algo llama la atención sobre manera: las áreas del mapa
identificadas como de intervención, se extienden a toda la población. Es decir,
para construir el puente, los especialistas del gobierno afirman que debe
desaparecer Aurora de Chile.
EL “CABALLO DE TROYA” DE LAS
INMOBILIARIAS
Pero el antecedente clave de esta
pugna entre gobierno y pobladores, intenta pasar oculto en medio del conflicto.
Se trata de los intereses inmobiliarios, cuya influencia sobre lo público les
convierte en los verdaderos articuladores urbanos detrás del poder político.
Circula ágilmente entre oficinas públicas y empresas el
nombre del proyecto “Terrazas del Bio Bio”: Costosos hoteles, edificios de
negocios, centros comerciales, mezclados con plazas cívicas y bandera
Bicentenario[14].
Un conjunto de edificios comerciales que se apropia de la vista del río para su
exclusivo entorno.
El diario El Sur,
que actúa regularmente como informador público de las iniciativas empresariales
a nivel local, ha dado cuenta de este proyecto. Al revisar sus noticias se
puede observar la coincidencia entre proyectos públicos y privados, en este
caso entre el puente Chacabuco y el mega proyecto inmobiliario Terrazas del Bio
Bio.
El 23 de septiembre de 2010, este periódico del consorcio El Mercurio anunciaba: “se busca la concesión para rellenar
14 hectáreas que hoy son parte del afluente borde río”, bajo el título: “El
proyecto que podría transformar Concepción en la ciudad soñada”[15]. El artículo compara este futuro “polo
de encuentro comercial” con los grandes centros de Barcelona, Puerto Madero,
Australia, Dubái, y señala que para este plan existían avances políticos en la
obtención de la calificación de “obra de interés público”. El 13 de agosto de
ese año del terremoto, el Comité Concesional Regional había llegado a acuerdo
con el Ministerio de Bienes Nacionales sobre este tema, lo que quiere decir que
los impulsores del proyecto y las autoridades trabajaban en este plan privado a
full inmediatamente el terremoto, muy
a la par o incluso antes de los trabajos de demolición y recuperación de
puentes para Concepción.
Finalmente, en el mes de marzo de 2011, la ministra de
Bienes Nacionales, Catalina Parot, anunció que el proyecto privado había sido
declarado de interés público. A su
lado celebraba el gestor de la iniciativa: el diputado de la República Enrique
van Rysselberghe[16].
¿A QUIÉN PERTENECE EL BORDE DE LA
RIBERA NORTE DEL BIO BIO?
Este conflicto pasa en todo momento
por un tema que no ha sido abordado con seriedad. El gobierno señala que los
pobladores no son dueños del suelo donde habitan, lo que les llevó en un momento
a declarar que la población era un campamento. La historia y los hechos le
contradicen. Existe una amplia discusión internacional del problema de los
asentamientos humanos que apunta a reconocer el derecho humano a conservar la
tierra que habitan y el llamado “derecho a la ciudad”. Es evidente que hablamos
de una realidad social indiscutible, sobre todo porque atañe a la existencia de
masivas comunidades obreras y pobres.
Es un hecho histórico que la población se formó y alojó en
el sector por más de 80 años. Pero además hay que precisar que la población se
asentó en lechos de río, de dominio de Bienes Nacionales. La ocupación del
asentamiento derivó en los rellenos, consolidando el sector como un terreno habitable.
La situación de los terrenos no fue regularizada sino hasta mediados de la
década del 90, durante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle. En aquel
entonces, se prometió reconocer al barrio su derecho sobre el suelo y otorgar títulos
de propiedad. Pero los terrenos sólo fueron inscritos a nombre del SERVIU, maniobra
en la que participaron alcaldes, funcionarios de gobierno y el propio
presidente.
Actualmente, el sector Aurora de Chile comprende 6 hectáreas
rellenadas por la comunidad. La existencia de irregularidad en la tenencia del
suelo por larga data, la que terminó con el dominio jurídico del SERVIU, solamente
revela el desinterés y abandono por parte del Estado respecto los asentamientos
humanos obreros y el crecimiento urbano.
EL CLAN POLÍTICO-EMPRESARIAL Y LOS DESAFÍOS
DE AURORA DE CHILE
Los adversarios de Aurora de Chile
son los grupos con intereses inmobiliarios, cuyo poder se basa en el control económico
y político, con cierta complicidad de la “clase política”. Las claves del
actual conflicto de Aurora de Chile se encuentran, evidentemente, en los
intereses del clan van Rysselberghe, el que conforma una suerte de cartel político empresarial en la
región.
Todo el mundo conoce la relación del padre de JVR y de su
propio marido con los negocios areneros e inmobiliarios. Notoria es la participación
en el clan de personas influyentes, ya sea en puestos políticos o en ámbitos
empresariales. No es coincidencia que el ingeniero Sergio Jara asuma el cargo
de director del SERVIU tras la caída de su antecesor, el inefable Salas. Jara
había sido asesor directo de JVR durante su periodo alcaldicio. No hay que
olvidar al alcalde saliente, Patricio Kuhn, a quien JVR cedió el cargo cuando
ésta abandonó el puesto para asumir como intendenta[17]. En la actualidad, Emilio
Armstrong (UDI) postula a la sucesión de Kuhn. No debe extrañarnos a esta
altura que el nombre del director del proyecto Terrazas del Bio Bio sea nada
menos que… Emilio Armstrong.
Al equipo personal de la ex intendenta y ex alcaldesa, hay
que incluir dirigentes sociales como el mencionado Heriberto Montecinos, reclutados
en el campo vecinal después de la dictadura. Estos le permitieron a la UDI
entrar en las poblaciones adoptando un lenguaje “popular”. Todo este cuadro se expresa
en plenitud cuando la derecha asume el gobierno y el clan obtiene el respaldo
necesario para llevar a cabo sus ambiciones económicas y políticas.
Lo señalado sería material suficiente para que la Concertación
juegue un papel diferente y combata en el terreno estos apetitos de poder
absoluto. Pero esta oposición política guarda silencio y no moviliza esfuerzos en
apoyo a este barrio ni a otros sectores afectados por los negocios del cartel
van Rysselberghe. ¿Por qué? No está claro, pero se sabe que el adversario de la
UDI en las municipales, el demócrata cristiano Álvaro Ortiz[18], ha mencionado
informalmente que este caso “ya está cocinado”.
La lucha que han decidido dar los vecinos se libra en distintos
planos, que van desde el interior del barrio hasta el plano externo. Resulta estratégico
que exista conocimiento público de lo que ocurre. La mayoría de la sociedad no
conoce el sector y se refiere a él a partir de los mitos impuestos por los
medios y las autoridades de turno. La información es un factor clave.
Al interior de la población, los dirigentes tienen una
enorme tarea para unir y activar al vecindario. Aún impera el temor y la
inseguridad. Comprometer más al sector pasará –entre otras cosas- por adoptar
una política que abarque a toda la población con sus particularidades y sus distintas
realidades; también significa superar el individualismo y la desconfianza, que
tienden al arreglo privado y al asistencialismo.
El conflicto central de Aurora de Chile es de toda la
sociedad y, por ello, el desafío de la unidad trasciende al barrio. Enfrentar
el problema conduce necesariamente a su raíz y descubre que esta lucha sólo la
puede llevar hasta el final una fuerza mayor, la que, además, está llamada a desarrollar
la conciencia de la población. En este sentido, es un buen paso el que se
constituyera la Mesa Social de apoyo a Aurora de Chile en julio de este año, instancia
en la que convergen la junta vecinal y agrupaciones como el MTP, la Red
Construyamos, el FAU, diversos dirigentes sociales, agrupaciones de cristianos,
humanistas, entre otros.
Aunque el gobierno, MOP, SERVIU y la municipalidad evaden la
entrega de información pública, pronto deberán dar cuentas de la existencia de los
proyectos que se han usado como argumento, entre ellos los referidos a soluciones
habitacionales y al mismo puente Chacabuco. En los próximos días, las demandas de
Red Construyamos por Ley de Transparencia darán cuenta de que las versiones
oficiales se han sustentado en falsedades o, es más, en proyectos inexistentes.
Por ahora, la persistencia del movimiento ha forzado a que la situación de Aurora
de Chile sea un tema público y ha obligado a los candidatos a alcalde a pronunciarse, a lo que
ha ayudado el pronunciamiento del humanista “Pancho” Córdova, que le ha sacado
la voz a Ortiz y Armstrong en cada debate, quienes, a última hora y “para la TV”,
se han pasado al lado de los pobladores.
El desenlace de una primera batalla –que puede ser decisiva-
parece estar cerca.
[1] http://www.theclinic.cl/2012/
[2] Radio Bio Bio, en mayo de
2010, informaba de las críticas que juzgaban prioritario el Puente Industrial y
que acusaban fallas en el diseño del Chacabuco. http://www.biobiochile.cl/
[3] Jacqueline es nieta del antiguo alcalde
Enrique van Rysselberghe, y es hija de otro Enrique, ex diputado y empresario del sector arenero. Está casada también con
un empresario del sector. La familia, entre otras curiosidades, extrajo arenas
por años del lecho del Bio Bio al precio irrisorio de $2.- el metro cúbico, asignado
por el propio municipio de Concepción. Jacqueline promovió la candidatura a
diputado de un deslavado Enrique, su hermano, quien desde este cargo sería uno
de los impulsores del proyecto inmobiliario “Terrazas del Bio Bio”.
[4] El Comité Pro Defensa de
Villa Futuro ha dado una larga lucha para resistir a la presión del gobierno y
enfrentar las divisiones del barrio. Finalmente, con un puñado de pobladores,
logró recuperar la junta vecinal y sigue frenando el proceso de emigración
masiva de más de 1.300 familias.
[5] Vea entrevista de Collao
TV: http://www.redconstruyamos.
[6] Luego, en abril de 2012,
el gobierno anunció 600 días para terminar con las obras del Puente Chacabuco,
lo que suponía “erradicar” a la población antes de 2013. Ver El Sur, 12/4/2012.
[7] Sebastián Salas, director
del SERVIU de la región, renunció en mayo de 2011 debido a otro escándalo. Con
la finalidad de adquirir terrenos para la reconstrucción de Dichato, el SERVIU
había comprado un terreno (ubicado a 50 metros de la costa) a una tía de Salas,
por el valor de 2 millones de dólares. A pesar del escándalo, no hubo sanciones
para la ex autoridad. Entrevista a Salas en: http://www.biobiochile.cl/
[8] A la fecha de esta
publicación, con el mall del Grupo Plaza construido y en funcionamiento, la
tasación fiscal ya alcanza las 20 UF, y esto sin que aún exista una debida
urbanización del sector.
[9] Radio Bio Bio, 4 de agosto
de 2012: http://www.biobiochile.cl/
[10] Radio Bio Bio, 6 de
agosto de 2012: http://www.biobiochile.cl/
[11] Nos referimos a La Ley
19.418, de juntas de vecinos y demás organizaciones.
[12] Los resultados de esta
consulta fueron cuestionados por el gobierno, a pesar de estar debidamente
registrados en libros públicos. Resultados del proceso en: http://www.redconstruyamos.
[14] http://www.elcachondeo.cl/
http://www.biobiochile.cl/
[16] Portal de difusión del
diputado van Rysselberghe. http://www.evr.cl/blog/?p=1628
[17] Este traspaso de cargo
fue calificado como una designación personal de JVR, lo que le acarreó críticas
al nuevo alcalde, que el 2008 había sido electo concejal con 631 votos. Este
proceder, característico de van Rysselberghe, dejó heridos también al interior
de la derecha penquista.
[18] Hijo del diputado José
Miguel Ortiz, cuyas relaciones con grupos económicos son conocidas. Es parte
del directorio de la Corporación U. de Concepción y se relaciona con PETROX. Conforman
otro clan local.
