sábado, 11 de agosto de 2012

Estado de México y Chiapas continúan poniendo en riesgo seguridad de mujeres y niñas

En otro período de sesiones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la ONU, el Estado de México es citado por no cumplir con su compromiso sobre seguridad para la población femenina. El asunto tuvo repercusión durante la rueda de prensa concedida por el Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas (CDMCh) y por el Grupo de Mujeres de San Cristóbal (Colem), el último 6 de agosto, donde las entidades presentaron el informe "La situación de discriminación y no acceso a la justicia de las mujeres en Chiapas y en México.

Las conclusiones vertidas en el informe por las entidades están en consonancia con la evaluación de los especialistas de la Organización de las Naciones Unidas que examinaron los informes oficiales presentados por el Estado Mexicano: el Gobierno de México continúa incumpliendo protocolos, convenciones y leyes, poniendo en riesgo la seguridad –en varios aspectos– de las mujeres de Chiapas y del país, de forma general.

La violencia de género y el femenicidio siguen siendo los principales problemas que enfrentan las mujeres del país. Sólo para tener una idea, en la ciudad de México, desde enero de 2009 a diciembre de 2010 se registraron 203 muertes de mujeres, relacionadas con la cuestión de género. En Chiapas, solamente durante este año (hasta el mes de mayo), 21 mujeres fueron asesinadas. Con esto, México ocupa uno de los primeros lugares en el ranking de femenicidio en América Latina. Cabe destacar que desde el año pasado el asesinato de mujeres en función del género pasó a figurar como delito en el Código Penal del país.

"Las instancias de procuración y administración de justicia en Chiapas no cuentan con equipos multidisciplinarios para la investigación de femenicidios, no existen protocolos de actuación de acuerdo con los pilares internacionales, ni bases de datos con informaciones precisas sobre las mujeres muertas o desaparecidas”, se afirma en el informe de las entidades.

Además del femenicidio, en el informe se enumeran otros puntos de la seguridad que afectan de manera contundente a las mujeres. El acceso a la tierra también entra en la lista. De acuerdo con las entidades, aún estando legitimadas para tener derecho a la tierra, el gobierno no facilita la posesión de propiedades en sus programas, lo que excluye a las mujeres de ese derecho. Todas estas limitaciones a la justicia ayudan a aumentar el panorama de pobreza y de falta de representatividad política, pues se basa en prácticas de segregación por causa de género y de raza.

Esa misma falta de justicia para las mujeres chiapanecas hace que ellas permanezcan como blanco frecuente de la impunidad y de la reproducción de la violencia. "Las mujeres terminan inhibidas en la búsqueda de justicia”, complementa. "Después del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el Estado mexicano implementó una política contrainsurgente que favoreció la militarización, el aumento de paramilitares y grupos de choque. Muchas mujeres declaran sentirse acosadas y amedrentadas por los militares, registrándose casos de violencia sexual y privación de la vida por parte de militares o paramilitares”.

El Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas (CDMCh) y el Grupo de Mujeres de San Cristóbal (Colem) terminan un informe haciendo una serie de recomendaciones al Estado de México y al Gobierno de Chiapas.

Piden que el Estado realice una revisión de sus políticas de seguridad, para desmilitarizar las ciudades, cumpla con las obligaciones que tienen que ver con la prevención de la violencia contra mujeres y niñas, priorice y cumpla las leyes que combaten la violencia doméstica, tome medidas para que la tipificación de los femenicidios se realice en la práctica, entre otros.

Retiro inmediato de los militares, erradicación de la pobreza, fin de la discriminación estructural de las mujeres chiapanecas, respeto a la autodeterminación de los pueblos indígenas, políticas agrarias que atiendan la necesidad de género, son algunas de las recomendaciones hechas al Estado de Chiapas específicamente.

Fuente ADITAL
Traducción: Daniel Barrantes – barrantes.daniel@gmail.com