Terminar con la criminalización a las radios comunitarias amparada en el
artículo 36B, letra a) de la Ley General de Telecomunicaciones, vigente en Chile
desde 1991, significa eliminar una importante barrera para el ejercicio
pleno de la libertad de expresión a través de las ondas de radio.
En un esfuerzo de la red de radios comunitarias, y como forma de hacer seguimiento a la eliminación de este articulado, que fue aprobado en la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara Baja y que ahora sigue su tramitación en la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones en el marco de la discusión del proyecto de ley que crea la Superintendencia de Telecomunicaciones, presentamos esta primera parte de la Campaña "NO al 36b"
Si bien la eliminación de la pena corporal es un avance en relación con las recomendaciones al Estado chileno de parte de la Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, todavía los radialistas quedan sujetos comiso de equipos, en caso de reincidencia, y a multas sobre los 2 millones de pesos (5 UTA), que son imposibles de costear por organizaciones de la sociedad civil.
Por eso buscamos concientizar a la ciudadanía, a los auditores de nuestras radios y parlamentarios de la República de la importancia de un sistema democrático de medios, con equidad e inclusión de todos los actores sociales.
En un esfuerzo de la red de radios comunitarias, y como forma de hacer seguimiento a la eliminación de este articulado, que fue aprobado en la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara Baja y que ahora sigue su tramitación en la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones en el marco de la discusión del proyecto de ley que crea la Superintendencia de Telecomunicaciones, presentamos esta primera parte de la Campaña "NO al 36b"
Si bien la eliminación de la pena corporal es un avance en relación con las recomendaciones al Estado chileno de parte de la Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, todavía los radialistas quedan sujetos comiso de equipos, en caso de reincidencia, y a multas sobre los 2 millones de pesos (5 UTA), que son imposibles de costear por organizaciones de la sociedad civil.
Por eso buscamos concientizar a la ciudadanía, a los auditores de nuestras radios y parlamentarios de la República de la importancia de un sistema democrático de medios, con equidad e inclusión de todos los actores sociales.
Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC Chile
