COMUNICADO
DE PRENSA
Jueves 26 de julio de 2012
A días de la votación en la Comisión de Seguridad Ciudadana y
Drogas del proyecto de Ley que Fortalece el Resguardo del Orden Público
llamada, comúnmente “Ley Hinzpeter”, Amnistía
Internacional y la Asociación Chilena de ONGs Acción AG lanzan una acción
online de recogida de firmas en rechazo a este proyecto que, con su actual
redacción, podría vulnerar derechos humanos fundamentales establecidos en
tratados internacionales ratificados por Chile. Esta iniciativa irá acompañada
de diversas acciones comunicacionales y de activismo durante toda la tramitación
de esta ley.
Las organizaciones convocantes han estado trabajando desde fines
de 2011 para rechazar esta ley. La principal preocupación está en la norma que
modifica el artículo 269 del Código Penal en lo relativo al delito de
desórdenes públicos. El texto legal, al no contemplar una definición clara de
“desórdenes”, podría implicar que la misma pena de tres años se
aplique a conductas muy disímiles, algunas de las cuales constituyen el
ejercicio de derechos humanos, tales como el derecho a la libertad de reunión y
de expresión.
Llevado al extremo, quien se para en medio de la calle con un
cartel bloqueando el tránsito podría tener la misma pena de quien emplea un
artefacto explosivo que puede causar daños a las personas.
“Aun cuando el ejercicio del derecho de reunión pacífica
pueda colisionar con otros derechos – por ejemplo, la libertad de
circulación – esto debe resolverse de la manera que afecte en menor
medida todos los derechos involucrados, en lugar de resolverse criminalizando
estas acciones en todos los casos”, plantea Ana Piquer, Directora
Ejecutiva de Amnistía Internacional- Chile.
Por su parte, Alicia Sánchez, Secretaria Ejecutiva de Acción ha
señalado que “esta ley busca criminalizar la protesta social y vulnera el
derecho de los ciudadanos y ciudadanas a manifestarse públicamente. Una Ley
como esta limita nuestra democracia y no sintoniza con una ciudadanía que
quiere abrir más canales de participación para que sus demandas sean
escuchadas”.
Es sabido que el Estado tiene el deber de resguardar el orden
público y, por tanto, de detener a quienes cometen actos de violencia y
vandalismo en el contexto de las manifestaciones. Sin embargo, ello debe
hacerse en el marco del respeto a los derechos humanos. Por lo tanto, si se
llegase a aprobar este proyecto de ley, el Estado de Chile vulneraría ciertos
derechos humanos fundamentales y estaría incumpliendo su obligación
constitucional de alinear su legislación a tratados internacionales
ratificados.
Para firmar en contra de esta ley, pinchar aquí
Para
más información, por favor contacte a:
- Ilsen Jara
Quijada,
Directora de Comunicaciones de Amnistía Internacional – Chile
Tel:
56-962282371 ilsen.jara@amnistia.cl
- Ignacio Iriarte, Jefe de
Comunicaciones de Asociación Chilena de ONGs, Acción AG
